Entre fronteras: Personas migrantes varadas durante la pandemia

Entre fronteras: Personas migrantes varadas durante la pandemia
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Panamá, Costa Rica, República Dominicana: estos son solamente algunos de los países de la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en donde, desde el comienzo de la pandemia, grupos de personas migrantes han quedado varadas por causa de las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. Estas medidas, dictadas por los gobiernos nacionales con el objetivo de contener la propagación internacional de la enfermedad, afectaron tanto las migraciones transfronterizas hacia un país de destino como las de retorno a la comunidad de origen, pues ambas fueron interrumpidas u obstaculizadas. 

El escenario migratorio y las dinámicas que han caracterizado nuestra región durante los últimos meses ofrecen varios y distintos ejemplos de este fenómeno.

Mientras que en el primer caso, se trata de una migración en transito irregular hacia un país de destino en el  Norte de la region, los otros dos ejemplos se refieren a movimientos de retorno. Estos últimos no necesariamente son voluntarios, pues los impactos de la  pandemia fueron los factores desencadenantes para el  retorno a sus paises de  origen. La mayoria de las personas que retornaron, continuan retornando y tienen la  intención de retornar,  son los trabajadores y las trabajadoras migrantes que, al perder el empleo o al tener que hacer frente a condiciones precarias o de pobreza, deciden  regresar a su hogar. 

¿Cuáles riesgos corren las personas migrantes varadas? 

Los tres ejemplos arriba mencionados, si bien retratan situaciones distintas, enfatizan los sentimientos de frustración, incertidumbre y malestar de las personas migrantes al encontrarse varadas entre fronteras. Sin embargo, estas sensaciones negativas no son el único desafío.

Para abordar la urgencia y relevancia de la temática, la OIM divulgó una nota sobre la ‘COVID-19 y las personas migrantes varadas’. El documento contextualiza y especifica las varias condiciones desfavorables y situaciones perjudiciales a las cuales son expuestas las personas migrantes varadas durante la pandemia. Algunos de los retos que enfrentan son: 

  • Correr el riesgo de quedarse más tiempo en un país respecto a lo permitido por su estatus legal, al no poder cumplir con los requisitos del visado, o no poder beneficiarse del apoyo oportuno. Entre las consecuencias a largo plazo, las personas migrantes pueden enfrentar prohibiciones de entrada a un país o encontrarse en situaciones irregulares. 
  • Ser víctima de trata de personas y de otros tipos de violencia, explotación y abuso. Los grupos criminales se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas migrantes en tiempos de pandemia, sobre todo en el contexto de cierre de frontera y situaciones de desamparo y desesperación. 
  • No poder acceder fácilmente a información ni a servicios y apoyo consular, lo que amplifica la incertidumbre acerca de su estatus migratorio y agudiza los sentimientos de malestar. Estos últimos son aún más agravado por los actos discriminatorios y xenófobos que sufren las personas migrantes durante y después de su proceso migratorio. 

Los numerosos episodios de personas migrantes varadas en nuestra región enfatizan que los flujos migratorios, las prioridades y el modelo de atención a la población migrante ha ido evolucionando en los últimos meses, desde el comienzo de la pandemia.

Las personas migrantes varadas tienen que ser también parte de la respuesta integral frente a la COVID-19, asegurando que tengan acceso a información, servicios de salud, albergue, alimentación y otros sistemas de apoyo social. A tal propósito, la OIM invita a las instituciones nacionales a abordar ese fenómeno, cooperando con las agencias de Naciones Unidas, para garantizar su protección y asistencia e incentivar la búsqueda de soluciones a la situacion de las personas migrantes varadas.


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.