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By:
Carlos Escobar

En 2020 Centroamérica vivió una de las temporadas de huracanes más fuertes de los años recientes, con un total de 30 tormentas tropicales, incluidos 13 huracanes y seis mega huracanes. Particularmente, Eta e Iota, ambos huracanes de categoría 4, dejaron a su paso comunidades destruidas y cuantiosos daños en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, provocando cerca de un millón y medio de nuevos desplazamientos en Centroamérica según estadísticas del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés).  

Se prevé que la temporada de huracanes del 2022 sea bastante activa y prolongada. Entre junio y noviembre se esperan entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 10 se fortalezcan en huracanes y de 3 a 6 sean mayores, es decir de categoría 3 o superiores. Cifras que llaman la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que una temporada de huracanes promedio tiene 14 tormentas, 7 huracanes y 3 mayores. 

Con los antecedentes de 2020 y las previsiones a partir de mediados de 2022, existe un riesgo latente de que se presenten nuevos desplazamientos como consecuencia de estos eventos ambientales con alta capacidad destructiva. Entendido esto, resulta sumamente importante la consideración de estrategias de preparación para casos de desastres, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, como los son las personas adultas mayores o las personas menores de edad. 

Sin embargo, también es relevante tomar en cuenta a una población en particular; las personas migrantes. Debido a factores como las barreras lingüísticas, las restricciones a la movilidad, la situación de inmigración irregular, la confiscación o pérdida de documentos de identidad o de viaje, las redes comunitarias limitadas o la discriminación, las personas migrantes pueden llegar a experimentar obstáculos para manejar el riesgo, acceder a protección, alejarse del peligro o garantizar su propia seguridad y bienestar durante desastres, como los ocasionados por los huracanes. 

Es por esto que, a continuación, ofrecemos cinco recomendaciones para que Estados, sociedad civil y organismos internacionales tomen a consideración al momento de elaborar planes de prevención frente a la temporada de huracanes, protegiendo los derechos de las personas migrantes, abordando a fondo sus vulnerabilidades y necesidades, pero también aprovechando su resiliencia y capacidades.  

Las recomendaciones que a continuación se presentan han sido son extraídas del documento “Directrices para proteger a los migrantes en países que sufren conflictos o catástrofes naturales”, de la Iniciativa sobre Migrantes en Países en Crisis (MICIC, por sus siglas en inglés).  

1. Monitorear posibles catástrofes naturales y su impacto en los migrantes. 

Si bien muchos desastres ocurren de manera repentina, existen otros que son cíclicos y recurrentes, y cierta previsión puede ser posible, tal como sucede con la temporada de huracanes. Por lo tanto, las autoridades, locales, nacionales e incluso regionales están en capacidad de recolectar información, monitorear los diferentes eventos climáticos y entender la forma en qué pueden llegar a afectar a las poblaciones en general y a las personas migrantes en particular. 

2. Recolectar y compartir la información sobre los migrantes, respetando la privacidad, la confidencialidad y la seguridad. 

Para proteger a las personas migrantes cuando se presentan catástrofes, los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, necesitan información relevante y actualizada. Para esto, la recolección de datos demográficos en los que se incluya información referente al sexo, la edad y la nacionalidad, permiten a las partes involucradas en la prevención del riesgo de desastres comprender la naturaleza y el alcance de las necesidades en caso de crisis. 

3. Capacitar, visibilizar y reconocer las fortalezas de las personas migrantes para ayudarse a sí mismos, sus familias y comunidades, durante las crisis. 

Para ayudarse a sí mismos y a los demás y para disfrutar de sus derechos, las personas migrantes necesitan tener acceso a documentos de identidad, servicios públicos básicos y recursos financieros, entre otros. La resiliencia de las personas migrantes puede verse mermada por factores relacionados con su entrada y estancia, los medios de llegada, las conexiones con la población local y las condiciones en la comunidad de acogida, incluso en los lugares de trabajo. Estos factores pueden, a su vez, socavar la respuesta de emergencia y los esfuerzos de recuperación. 

4. Incorporar a los migrantes en los sistemas de prevención, preparación y respuesta de emergencia 

Tener en cuenta la presencia de las personas migrantes, sus vulnerabilidades, posibles necesidades y fortalezas, en los marcos de prevención, preparación y de emergencia, incluida la reducción del riesgo de catástrofes (RRD), puede promover la resiliencia en caso de que tenga lugar una catástrofe. Es importante asegurar la no discriminación de las personas migrantes para recibir distintos tipos de asistencia en caso de crisis. 

5. Comunicarse eficazmente con los migrantes 

Las personas migrantes deben comprender los posibles riesgos asociados a una crisis, dónde y cómo obtener asistencia, y cómo informar a las autoridades, organizaciones internacionales y de la sociedad civil en caso de ser necesario. Así mismo, las partes involucradas deben encontrar los canales adecuados para comunicarse con las personas migrantes e identificar sus necesidades y capacidades. Para ello, los Estados, el sector privado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, deben abordar las barreras lingüísticas, culturales y de otro tipo. 

La experiencia adquirida de temporadas de huracanes anteriores, especialmente la del 2020, han demostrado que los Estados no pueden actuar solos para proteger a la población migrante frente a los desastres. El sector privado, como proveedor de servicios esenciales y socios en la preparación, respuesta y recuperación de crisis, las organizaciones internacionales, con sus conocimientos técnicos y capacidad de acción, y la sociedad civil, como un puente fundamental entre los gobiernos y las comunidades, juegan un papel trascendental en la protección de las personas migrantes frente a los riesgos y emergencias que pueden llegar a presentarse durante un desastre. 

Inclusive, las mismas personas migrantes, en su calidad de líderes y activistas dentro de las comunidades, desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar su propia seguridad y bienestar.  

De hecho, el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular, en su objetivo 2 llama la atención sobre la necesidad de considerar a las personas migrantes en las actividades nacionales de preparación y respuesta frente a emergencias, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de los procesos consultivos liderados por los Estados, como las Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos o Desastres Naturales (Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis). 

Una mejor respuesta de todas las partes involucradas en la prevención y preparación ante emergencias ambientales permite proteger más eficazmente los derechos de los migrantes y satisfacer sus necesidades, las de sus familias y de las comunidades que les reciben.