Los riesgos adicionales de la COVID-19 para las mujeres migrantes, y cómo abordarlos

Los impactos e implicaciones del coronavirus COVID-19 son diferentes para hombres y para mujeres, y pueden marcar mayores desigualdades para aquellas personas que se encuentran en una posición vulnerable, como las migrantes, indica ONU Mujeres. 

Organizaciones alrededor de todo el mundo saben de esta desigualdad y han alertado sobre la necesidad imperiosa de mirar la realidad desde enforque de género e interseccionalidad que permita identificar esas desigualdades y, ofrecer al mismo tiempo, una mayor protección y atención a las poblaciones más vulnerables en sus planes de respuesta.

Entre los riesgos específicos que la pandemia ha implicado en la población migrante, particularmente para las mujeres, se encuentran: 

Precarización laboral, explotación, e impacto socioeconómico: Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la OIM, las mujeres migrantes representan alrededor del 74% de la industria de servicios, como el trabajo doméstico, experimentando en muchos casos condiciones de precarización laboral. Gran parte de su ingreso se destina a sostener sus familias en países de origen. Durante el brote de la COVID-19, las restricciones de movilidad y de viaje ponen en riesgo los ingresos de las mujeres migrantes, en particular de aquellas que laboran en casas de otras personas. Además, el impacto de la crisis del empleo en el marco de la COVID-19 puede ser desproporcional para grupos poblacionales menos protegidos, como las mujeres y las personas migrantes.

En “Oferta de Género para América Latina y el Caribe para una Respuesta y Recuperación con Igualdad de Género”, el PNUD indicó que durante una crisis sanitaria con implicaciones en la movilidad de las personas, como la COVID-19, las mujeres migrantes que realizan trabajo doméstico, y sobre todo aquellas que se encuentran irregulares, se vuelven más dependientes de sus empleadores y quedan más alejadas de los servicios de protección social. Incluso cuando finaliza el aislamiento por la crisis sanitaria, las consecuencias económicas pueden exponer a las mujeres a la explotación sexual, como sucedió con el brote de ébola 2013-2016. 

Rechazo xenofóbico: La estigmatizadora idea de que las personas migrantes tienen COVID-19 solo por el hecho de ser migrantes, las convierte en blanco de amenazas. En el caso específico de las mujeres migrantes, esta discriminación puede acarrear consecuencias como la falta de atención adecuada en centro de salud y otros lugares asistenciales que tienen directa relación con el hecho de ser mujeres (como la atención en embarazos, o la asistencia legal y psicosocial por violencia de género). 

Mayor inseguridad frente al virus: La limitada capacidad de algunas mujeres migrantes de acceder a materiales de protección como mascarillas y alcohol en gel, así como la mayor propensión de vivir en condiciones de hacinamiento, deja a esta población menos preparada para enfrentar el virus, indicó el PNUD en el mismo texto mencionado.

Sobrecarga de cuidado: En todo el mundo las mujeres realizan alrededor del doble del trabajo doméstico no remunerado y de cuido que los hombres. La carga laboral por el cierre de escuelas y la atención que requieren las personas que caen enfermas es muchas veces asumida e impuesta a las mujeres. En el caso de algunas mujeres migrantes, como las refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, al verse afectados sus medios de vida, sobre todo para trabajadoras informales y domésticas, el cuidado de otras personas recae desproporcionadamente en las mujeres, indica la iniciativa Respuesta a Venezolanos (R4V).

Incremento de la violencia basada en género: Las restricciones de movilidad y cuarentena obliga a muchas mujeres a recluirse con sus abusadores o potenciales abusadores. La violencia basada en género ya existente se ve exacerbada por la incertidumbre laboral y migratoria, y el distanciamiento social. Para muchas mujeres migrantes que no tienen suficientes redes de contacto en los países de tránsito y destino, la reclusión con su agresor es un peligro latente.

¿Cómo gestionar la crisis incluyendo a las mujeres migrantes?

La COVID-19 no discrimina a quien afecta, y la respuesta sanitaria, legal y psicosocial para enfrentar el virus tampoco debe hacerlo. Estas son algunas de las recomendaciones que diferentes organizaciones han aportado para no dejar a nadie atrás en la respuesta contra la COVID-19, incluyendo a las mujeres migrantes:

  • Garantizar el acceso a instalaciones seguras: El PNUD indica que las instalaciones seguras, sobre todo en fronteras, pueden ayudar a disminuir “el riesgo de contagio y de situaciones de violencia sexual y de violencia basada en género”, y que este debe ser provisto a la población migrante incluso si se encuentra irregular.
  • Pagos a la medidas y bonos extraordinarios: Esto con la intención de garantizar que las personas migrantes, y en especial las mujeres en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a las prestaciones económicas sin importar su condición migratoria.
  • Proveer de implementos de protección contra la COVID19 en los centros de atención a migrantes: Al tratarse de lugares con alta afluencia de personas, es importante que las personas migrantes cuenten con suministros para proteger su salud, como mascarillas y alcohol en gel. En el caso de las mujeres embarazadas, si bien “no hay pruebas de que corran mayor riesgo de enfermedad grave que la población en general”, la OMS solicita mayor precaución por el riesgo general de contraer enfermedades respiratorias durante el embarazo.
  • Facilitar el acceso a los servicios multisectoriales: La iniciativa R4V indica que es necesario buscar los canales adecuados para brindar información sobre centros de atención y asistencia a población migrante y a mujeres, como líneas de atención, instituciones de salud, etc.
  • Asegurar el acceso a servicios de atención sin discriminación: Las mujeres migrantes suelen sufrir una doble discriminación: por ser mujeres y por ser migrantes. Es necesario monitorear la atención no discriminatoria en los diferentes centros de asistencia, y en los de salud particularmente debe protegerse la confidencialidad en casos de violencia sexual, anota R4V.
  • Facilitar el funcionamiento remoto de servicios: R4V destaca que cuando sea posible pueden generarse mecanismos virtuales y asistencia telefónica para las necesidades de las mujeres migrantes. Esto sin desestimar opciones cara a cara para quienes no tengan acceso a otros medios.

Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.