La escalada de desinformación durante la pandemia y cómo contenerla

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A menudo en los debates políticos y en los medios de comunicación se hace referencia al carácter multidimensional de la pandemia, con implicaciones sanitarias pero también económicas y sociales. Debido a la naturaleza urgente, crítica y muchas veces desalentadora de la COVID-19, las reacciones de la sociedad frente al avance de la emergencia resultan en emociones como el miedo y el rechazo, estimulados por la difusión de información falsa. Este es el caso de las personas migrantes, quienes con frecuencia son acusadas de traer el virus a un determinado país o de ser las causantes el aumento de casos. Las y los migrantes son víctimas inmediatas de acusaciones que sin embargo, a menudo carecen de fundamento.

Muchas son las historias de desinformación y alarmismo en las Américas, como la que vivió un grupo de migrantes salvadoreños que llegaron a Oluto, un municipio al sur de Veracruz, en México. Acogidos en un albergue especializado por razones humanitarias y para evitar ulteriores contagios, fueron víctimas de afirmaciones falsas propagadas por algunos medios de comunicación, los cuales reportaron un número incorrecto de migrantes y los describieron como portadores del virus, aunque su estado de salud estaban siendo monitoreado.

Historias y denuncias similares se replican en otros países de la región. Allí donde la figura del migrante es en ocasiones utilizada como chivo expiatorio, el avance del virus ha nuevamente acentuado la percepción desfavorable sobre la población migrante. Acusados de traer o de contribuir desproporcionadamente a la transmisión de la COVID-19, las personas migrantes pasan por experiencias dolorosas que se unen a las condiciones precarias en las que muchas veces viven.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes sufren de mayores condiciones de vulnerabilidad, son particularmente afectados. Según un reporte de UNICEF,  junto con el avance de la pandemia ha habido un aumento repentino de deportaciones, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Las deportacioens se han caracterizado además por no permitir que las personas migrantes puedan cumplir con los procedimientos de solicitud de asilo y sin prueba verificada de que porten o no el virus. Por tanto, la narrativa perjudicial y la desinformación acerca de la figura del migrante durante la pandemia de COVID-19 está contribuyendo no solo a una percepción del extranjero permeda de rasgos xenófobos, sino también al agravamiento de la precariedad del estado de los y las migrantes.    

En Costa Rica también se vieron incidentes xenofóbicos hacia la población nicaragüense. Al encontrarse nuevos brotes de COVID-19 el pasado junio en ciertas zonas agrícolas del país, así como en sitios de construcción y otros sectores que emplean trabajadores migrantes, en particular provenientes de Nicaragua, las personas migrantes fueron vistas como responsables del avance de la pandemia en el país centroamericano. En particular, los brotes registrados en algunas piñeras situadas en la ciudad de Los Chiles en el norte del país, que transportaron sin cumplir ningún tipo de protocolo sanitario a personas migrantes en condiciones de irregularidad, suscitaron ulteriores reacciones xenófobas hacia la población migrante nicaragüense, sin responsabilizar a quienes les movilizaron. 

Siempre en Costa Rica, semanas después, el alto porcentaje de población migrante que reside en cuarterías o viviendas informales en el Gran Área Metropolitana, fue señalado como posible foco de contagio. Las autoridades locales reaccionaron cerrando algunas de las propiedades con cercas para impedir que los residentes salgan. Al respecto, algunos miembros de la comunidad académica costarricense señalaron que la atención de los medios no ha sido suficientemente dirigida hacia las razones prácticas y verídicas que causaron un aumento de los contagios en esa áreas, como los límites de espacio en las industrias que no permitieron el mantenimiento de distancias mínimas.

Estos episodios destacan el ambiente de tensión, xenofobia y marginalización de las personas migrantes y afirman la urgencia de incentivar la verificación de datos, la búsqueda de fuentes confiables y la necesidad de un enfoque inclusivo y diversos en los medios.

 

¿Qué podemos hacer?

El impacto de la COVID-19 en la percepción de “los otros” ha demostrado cómo la desinformación acerca del virus es un fenómeno peligroso no solo para el estado de salud de las personas, sino también para la cohesión social.

Para hacer frente a este nuevo reto, las Naciones Unidas lanzaron la campaña Verificado (o Verified en inglés)  que busca denunciar la desinformación en torno a la COVID-19 y al mismo tiempo invita a asumir una actitud crítica ante la información recibida. La campaña responde a las consecuencias drásticas que la desinformación puede generar, como falso alarmismo y discriminación.  Las noticias y las afirmaciones falsas no solamente agravan la crisis sanitaria, sembrando dudas sobre qué hacer o no hacer para protegerse del virus, sino que también estimula las expresiones de odio y de xenofobia que intentan culpabilizar a ciertas poblaciones de la pandemia. La iniciativa de Naciones Unidas procura educar sobre la relevancia de compartir contenido confiable, verificado y actualizado, sea información escrita u oral. 

Verificado llama a reflexionar antes de compartir y reportar noticias basadas en hechos reales en manera responsable. Para lograrlo, la campaña se articula en tres áreas específicas: ciencia, para salvar vidas; solidaridad, para promover la cooperación local y global; y soluciones, para abogar por el apoyo a las poblaciones que han sido afectadas por la COVID-19. Este triple propósito subraya la repercusión social y sanitaria de la campaña y la importancia  de desestimar la información no verificada. 

Invitar a nuestros familiares y amigos a compartir solamente información verificada y confiable es la acción más efectiva que podemos tomar, en este mismo instante, para luchar contra la desinformación y sus muy peligrosas consecuencias sobre la salud pública y la cohesión de nuestras sociedades.         

 


Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.