Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


7 recomendaciones para promover la inclusión de las personas migrantes en las comunidades receptoras a través de actividades sociales y culturales.

Categoria: Pacto Mundial sobre Migración
Autor: Carlos Escobar

La promoción de actividades sociales y culturales como mecanismo para fomentar la interacción entre personas migrantes y comunidades receptoras con el objetivo de avanzar en la construcción de sociedades más justas y pacíficas, es en la actualidad una temática de especial interés dentro de los estudios, políticas y programas sobre inclusión[i] migrante y cohesión social[ii].

Tomando como referencia la Teoría de Contacto Intergrupal (IGCT por sus siglas en inglés), diferentes investigaciones sostienen que la interacción de personas de lugares y contextos diferentes, bajo las circunstancias correctas, favorece la confianza y el cambio de percepciones xenófobas o discriminatorias. De esta manera, acuerdos intergubernamentales[iii] como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, han integrado esta perspectiva dentro de su cuerpo teórico y conceptual. En particular, el objetivo 16 “Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social”, plantea la necesidad de crear centros o programas comunitarios a nivel local para facilitar la participación de las personas migrantes en la sociedad receptora procurando que migrantes, miembros de la comunidad, organizaciones de la diáspora,  asociaciones de migrantes y autoridades locales, participen en el diálogo intercultural, el intercambio de experiencias, los programas de mentoría y la creación de vínculos empresariales que mejoren los resultados de la integración y fomenten el respeto mutuo.

A partir del análisis y revisión de distintas investigaciones, la OIM, en su publicación
The Power of Contact: Designing, Facilitating and Evaluating Social Mixing Activities to Strengthen Migrant Integration and Social Cohesion Between Migrants and Local Communities - A Review of Lessons Learned, propone una serie de recomendaciones, basadas en evidencia empírica, para incentivar la participación de las personas migrantes y las comunidades receptoras en actividades sociales y culturales.

1). Diversión y orientación hacia objetivos

Diseñar e incorporar actividades divertidas y emocionantes conduce a un ambiente más ligero y acogedor para que la gente se conozca, interactúe y cree vínculos sociales. Al mismo tiempo, establecer objetivos comunes, que ninguno de los grupos pueda alcanzar sin la participación del otro (interdependencia cooperativa), hace que las actividades sean más atractivas y participativas.

2). Apreciación mutua

Las personas participantes deben comprender, reconocer y apreciar la cultura, tradiciones e historia, como parte del proceso para salvar las diferencias, maximizando los puntos fuertes de cada uno e identificando aquellos que tienen en común. Es importante que todos los individuos estén en la capacidad de identificar cómo sus contribuciones pueden llegar a tener un impacto positivo en la consecución de los objetivos comunes.

3). Propiedad compartida

La participación de las personas migrantes y de las comunidades locales en todas las fases de las actividades aumentará su participación. Esta apropiación les empodera, eleva su autoestima y abre nuevas oportunidades de responsabilidad y compromiso.

4). Reflexión guiada

Los diálogos y actividades que permiten un cierto grado de reflexión ayudan a crear un ambiente que se percibe como de confianza, amistoso y cálido. Procesar la información y compartir historias personales y sensibles, que pueden evocar recuerdos, son de suma importancia en la medida que estén guiadas y acompañadas cuidadosamente por los (as) facilitadores o los miembros del proyecto.

5). Supervisión y facilitación de confianza

Aquellas personas responsables de las interacciones del grupo, como líderes de equipo, facilitadores, personal de proyectos o planificadores de eventos, deben desempeñar un papel activo en pro de la igualdad dentro las relaciones intergrupales y crear un ambiente inclusivo para todos y todas. Este esfuerzo deliberado es crucial para superar la tendencia natural de las personas participantes a agruparse en función de sus características y estatus más destacados.

6). Intervención sostenida y regular

No hace falta decir que cuanto más frecuente, prolongada e intensiva la participación, mejor será la actitud de cada individuo hacia los demás. Esto significa adoptar un enfoque que replantee el papel de las personas participantes, que a su vez definirán las necesidades de sus comunidades y, finalmente, tomarán parte en el diseño y organización de las intervenciones adecuadas.

7). Apoyo institucional y asociación

El apoyo de instituciones como gobiernos locales, medios de comunicación, agencias gubernamentales y organizaciones intermediarias, es fundamental para promover y facilitar los esfuerzos constructivos para fortalecer las relaciones intergrupales. La coordinación de estas instituciones crea un sistema que puede proporcionar recursos e incentivos para promover y fortalecer y fortalecer las relaciones intergrupales.

Las actividades sociales y culturales, entendidas como una estrategia de intervención programática para facilitar la inclusión de las personas migrantes en las comunidades receptoras, resultan importantes en la medida que ofrecen espacios de interacción no institucionales, en donde a través del contacto humano espontáneo, se construyen vínculos sociales basados en experiencias, historias, emociones y trayectorias de vida de las personas participantes. Esto facilita la generación de confianza entre los individuos, mayores grados de cohesión social y por supuesto, una convivencia pacífica en las comunidades, entendida esta no sólo como la ausencia de conflictos, sino también, como un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y se solucionan los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, a través de la aceptación de las diferencias, la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás. (ONU, 2021).


[i] La inclusión entraña un proceso de adaptación mutua de los migrantes y las comunidades de acogida. El grado de inclusión de los migrantes depende de cada persona en particular y del contexto en que tiene lugar la adaptación. Entre los factores que influyen en el proceso de inclusión de los migrantes figuran sus características demográficas y personales (como la edad, el género, el nivel de instrucción y el conocimiento del idioma), las redes sociales, y la agencia o capacidad de actuación de cada uno (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, pág., 204).

[ii] En términos generales, la cohesión social puede definirse a través de las nociones de "solidaridad", "unión", "tolerancia" y "coexistencia armoniosa ". No está necesariamente relacionada con la migración y los inmigrantes, sino que se trata más bien de los lazos que unen a una comunidad a través de la confianza y las normas sociales comunes (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, pág., 202).

[iii] La Agenda 2030 también habla de la necesidad de trabajar en la inclusión de las personas migrantes, pero desde una perspectiva jurídica y de participación política, más específicamente en su Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, en sus metas 16.9 y 16.7.