Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


¿Cómo viven las personas venezolanas en Costa Rica durante la pandemia?

¿Cómo viven las personas venezolanas en Costa Rica durante la pandemia?
Categoria: Emergencias y Acción Humanitaria
Autor: Autor Invitado

En la actualidad, más de 5 millones de personas venezolanas han dejado su país debido al complejo contexto sociopolítico en el país, de los cuales al menos 4 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe, según datos recolectados de los gobiernos por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

De acuerdo con estimaciones realizadas por OIM Costa Rica, para finales de junio aproximadamente 29 850 personas venezolanas se encontraban en dicho país centroamericano. La situación socioeconómica, salud, mecanismos de regularización y otras características que afectan la integración en un país de acogida se vieron impactadas por la pandemia.

Para comprender mejor a esta población, la OIM Costa Rica aplico la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) donde se perfila a la población venezolana. El mismo muestra que la mayoría de las personas venezolanas encuestadas se encontraban en el rango de edad de entre 35 y 44 años; eran mujeres (63%); contaban con estudios universitarios; y eran solicitantes de asilo. Además, mayoritariamente llevaban entre 3 meses y un año en el país y planeaban quedarse de manera permanente.

La DTM es una herramienta que puede ayudar a los encargados de formulación de políticas a desentrañar las tendencias de movilidad plantear escenarios actuales y futuros basados en evidencia, de manera que se pueda planear con más información sobre cómo asistir tanto a personas refugiadas y migrantes como a las comunidades de acogida. Estos son algunos de los principales hallazgos del estudio para entender características y necesidades de las y los venezolanos en el país:

  • Residencia: El 87% de los encuestados indicó residir con otra persona venezolana. De estos, un 26% reside con algún menor de edad y 19% con alguna persona adulta mayor. La mayoría vive en apartamentos.
  • Situación laboral: Al momento de la encuesta, la mayor parte de los venezolanos participantes se encontraban desempleados (59%), y de quienes sí se encontraban trabajando lo hacían principalmente en el sector informal. Esto no es un dato menor si recordamos como se dijo ante que en general cuentan con estudios universitarios.
  • Dificultades: Dada la alta tasa de desempleo no es de extrañar que una de las principales dificultades señaladas por las personas encuestadas fuera la falta de recursos económicos (78%), frente a otras problemáticas como la falta de documentación, falta de acceso a la salud, falta de alimento o agua, entre otros.
  • Asistencia: La población encuestada indica que las principales organizaciones que les han asistido son la OIM (51%), ACNUR (44%), Alianza VenCR (31%), HIAS (23%), RET International (20%), el Servicio Jesuita (5%), entre otras.

 

El futuro de los patrones de movilidad de la población venezolana en medio de la pandemia

En el perfil regional de refugiados y migrantes venezolanos de América Latina y el Caribe, publicado recientemente por OIM junto al Migration Policy Institute, se señala que, como resultado de las nuevas condiciones traídas por la pandemia, las personas refugiadas y migrantes venezolanas se verán afectadas por la inseguridad alimentaria, limitado acceso a los servicios de salud y dificultad para encontrar trabajo. Por otro lado, existen diferentes estimaciones sobre el número de personas venezolanas retornadas y no hay un recuento confirmado de cuántas se están desplazando por la región con la intención de regresar a su país.

Si bien la asistencia a la movilidad humana tiene muchas aristas, en el marco de una pandemia la atención a la salud se vuelve un aspecto particularmente importante tanto para la población refugiada y migrante, así como para sus comunidades de acogida, pues asegurar a todos los miembros de una sociedad el acceso médico necesario impacta más allá de la persona que está siendo atendida. En algunos países, laborar de manera formal facilita el acceso a este tipo de servicios; pero en el caso de venezolanos y venezolanas, al encontrarse mayormente en el sector informal (debido en muchos casos a la falta de documentación o de estatus regular), el acceso a la salud se complica a pesar de ser un derecho humano.

Esta publicación también sugiere que en paralelo a la organización y esfuerzos que realicen los gobiernos y sociedad civil para abordar las problemáticas que aquejan a las personas refugiadas y migrantes en la región en general, y en particular la población venezolana, es necesario contar con apoyo internacional. Esto es importante, entre otros aspectos, para recabar datos sólidos que ayuden a la formulación de políticas públicas, así como para fortalecer los aspectos positivos que puede conllevar la migración, por ejemplo, en su dimensión económica.