Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


¿Cómo afectará la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?
Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Laura Thompson

 

No hay duda alguna que la actual pandemia tiene un impacto humanitario, social y económico amplio a corto, mediano y largo plazo, que a su vez puede afectar o retrasar la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a diferentes niveles y de diversas maneras. 

El impacto más evidente, obviamente, es sobre el Objetivo 3, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar. La pandemia ha puesto presiones enormes en los sistemas de salud no sólo con relación al tratamiento y la gestión del virus, sino que además afecta la capacidad de atender a pacientes que tengan otras enfermedades y aumenta el riesgo de complicaciones en poblaciones con estados de salud comprometidos. La pandemia ha puesto mayor visibilidad en la importancia del acceso universal a los sistemas de salud independientemente de la condición migratoria de las personas. Sin embargo, la pandemia también tendrá implicaciones en otros aspectos de la Agenda 2030.

 

Impactos más allá de la salud

La COVID-19 también está impactando negativamente la situación laboral, económica y social de muchos hogares del mundo entero, y sobre su capacidad para enfrentar sus necesidades, inclusive las más básicas.  La crisis económica que los países de la región están enfrentando y el creciente desempleo será determinante en este sentido, puesto que más allá de la pandemia, América Latina y el Caribe cerraron el año 2019 con un 8,1% de desempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Y según proyecciones de la CEPAL, la desocupación laboral subirá a  un 11,5% en la misma región, producto de la contracción de la actividad económica por la COVID-19.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes.  En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informa ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del Objetivo 8 (sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), pero también del Objetivo 1 (la lucha contra la pobreza), el Objetivo 2 (la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición), el Objetivo 5 (la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas), y las metas 5.2, 8.7 y 16.2, sobre la trata y la explotación de personas. La CEPAL recalca además que América Latina y el Caribe sufre ya una caída del -5.3% del PIB, la peor de toda su historia.

Asimismo, esta pandemia podría acentuar las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del Objetivo 10, que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En ese contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado u olvidados en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio. Todo ello a pesar de la enorme contribución que los trabajadores migrantes hacen al funcionamiento de los servicios básicos esenciales en muchos países, como se ha puesto en evidencia durante esta crisis.

Adicionalmente se proyecta una disminución en el monto de las remesas internacionales que, según el Banco Mundial, se reducirían entre un 10% y un 19.3% para el 2020. Las remesas son un componente fundamental en la economía de algunos países de la región, donde pueden a llegar a significar entre el 5% y el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Una reducción importante en las remesas pondría en peligro la capacidad de muchos hogares en esos países de llenar sus necesidades más básicas y su capacidad de invertir en el mejoramiento de la nutrición, la educación y la reducción del trabajo infantil, entre otros, acentuando aún más las desigualdades existentes.

Finalmente, a nivel estatal, debido la desaceleración económica que estamos viviendo y las necesidades urgentes en materia de salud, es muy posible que haya una disminución del gasto social o una reorientación de los recursos disponibles potencialmente en detrimento de la visión más integral contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de nuevo el alcance de objetivos transversales de la Agenda 2030.

 

Recuperación y ODS: el mismo camino

Pero esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que hemos perdido la lucha para alcanzar los ODS. Al contrario, en este momento es esencial trabajar juntos y con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas.

Para esto debemos trabajar desde ahora en asegurar la atención universal de los sistemas de salud y educación; en la reducción de los costos de transferencia de las remesas (tema incluido en el Objetivo 10), como está haciendo ya El Salvador, crear ciudades más resilientes e inclusivas en línea con el Objetivo 11 o fortalecer formas de migración regular para los trabajadores migrantes y condiciones de trabajo decente (Objetivo 8).

El momento es ahora: todas las organizaciones, gobiernos y personas tenemos un papel importante en asegurar que los esfuerzos para que nuestra región latinoamericana y el mundo se recuperen de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 se alineen con la Agenda 2030 y nos aseguremos de no dejar a nadie atrás.