¿Cómo afectará la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

 

No hay duda alguna que la actual pandemia tiene un impacto humanitario, social y económico amplio a corto, mediano y largo plazo, que a su vez puede afectar o retrasar la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a diferentes niveles y de diversas maneras. 

El impacto más evidente, obviamente, es sobre el Objetivo 3, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar. La pandemia ha puesto presiones enormes en los sistemas de salud no sólo con relación al tratamiento y la gestión del virus, sino que además afecta la capacidad de atender a pacientes que tengan otras enfermedades y aumenta el riesgo de complicaciones en poblaciones con estados de salud comprometidos. La pandemia ha puesto mayor visibilidad en la importancia del acceso universal a los sistemas de salud independientemente de la condición migratoria de las personas. Sin embargo, la pandemia también tendrá implicaciones en otros aspectos de la Agenda 2030.

 

Impactos más allá de la salud

La COVID-19 también está impactando negativamente la situación laboral, económica y social de muchos hogares del mundo entero, y sobre su capacidad para enfrentar sus necesidades, inclusive las más básicas.  La crisis económica que los países de la región están enfrentando y el creciente desempleo será determinante en este sentido, puesto que más allá de la pandemia, América Latina y el Caribe cerraron el año 2019 con un 8,1% de desempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Y según proyecciones de la CEPAL, la desocupación laboral subirá a  un 11,5% en la misma región, producto de la contracción de la actividad económica por la COVID-19.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes.  En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informa ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del Objetivo 8 (sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), pero también del Objetivo 1 (la lucha contra la pobreza), el Objetivo 2 (la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición), el Objetivo 5 (la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas), y las metas 5.2, 8.7 y 16.2, sobre la trata y la explotación de personas. La CEPAL recalca además que América Latina y el Caribe sufre ya una caída del -5.3% del PIB, la peor de toda su historia.

Asimismo, esta pandemia podría acentuar las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del Objetivo 10, que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En ese contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado u olvidados en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio. Todo ello a pesar de la enorme contribución que los trabajadores migrantes hacen al funcionamiento de los servicios básicos esenciales en muchos países, como se ha puesto en evidencia durante esta crisis.

Adicionalmente se proyecta una disminución en el monto de las remesas internacionales que, según el Banco Mundial, se reducirían entre un 10% y un 19.3% para el 2020. Las remesas son un componente fundamental en la economía de algunos países de la región, donde pueden a llegar a significar entre el 5% y el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Una reducción importante en las remesas pondría en peligro la capacidad de muchos hogares en esos países de llenar sus necesidades más básicas y su capacidad de invertir en el mejoramiento de la nutrición, la educación y la reducción del trabajo infantil, entre otros, acentuando aún más las desigualdades existentes.

Finalmente, a nivel estatal, debido la desaceleración económica que estamos viviendo y las necesidades urgentes en materia de salud, es muy posible que haya una disminución del gasto social o una reorientación de los recursos disponibles potencialmente en detrimento de la visión más integral contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de nuevo el alcance de objetivos transversales de la Agenda 2030.

 

Recuperación y ODS: el mismo camino

Pero esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que hemos perdido la lucha para alcanzar los ODS. Al contrario, en este momento es esencial trabajar juntos y con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas.

Para esto debemos trabajar desde ahora en asegurar la atención universal de los sistemas de salud y educación; en la reducción de los costos de transferencia de las remesas (tema incluido en el Objetivo 10), como está haciendo ya El Salvador, crear ciudades más resilientes e inclusivas en línea con el Objetivo 11 o fortalecer formas de migración regular para los trabajadores migrantes y condiciones de trabajo decente (Objetivo 8).

El momento es ahora: todas las organizaciones, gobiernos y personas tenemos un papel importante en asegurar que los esfuerzos para que nuestra región latinoamericana y el mundo se recuperen de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 se alineen con la Agenda 2030 y nos aseguremos de no dejar a nadie atrás.


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.