6 buenas prácticas de gestión migratoria en las ciudades

 

Para los Gobiernos centrales, la gestión de la migración responde a menudo a necesidades de registro, como gestores de los ingresos y egresos de personas en su territorio. Para las ciudades, es diferente;  pues en efecto no eligen quien entra a  su territorio, son más bien los migrantes son quienes las eligen como su lugar de destino. La falta de conciencia en las ciudades acerca  de la presencia e importancia de la población migrante en su territorio puede devenir en una pérdida de capital humano. Los aportes sociales, demográficos, económicos y culturales de los migrantes, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar los procesos de desarrollo urbano.

Se presentan a continuación 6 buenas prácticas llevadas a cabo en países de América latina y apoyadas por la OIM en su diseño y/o implementación. Todas estas permiten consolidar y reafirmar el papel de las ciudades en la gestión migratoria.

Buena práctica 1: Fomentar las oportunidades laborales de los jóvenes migrantes

El Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (2009-2012) fue una iniciativa del Gobierno costarricense, destinado a favorecer el acceso a oportunidades de trabajo de las personas jóvenes en el país, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas migrantes y entrenamiento para menores de edad). El programa desarrolló dos ejes, uno a nivel local y el otro en el ámbito nacional: 1) una ventanilla única de atención y orientación hacia servicios públicos relevantes; y 2) la promoción de políticas públicas y el fortalecimiento institucional. El programa contribuyó a mejorar la integración de jóvenes nicaragüenses en el mercado laboral costarricense, aumentó su visibilidad y empoderamiento, y fortaleció las instituciones municipales.

¿Por qué es una iniciativa relevante? En sus actividades, los municipios deben desarrollar políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, y que estas deben sustentar las decisiones y acciones políticas tanto a nivel central como local. Del cumplimiento de los derechos depende el acceso de la población a servicios públicos.

 

Buena práctica 2: Mejorar la acogida de migrantes y refugiados en la ciudad

El Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados de la Municipalidad de Quilicura, Chile, define líneas de intervención prioritarias y una política local específica para la acogida y reconocimiento de la población migrante y refugiada, respecto de los servicios del municipio en las áreas de trabajo, salud, educación y convivencia y hábitat. Se trata de la primera política local a favor de la atención a personas migrantes y refugiadas en Chile.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Es esencial para las administraciones locales lograr la integración social y económica de  sus habitantes.  El bienestar socioeconómico de los migrantes yace en el  acceso a servicios públicos de salud y educación, al agua y saneamiento, a una vivienda digna y al mercado laboral formal.

 

Buena práctica 3: Prestar asistencia a migrantes que buscan protección internacional

El Plan de Asistencia de Emergencia para Colombianos buscando Protección Internacional en Ecuador persigue mejorar el acceso a servicios públicos de los  migrantes colombianos, así como la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la sociedad civil a esta población. El programa  también busca proveer soluciones de emergencia efectivas que permitan integrar a las Personas en Búsqueda de Protección Internacional (PBPI) a la sociedad en sus respectivas  comunidades receptoras.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Las crisis en el mundo conllevan de manera creciente aspectos relacionados con la movilidad humana. Las ciudades pueden convertirse en receptoras de flujos migratorios derivados de choques medioambientales, políticos o económicos que pueden ejercer presiones inmedibles sobre su capacidad a prestar servicios y sus infraestructuras. A fin de optimizar su capacidad de resiliencia, es preciso que los municipios integren  y anticipen la migración en sus planes de urbanización.

 

Buena práctica 4: Prevención de la migración irregular de niños para evitar situaciones de vulnerabilidad en Guatemala

Dentro  del Programa Regional de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica, se inscribe un proyecto que atiende a niños retornados para fomentar su reintegración y sensibiliza a los jóvenes sobre los riesgos vinculados con la migración irregular, con base en varias herramientas como por ejemplo becas de educación y asistencia psicosocial post-retorno. Todas se destinan a mejorar las perspectivas socioeconómicas en los pueblos del departamento de San Marcos, Guatemala. Desincentivar la migración irregular permite en efecto fomentar el desarrollo local.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los municipios no tienen a su cargo la gestión de fronteras, sin embargo, desempeñan un papel importante para prevenir la migración irregular, informar a sus ciudadanos sobre los riesgos migratorios – en particular la vulnerabilidad ante la trata de personas -, y en la mitigación de potenciales problemas de salud pública, entre otros.

 

Buena práctica 5: Recolectar información mediante procesos consultivos

La Primera Consulta migrante de la comuna de Quilicura (Chile), llevada a cabo en 2015, tenía como objetivos: (1) contribuir al diseño de políticas más adecuadas al perfil y a las necesidades de los migrante, y (2) recolectar información sobre la población migrante y refugiada residente en la comuna de Quilicura, sus características y percepciones respecto a sus condiciones de vida en Chile. Con el involucramiento exitoso de las comunidades de migrantes de la comuna, se pudo diseñar su perfil con su ubicación geográfica y necesidades.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los Gobiernos – centrales o locales – deben contar con datos migratorios fiables y desglosados por sexo, edad, estatus migratorio; como se ha establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contar con estos datos permite identificar a las comunidades de inmigrantes, a personas en posible condición de vulnerabilidad y sus necesidades, así como a líderes comunitarios potenciales. Los datos, además de generar conciencia, incentivan la toma de decisiones y fomentan la priorización del tema migratorio en las políticas públicas.

 

Buena práctica 6: Promover la integración de la migración en la planificación urbana involucrando diferentes actores

MigraPlan es una metodología de intervención a nivel local apoyada por OIM y destinada a promover la integración de los derechos humanos y el involucramiento de actores sociales y comunidades en la planificación urbana de barrios. Además, busca reunir el mundo académico con los campos de acción, así como la participación activa de las comunidades de migrantes como actores centrales del desarrollo urbano, fomentando su empoderamiento. 

¿Por qué es una iniciativa relevante? La integración de las personas migrantes es una responsabilidad de las Alcaldías que debe ser apoyada por la toda la sociedad en las comunidades receptoras. A fin de lograr soluciones migratorias sostenibles en el tiempo y de fomentar una planificación urbana integral, es preciso que se conformen asociaciones alrededor de una institución coordinadora para involucrar una gran variedad de socios: administraciones públicas, sociedad civil, sector privado, comunidades de migrantes y organizaciones de las diásporas, entre otros.

 

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica

La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

En muchos casos de desplazamiento forzado se habla de la extorsión como uno de los principales detonantes, sin embargo esta acción se suma a un ciclo de violencia donde es difícil marcar la razón última de salida de una país: violencia sexual, asesinatos, etc.

Aunque su definición varía dependiendo de la legislación, la extorsión se entiende como las amenazas, intimidación y otros actos violentos para conseguir acciones o bienes de otra persona contra su voluntad, indicó la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC en un boletín dedicado a explorar este tema y que servirá de insumo para este blog.

En el contexto de la migración, el secuestro y la extorsión pueden ir de la mano, pues los traficantes extorsionan a las personas migrantes exigiéndoles dinero bajo la amenaza de secuestrar a sus familiares. De igual manera ocurre en la vía contraria: los parientes de personas migrantes que ya se encuentran en otro país son extorsionadas por traficantes, reclamándoles dinero para no hacer daño al familiar que migró. Esto deriva muchas veces en motivo de persecución.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, las graves condiciones de inseguridad ciudadana alimentadas por el narcotráfico y la corrupción han posicionado a la región como una de las más violentas del planeta según Amnistía Internacional. En este contexto, la extorsión exigiendo pagos a mercados y comercios pequeños se vuelve habitual en territorios controlados por pandillas, aunque dependiendo del país puede haber un alto porcentaje de extorsión a residencias, como en Guatemala, donde este rubro acapara el 55% de las denuncias por extorsión.

También existe un impacto diferenciado entre el tipo de extorsiones que perciben hombres, mujeres, niños y población LGBTIQ+. En ese sentido las extorsiones para el pago de dinero por parte de mujeres son muchas veces aunadas con la amenaza de violencia sexual, y los cuerpos de las mismas, así como de adolescentes y niñas, son utilizados como territorios de venganza y control, indica el mismo boletín de REDLAC. En el caso de los niños, el reclutamiento de estos para convertirles en cobradores de renta y otras funciones va en aumento.

Las personas migrantes se ven a menudo extorsionadas también por personas que no forman parte de grupos criminales, pero que aprovechan su situación de vulnerabilidad para obtener beneficios: extorsión para cruzar por terrenos privados en vez de por rutas con bandas delictivas, o transportistas que piden dinero para no entregarles a las autoridades sin son migrantes irregulares. Esta misma situación se ha reportado con empleadores que, al momento de llegar la fecha de pago, amenazan a los trabajadores migrantes con denunciarlos.

No existen actualmente números sobre la cantidad de personas desplazadas u obligadas a migrar debido a las extorsiones en el norte de Centroamérica, pues se enmarca en un clima generalizado de violencia; sin embargo, algunas organizaciones ubican este delito como una de las principales razones de expulsión de zonas o incluso del país.

 

Extorsión durante la pandemia

En el boletín de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC sobre la extorsión como un detonante del desplazamiento interno y la migración forzada en le norte de Centroamérica y México se indicaron también algunos puntos relevantes sobre cómo operan las extorsiones en el contexto de la COVID-19:

  • En El Salvador, la COVID-19 ha afectado los ingresos de las pandillas, sin embargo no han perdido el control de los territorios donde se encuentran. Algunas pandillas han establecido controles para que personas de cada familia realicen las compras de comida; esto por temor a que algún miembro de la pandilla se enferme y no pueda acceder a atención médica.
  • En Honduras, la paralización de los sectores de transporte y comercio informal (víctimas comunes de las extorsiones) debido a la pandemia ha implicado una disminución en las extorsiones. Sin embargo se han reportado amenazas de cobros retroactivos una vez se retome el comercio; cobros casa por casa; “peajes” por parte de las pandillas en carreteras y estafas. Los repartidores de comida son víctimas frecuentes de extorsión al ingresar a las comunidades.
  • En Guatemala las extorsiones tampoco se han detenido, aunque al inicio de la pandemia algunas maras concedieron “indultos”. Sin embargo, organismos nacionales creen que habrá un aumento en otros delitos y que las extorsiones volverán con más fuerza cuando se levanten las medidas restrictivas.
  • Las restricciones de movilidad aumentan el riesgo de que las personas se queden atrapadas en contextos de violencia, dificultando la posibilidad de buscar apoyo en otros territorios y países. A pesar de esto, muchas personas buscan y seguirán buscando opciones de migración irregular, a pesar de los peligros de la pandemia, para alejarse de los contextos de alta violencia y bajos ingresos en los que viven.