6 buenas prácticas de gestión migratoria en las ciudades

 

Para los Gobiernos centrales, la gestión de la migración responde a menudo a necesidades de registro, como gestores de los ingresos y egresos de personas en su territorio. Para las ciudades, es diferente;  pues en efecto no eligen quien entra a  su territorio, son más bien los migrantes son quienes las eligen como su lugar de destino. La falta de conciencia en las ciudades acerca  de la presencia e importancia de la población migrante en su territorio puede devenir en una pérdida de capital humano. Los aportes sociales, demográficos, económicos y culturales de los migrantes, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar los procesos de desarrollo urbano.

Se presentan a continuación 6 buenas prácticas llevadas a cabo en países de América latina y apoyadas por la OIM en su diseño y/o implementación. Todas estas permiten consolidar y reafirmar el papel de las ciudades en la gestión migratoria.

Buena práctica 1: Fomentar las oportunidades laborales de los jóvenes migrantes

El Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (2009-2012) fue una iniciativa del Gobierno costarricense, destinado a favorecer el acceso a oportunidades de trabajo de las personas jóvenes en el país, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas migrantes y entrenamiento para menores de edad). El programa desarrolló dos ejes, uno a nivel local y el otro en el ámbito nacional: 1) una ventanilla única de atención y orientación hacia servicios públicos relevantes; y 2) la promoción de políticas públicas y el fortalecimiento institucional. El programa contribuyó a mejorar la integración de jóvenes nicaragüenses en el mercado laboral costarricense, aumentó su visibilidad y empoderamiento, y fortaleció las instituciones municipales.

¿Por qué es una iniciativa relevante? En sus actividades, los municipios deben desarrollar políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, y que estas deben sustentar las decisiones y acciones políticas tanto a nivel central como local. Del cumplimiento de los derechos depende el acceso de la población a servicios públicos.

 

Buena práctica 2: Mejorar la acogida de migrantes y refugiados en la ciudad

El Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados de la Municipalidad de Quilicura, Chile, define líneas de intervención prioritarias y una política local específica para la acogida y reconocimiento de la población migrante y refugiada, respecto de los servicios del municipio en las áreas de trabajo, salud, educación y convivencia y hábitat. Se trata de la primera política local a favor de la atención a personas migrantes y refugiadas en Chile.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Es esencial para las administraciones locales lograr la integración social y económica de  sus habitantes.  El bienestar socioeconómico de los migrantes yace en el  acceso a servicios públicos de salud y educación, al agua y saneamiento, a una vivienda digna y al mercado laboral formal.

 

Buena práctica 3: Prestar asistencia a migrantes que buscan protección internacional

El Plan de Asistencia de Emergencia para Colombianos buscando Protección Internacional en Ecuador persigue mejorar el acceso a servicios públicos de los  migrantes colombianos, así como la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la sociedad civil a esta población. El programa  también busca proveer soluciones de emergencia efectivas que permitan integrar a las Personas en Búsqueda de Protección Internacional (PBPI) a la sociedad en sus respectivas  comunidades receptoras.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Las crisis en el mundo conllevan de manera creciente aspectos relacionados con la movilidad humana. Las ciudades pueden convertirse en receptoras de flujos migratorios derivados de choques medioambientales, políticos o económicos que pueden ejercer presiones inmedibles sobre su capacidad a prestar servicios y sus infraestructuras. A fin de optimizar su capacidad de resiliencia, es preciso que los municipios integren  y anticipen la migración en sus planes de urbanización.

 

Buena práctica 4: Prevención de la migración irregular de niños para evitar situaciones de vulnerabilidad en Guatemala

Dentro  del Programa Regional de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica, se inscribe un proyecto que atiende a niños retornados para fomentar su reintegración y sensibiliza a los jóvenes sobre los riesgos vinculados con la migración irregular, con base en varias herramientas como por ejemplo becas de educación y asistencia psicosocial post-retorno. Todas se destinan a mejorar las perspectivas socioeconómicas en los pueblos del departamento de San Marcos, Guatemala. Desincentivar la migración irregular permite en efecto fomentar el desarrollo local.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los municipios no tienen a su cargo la gestión de fronteras, sin embargo, desempeñan un papel importante para prevenir la migración irregular, informar a sus ciudadanos sobre los riesgos migratorios – en particular la vulnerabilidad ante la trata de personas -, y en la mitigación de potenciales problemas de salud pública, entre otros.

 

Buena práctica 5: Recolectar información mediante procesos consultivos

La Primera Consulta migrante de la comuna de Quilicura (Chile), llevada a cabo en 2015, tenía como objetivos: (1) contribuir al diseño de políticas más adecuadas al perfil y a las necesidades de los migrante, y (2) recolectar información sobre la población migrante y refugiada residente en la comuna de Quilicura, sus características y percepciones respecto a sus condiciones de vida en Chile. Con el involucramiento exitoso de las comunidades de migrantes de la comuna, se pudo diseñar su perfil con su ubicación geográfica y necesidades.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los Gobiernos – centrales o locales – deben contar con datos migratorios fiables y desglosados por sexo, edad, estatus migratorio; como se ha establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contar con estos datos permite identificar a las comunidades de inmigrantes, a personas en posible condición de vulnerabilidad y sus necesidades, así como a líderes comunitarios potenciales. Los datos, además de generar conciencia, incentivan la toma de decisiones y fomentan la priorización del tema migratorio en las políticas públicas.

 

Buena práctica 6: Promover la integración de la migración en la planificación urbana involucrando diferentes actores

MigraPlan es una metodología de intervención a nivel local apoyada por OIM y destinada a promover la integración de los derechos humanos y el involucramiento de actores sociales y comunidades en la planificación urbana de barrios. Además, busca reunir el mundo académico con los campos de acción, así como la participación activa de las comunidades de migrantes como actores centrales del desarrollo urbano, fomentando su empoderamiento. 

¿Por qué es una iniciativa relevante? La integración de las personas migrantes es una responsabilidad de las Alcaldías que debe ser apoyada por la toda la sociedad en las comunidades receptoras. A fin de lograr soluciones migratorias sostenibles en el tiempo y de fomentar una planificación urbana integral, es preciso que se conformen asociaciones alrededor de una institución coordinadora para involucrar una gran variedad de socios: administraciones públicas, sociedad civil, sector privado, comunidades de migrantes y organizaciones de las diásporas, entre otros.

 

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.