OIM impulsa una propuesta de ley especial de autorización laboral para extranjeros en Honduras

Tegucigalpa - La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está acompañando a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de la República de Honduras en el proceso de formulación de una propuesta de Ley Especial de Autorización Laboral para Extranjeros en Honduras, con el fin de facilitar a las personas migrantes su incorporación al mercado laboral hondureño.

Anualmente, el Estado de Honduras otorga alrededor de 4,000 permisos de estadía, donde cerca del 70% estarían habilitados para realizar actividades remuneradas. Sin embargo, cada año se tramitan únicamente en torno a 500 permisos de trabajo.  “No se trata de ejercer un control del Estado sobre los extranjeros, sino de establecer un mecanismo de protección a los derechos de las personas migrantes”, explicó Sally Valladares, consultora especializada en temas migratorios, quien está articulando la formulación de esta nueva propuesta de ley.

Durante una jornada de trabajo con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se explicó cómo ha sido el proceso de construcción de la propuesta, se socializaron cada uno de los artículos y se detallaron los pasos a seguir para que Honduras cuente con este nuevo instrumento jurídico de regulación de la migración laboral.

De acuerdo con el Perfil de Gobernanza Migratoria de Honduras (MGI, por sus siglas en inglés) elaborado por la OIM en 2018, los familiares declarados como dependientes económicos de las personas migrantes residentes en Honduras no pueden acceder de inmediato a un permiso de trabajo. Para conseguirlo, deben solicitar su permiso de residencia ante el Instituto Nacional de Migración bajo una figura diferente a la de dependiente económico.

El MGI señala que “idealmente, los inmigrantes con permiso de residencia deberían tener acceso al mercado laboral desde su llegada al país, en las mismas condiciones que los nacionales”.

Por este motivo, desde finales de 2018, se ha impulsado la propuesta de ley que defina la autoridad de aplicación y corresponsabilidad, facilite la creación de un registro nacional sobre trabajadores migrantes, categorice las autorizaciones laborales y establezca la regularización para trabajadores, empleadores y el registro contratos. “La nueva ley incorpora principios que armonizan la norma nacional con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Honduras en materia de Derechos Laborales”, explicó Valladares.

Asimismo, en la actualidad no hay programas que faciliten el otorgamiento de permisos de residencia para atraer técnicos y profesionales con capacidades laborales específicas. Esto también será abordado en la nueva ley, con el fin de impulsar la incorporación de migrantes intra y extrarregionales al mercado laboral formal hondureño, lo que permitirá el intercambio de conocimientos y la mayor profesionalización de algunos sectores de trabajo, con el consecuente impacto positivo en la economía del país.

“Este proceso ha constituido un caso ejemplar de coordinación interinstitucional en el que se llevaron a cabo entrevistas a actores claves, se organizó un taller de consulta con estas mismas instituciones y organizaciones, se mantuvo un contacto constante con instituciones homólogas en otros países de la región (Panamá, México y Costa Rica) con el fin de conocer sus experiencias, y se realizó una visita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá. Todo ello con el fin de diseñar una propuesta basada en evidencia, amparada en estándares y normas internacionales sobre migración laboral”, señaló Jorge Peraza, Jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.  

El trabajo forma parte del apoyo que brindan OIM y OIT a la Mesa Interinstitucional sobre Migración Laboral, que fue creada en Honduras en 2016 con la asistencia técnica de la OIT.  

El proceso de propuesta de la Ley se da en el marco del componente migración laboral del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe de la OIM, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Para obtener más información por favor escriba a Ismael Cruceta, correo electrónico: icruceta@iom.int 

Date Publish: 
11/12/2019
Tags: 
honduras

Agencias ONU lamentan pérdida de vidas de personas en movilidad en Latinoamérica y ofrecen acompañar respuesta regional coordinada

Date Publish: 
15 / 10 / 2021

15 de octubre de 2021 – Las agencias de la ONU lamentan profundamente el naufragio de una embarcación el pasado 11 de octubre en Acandí, Colombia, que transportaba a unas 30 personas hacia Panamá.  En esta tragedia perdieron la vida tres personas y otras seis, incluyendo tres menores de edad, se encuentran desaparecidas, según informaron las autoridades colombianas.

Este incidente pone en evidencia una vez más la desesperación de las familias con niños y niñas y los riesgos extremos a los que están expuestas las personas en movilidad a lo largo de su travesía, cruzando fronteras, a menudo por vías irregulares ante la falta de vías de migración regular, en busca de seguridad, la protección de sus derechos humanos o una vida mejor.

Si bien no son nuevos, los movimientos de población a través de la región del Darién han aumentado en magnitud, nivel de riesgo y precariedad en los últimos meses. También ha aumentado la diversidad de nacionalidades, incluyendo flujos mayoritariamente del Caribe, América del Sur y de personas de otros continentes, así como el perfil de las personas que utilizan esta ruta.

Entre enero y septiembre de este año, 91,300 personas han cruzado el Darién, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. De ellas, según UNICEF, 19,000 fueron niñas o niños. La mitad de ellos menores de 5 años. Hasta el mes de septiembre, más de 50 personas en tránsito por la zona han sido encontradas sin vida del lado panameño de la ruta del Darién. Esta situación requiere la cooperación entre los países implicados y actores de la sociedad civil para que se puedan adoptar acciones que permitan la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en estas travesías.

Muchas personas, particularmente mujeres, niños y niñas, están expuestas a riesgos y violaciones de derechos a lo largo de la ruta, incluyendo violencia sexual y de género, robo, trata de personas, discriminación, secuestro y extorsión, entre otros, algunos cometidos por el crimen organizado. La situación afecta particularmente a las niñas y las mujeres, por lo que una respuesta con enfoque de género es necesaria.

Las agencias del sistema de Naciones Unidas resaltan la necesidad de reforzar las vías de migración seguras, regulares y ordenadas para reducir el riesgo de perder vidas e instan a fortalecer la investigación contra las redes nacionales y transnacionales organizadas involucradas en el tráfico, el contrabando y las actividades ilícitas relacionadas. También exhortan a los Estados a proteger los derechos, incluyendo el derecho de buscar y recibir asilo, de todas las personas en movilidad, particularmente familias, mujeres, niñas, niños y otras personas con necesidades particulares de protección, y exhortan a los Estados a garantizar un acceso efectivo a los servicios básicos, independientemente de las razones por las que estas personas dejaron su país de origen, su situación migratoria, su nivel de ingresos y las circunstancias o condiciones de viaje.

Las economías y sociedades saludables dependen de la movilidad humana bien gestionada para impulsar el crecimiento económico, reducir las desigualdades, conectar sociedades diversas y estimular la recuperación post COVID-19.

La colaboración entre las autoridades de los países de tránsito de estos movimientos mixtos de población es esencial para diseñar e implementar una respuesta regional integral y efectiva que asegure una movilidad digna y segura. Las agencias de la ONU reiteran su disponibilidad para acompañar este proceso.

 

Declaración conjunta de las oficinas regionales, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Para más información contactar:

William Spindler, ACNUR, +507 6382 7815 spindler@unhcr.org

Aikaterini Kitidi, ACNUR +41 79 580 83 34 kitidi@unhcr.org

Juliana Quintero, OIM, +54 11 32488134 juquintero@iom.int

Jorge Gallo, OIM, +506 7203 6536 jgallo@iom.int

Laurent Duvillier, UNICEF, +507 6169 9886, lduvillier@unicef.org

Alfonso F. Reca, UNICEF +507 6941 2277, afernandezreca@unicef.org