Juventudes, autoridades nacionales y la OIM en Panamá presentan la campaña Piénsalo 2 Veces para prevenir la explotación laboral y trata de personas

El 23 de septiembre de 2021 se realizó el lanzamiento oficial de la campaña Piénsalo 2 Veces, que se trae por primera vez al contexto panameño.  

Piénsalo 2 Veces, fue realizada mediante la metodología de Comunicación para el Desarrollo y busca fortalecer las capacidades de las personas migrantes de La Chorrera, específicamente en los corregimientos de Barrio Balboa y Herrera, para reconocer ofertas y noticias falsas y evitar los riesgos de la trata de personas con fines de explotación laboral. 

La audiencia primaria de esta campaña son las personas migrantes de entre 18 y 35 años, en condición regular e irregular en los corregimientos de Barrio Balboa y Herrera en el distrito de La Chorrera de Panamá. La secundaria son los familiares y personas que residan en la comunidad y que pueden influir en sus decisiones. En tercer lugar, se busca incidir en las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales a nivel local y otros actores claves de la comunidad de La Chorrera. 

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades nacionales como Dayra Carrizo, Ministra de Relaciones Exteriores encargada; Doris Zapata, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Ivor Pittí, Viceministro de Seguridad Pública; Katya Heron, Secretaria General del Instituto Nacional de la Mujer; Carolina García, Secretaria General de la Defensoría del Pueblo. Igualmente participaron autoridades locales como Sindy Smith, Gobernadora de Panamá Oeste; Tomás Velásquez, Alcalde de La Chorrera; María Deisy Díaz, Representante de Herrera y Leika Ballesteros, Representante suplente de Barrio Balboa.  

De parte del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, participaron Chris Bergaust, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos de América; Diana Vanegas, Embajadora de El Salvador; Luis López, Embajador de México y Marthalicia Gutiérrez, Agregada Técnica de la Embajada de Nicaragua. Asistió, además, Cristian Munduate, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Panamá y múltiples representantes de otras organizaciones y aliados estratégicos. 

Esta campaña está basada en la evidencia recolectada entre la población migrante y diversos actores clave de la comunidad por medio de procesos rigurosos de levantamiento de información. Los productos de comunicación se han construido y validado con personas migrantes que viven en La Chorrera. 

La línea base de la campaña identificó que, en caso de que lo derechos laborales de la población migrante fueran violados, la mayoría de las personas no sabrían a quién acudir. Aunque muchas personas encuestadas buscarían más información sobre condiciones laborales, seis de cada diez personas tomarían cualquier trabajo, aun sabiendo que corren riesgo de que se violen sus derechos y sufrir explotación laboral. 

Para cubrir los vacíos que se identificaron en los conocimientos y prácticas de las personas encuestadas, la campaña también invita a la población migrante en La Chorrera a ingresar a la página web Somos Colmena, una comunidad virtual sobre migración creada por la OIM con presencia en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y, por primera vez, en Panamá. La página web cuenta con los videos de la campaña, materiales informativos y consejos para evitar situaciones de explotación laboral con fines de trata de personas, además de números de contacto de las instituciones que brindan orientación e información confiable. 

Además, de manera coordinada con actores locales, se han planificado actividades de alcance comunitario entre las que se encuentran jornadas de sensibilización e información, cineforos, talleres, murales y actividades deportivas. Así mismo, se difundirán mensajes a través de las redes sociales de Somos Colmena, OIM Panamá e instituciones locales.  

“Sin lugar a duda, la generación de espacios y plataformas donde se encuentre información confiable es clave para el abordaje de este tipo de realidades; pero más aún, es estratégicamente necesario devolver el poder a las comunidades para alcanzar un cambio de comportamiento que se genere de manera sostenida”, recalcó Santiago Paz, Jefe del Centro Global Administrativo de Panamá y Jefe de Misión de la OIM en Panamá. 

Este proyecto es parte del modelo global de OIMX y se puso en marcha a través del Programa Regional sobre Migración, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

Desde este Programa, la OIM promueve las alternativas a la migración irregular por medio de la metodología de Comunicación para el Desarrollo la cual se propone como una forma innovadora de planificar, ejecutar y evaluar actividades de comunicación que tengan como objetivo el cambio de comportamiento positivo para contribuir al desarrollo social de las comunidades. 

Para más información, contactar al equipo de comunicaciones de OIM Panamá a través del correo iompanama@iom.int

Vea los videos de la campaña aquí. 

Date Publish: 
09/27/2021
Tags: 
panama

Impartidores de justicia de Ecuador, México y Brasil reciben premios por garantizar derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional

Date Publish: 
23 / 11 / 2021

Ciudad de México.- Impartidores de justicia de Ecuador, México y Brasil fueron reconocidos este día con el Premio Sentencias 2021, por la emisión de criterios y sentencias en las Américas que fomentan una mejor protección a las personas migrantes o sujetas de protección internacional.

La Corte Constitucional del Ecuador se consolidó en el primer lugar con tres sentencias emitidas que coinciden en la necesidad de medidas de no repetición, como ordenar la publicación de las sentencias y difundirlas a jueces y juezas, e incluirlas en sus capacitaciones.

Así, en la sentencia 2533-16-EP/21, emitida el 28 de julio de 2021, se resolvió el caso de una persona que pasó seis meses privada de su libertad en un albergue esperando que se ejecutara su proceso de deportación. El Tribunal Constitucional ecuatoriano determinó que la privación de la libertad fue ilegal y arbitraria, ya que se encuentra prohibida la detención con fines migratorios, y se violó el derecho al debido proceso, entre otros.

El 22 de septiembre de 2021 la Corte Constitucional emitió la sentencia 2120-19-JP/21 en la que se resolvió el caso de tres hermanos de 10, 16 y 21 años a quienes se les impidió el ingreso regular al territorio ecuatoriano para reunirse con su madre. La Corte analizó la obligación de determinar el interés superior de la niñez y concluyó que se deben realizar todos los esfuerzos para que niñas, niños, y adolescentes permanezcan en condición migratoria regular, y ordenó la creación de un procedimiento especial que coordine a autoridades para determinar necesidades especiales de protección.

Finalmente, en su sentencia 639-19-JP/20 del 21 de octubre de 2020, la Corte Constitucional analizó el caso de expulsiones colectivas “en caliente”, de un grupo de personas venezolanas que ingresó de forma irregular después de haber sido inadmitido en el filtro migratorio por carecer de certificado de antecedentes penales apostillados. La autoridad judicial reconoció que en ningún caso el ingreso irregular puede ser considerado una infracción penal y que las personas habían sido forzadas a regresar a Colombia sin un debido proceso y sin ser presentadas ante autoridad migratoria. La Corte estimó que las expulsiones “en caliente” conllevan de manera automática la afectación al principio de no devolución. Adicionalmente, se violaron los derechos a la movilidad humana, debido proceso y protección especial a grupos de atención prioritaria.

El segundo lugar del Premio Sentencias 2021 se otorgó al Juez Segundo de Distrito en Chihuahua ((México)), quien resolvió el amparo 570/2020. La sentencia reconoce la legitimación de organizaciones de la sociedad civil para interponer un juicio de amparo por la omisión de crear medidas de protección específicas para personas migrantes como grupo en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia El juez ordenó al Consejo de Salubridad General que emitiera las acciones necesarias para la prevención, contención y atención de la Covid-19 en beneficio de la población migrante en todo el territorio, así como la elaboración de un protocolo que facilite la reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.

El tercer lugar correspondió al Segundo Juzgado Federal Civil de Roraima (Brasil), que resolvió una Acción Civil Pública, interpuesta por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Fiscalía Federal del país sudamericano. El Juzgado ordenó una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes en contexto de pandemia, como acceder a los derechos al asilo y no devolución, aun cuando las fronteras se hayan cerrado; abstenerse de deportar, repatriar u otra medida de salida obligatoria de migrantes en situación hiper vulnerable También dictaminó abstenerse de ingresar a albergues u otros lugares donde vivan personas migrantes y estableció el pago de una indemnización por daño colectivo a favor de una entidad sin fines de lucro que actué en actividades de asistencia humanitaria.

Menciones especiales y premios a los litigantes

Por otro lado, se otorgó una Mención Especial a la sentencia 828/2020-I emitida el 29 de abril de 2021 por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que resolvió el amparo interpuesto por el Instituto Federal de la Defensoría por una omisión de legislar sobre la armonización y homologación de los Registros Civiles del país, lo que ocasionaba que hubiera requisitos muy complicados de cumplir, como la exigencia de apostillas. Esta situación obstaculizaba el registro oportuno de niñas y niños migrantes y solicitantes de asilo, violando sus derechos a la identidad e interés superior. El Juzgado solicitó al Poder Legislativo expedir la ley en mención.

El expediente administrativo número 59 emitido por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica el del 8 de junio de 2021 obtuvo también una Mención Especial. La autoridad declaró como apátrida a una persona que no había sido reconocida como nacional de ningún país ni contaba con ningún documento de identidad que le permitiera acceder a derechos. El Ministerio resolvió que era sobreviviente de trabajo infantil, violencia física, psicológica y verbal de su padre que lo abandonó a corta edad, por lo que, se aplicó un enfoque diferenciado ya que se le complicaba cumplir con los requisitos establecidos para la determinación de apatridia.

A su vez, tanto la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Fiscalía Federal del país sudamericano como el Instituto Federal de la Defensoría Pública fueron reconocidos con premios a “Mejor Equipo Litigante” por los casos antes descritos.

También se concedió el reconocimiento al Equipo litigante de la asociación civil Frontera con Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (México), por una acción de inconstitucionalidad que tuvo origen cuando a la Casa del Migrante de Saltillo le fue limitado el servicio al agua por un adeudo financiero.

En este caso existió una omisión legislativa en la Ley de Aguas de Coahuila de regular un trato igualitario, solidario, progresivo y de no discriminación a personas migrantes y los albergues. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila resolvió el 19 de diciembre de 2020 que es prioridad garantizar el derecho al agua de las personas en contexto de movilidad y que las empresas que brindan estos servicios también deben proteger los derechos de la población. Además, ordenó, entre otras cosas, legislar con estos estándares.

Un total de quince organizaciones de la sociedad civil, internacionales, asociaciones, fundaciones, agencias de Naciones Unidas, mexicanas y latinoamericanas respaldan la entrega del galardón, que se concedió por sexto año consecutivo.

La premiación estuvo enmarcada en el VII Foro Regional La Movilidad Humana. Retos y respuestas ante la pandemia por Covid-19, espacio donde fueron abordadas las obligaciones de los Estados ante los flujos mixtos en tiempos de emergencia sanitaria, así como la integridad personal y el acceso a las vacunas y otros derechos de las personas en situación de movilidad.

Las sentencias participantes y ganadoras del Premio desde su creación en 2016 pueden ser consultadas en esta liga: https://amij.org.mx/premios-sentencias/

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Organizaciones Convocantes:

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ); la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Hispanics in Philanthropy (HIP), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RARLA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad (OEA), el Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, la Relatoría sobre los derechos de los migrantes (CIDH), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sin Fronteras, IAP.

Para más información:

Sin Fronteras I.A.P. María Fernanda Rivero Benfield comunicacionsf@sinfronteras.org.mx Teléfono 5534310006.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Alberto Cabezas Talavero acabezas@iom.int Teléfono +52 55 4525 8361

Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Ana Langner olangnerleyva@icrc.org Teléfono: +52 55 37176427