El perfil de los refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe revela variaciones de país a país en sus características y experiencias

Date Publish: 
08/27/2020

WASHINGTON — Más de los 4.3 millones de los aproximadamente 5.2 millones de refugiados y migrantes venezolanos que han escapado del complejo panorama socio-político y económico de su país de origen, siguen estando en América Latina o en el Caribe. Si bien los movimientos se han extendido por toda la región, distan mucho de ser monolíticos respecto de su carácter.

Un nuevo análisis de los datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) sobre los refugiados y migrantes de Venezuela, llevado adelante por el Instituto de Políticas Migratorias (IPM) y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación en Venezuela, de la Oficina del Director General de la OIM, revela que existen perfiles socioeconómicos muy disímiles, como así también diferencias en las condiciones de vida, y en las intenciones a futuro en cuanto a asentarse en el país de acogida o bien a seguir desplazándose.

Partiendo de los datos de la DTM basados en estadísticas gubernamentales compiladas y analizadas por la Plataforma Regional de Coordinación (R4V) la cual es coliderada por la OIM y por el ACNUR, la ficha de datos brinda un perfil de los refugiados y migrantes venezolanos presentes en 11 países de América Latina y el Caribe en 2019, examinando su demografía, niveles educativos, el empleo antes y tras la migración, el envío de remesas, las condiciones sanitarias y los patrones de movilidad, entre otras características.

“Desde marzo de 2020 cuando se inició la pandemia de COVID-19, los desalojos, la pérdida de empleo, la incapacidad de acceder a los servicios educativos y sanitarios y la imposibilidad práctica en la mayor parte de los casos en cuanto a cumplir con las reglas de distanciamiento físico y de aislamiento han generado contratiempos significativos respecto de la posibilidad de integrarse en los países de acogida”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM ante los refugiados y migrantes de Venezuela.

Los venezolanos que se dirigieron a los países inmediatamente vecinos como Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago—tienden a tener logros educativos inferiores en comparación con los venezolanos que se mudan a otros países más distantes, y es más probable que sean más jóvenes y solteros, además de informar que tienen un acceso más restringido a los servicios sanitarios y al apoyo en materia de salud mental. La mayor parte de ellos expresó su intención de permanecer en dichos países.

Quienes se dirigieron a países cercanos pero que no son adyacentes – como Ecuador y Perú – también tienden a ser más jóvenes, pero más de un tercio son poseedores de un grado de carácter técnico o superior.

El grupo final, que se desplaza hacia destinos más lejanos, como Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay— son de mayor edad en promedio y han informado contar con altos niveles de logros educativos, en tanto que la mitad o más cuenta con un grado de bachiller o con un máster.

Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, dijo: “Como parte de la respuesta a la situación de emergencia de los refugiados y migrantes venezolanos, desde 2017 la OIM ha compilado datos transversales sobre esta población, los cuales han sido fundamentales para asegurar que los actores claves a nivel regional y nacional puedan tomar decisiones basadas en evidencias y eso ha sido también muy útil como contribución para el Plan Regional para Refugiados y Migrantes”.

A lo largo de 11 países, los participantes informaron detentar diferentes condiciones, lo cual reflejó diferencias en sus perfiles y también la diversidad y la cantidad de políticas de acogida que los países en la región han diseñado para abordar uno de los flujos migratorios más grandes de todo el mundo. Las importantes contribuciones de venezolanos que fueron a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay señalaron que hubo una obtención del estatus de residente, de solicitante de asilo o de refugiado, en tanto que Ecuador parecería detentar la mayor proporción de migrantes irregulares de entre los países sujetos a la muestra.

Dado que los países receptores enfrentan ahora el desafío de abordar las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y también de las comunidades que los reciben, a la par que también deben hacer frente a la crisis sanitaria originada en la pandemia de COVID-19, hay una necesidad acuciante de contar con datos precisos y oportunos acerca de las características y vulnerabilidades de esta población. La DTM de la OIM compila datos transversales para ayudar a cubrir las brechas con las que se encuentran los legisladores, agencias de Naciones Unidas y otros actores claves.

“Necesitamos buenos datos que sirvan para guiar las decisiones de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, de modo tal que podamos convertir a una crisis de flujos mixtos, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, en una oportunidad a largo plazo para la región aprovechando los talentos y las capacidades de los refugiados y migrantes venezolanos que han migrado a otros países en el hemisferio”, dijo el Presidente de MPI, Andrew Selee. 

 
Entre otras conclusiones del análisis de los datos de la DTM, pueden mencionarse:

La duración media de los viajes de los participantes en la encuesta osciló entre los 2 ½ meses para viajes a Colombia, Guyana y Perú hasta 7 ½ meses o más para viajes a la Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay. 

Los desafíos experimentados durante el viaje más comúnmente informados en los 11 países, en orden de frecuencia, fueron la falta de recursos financieros, la escasez de alimentos, la falta de lugares para dormir, inseguridad, falta de transporte, problemas con los documentos de viaje, la falta de información e inquietudes vinculadas a la salud. En Guyana, el 80 por ciento de quienes respondieron expresaron estar preocupados por la inseguridad alimentaria, en tanto que un 91 por ciento en Colombia experimentaron problemas financieros durante los viajes.

Porciones significativas de participantes en una cantidad de países encuestados informaron contar con acceso a cuidados sanitarios: Brasil (87 por ciento), Chile (80 por ciento), Paraguay (61 por ciento), Costa Rica (59 por ciento) y Trinidad and Tobago (57 por ciento). En contraste, un 62 por ciento en Guyana informó no contar con tal acceso.

Pocos entrevistados dijeron que tenían intención de retornar a Venezuela; en cada país aparte de Colombia, un 5 por ciento e incluso menos indicaron su intención de regresar. Si bien el 17 por ciento en Colombia declaró tener la intención de retornar, un 58 por ciento señaló que planeaba quedarse en Colombia y 24 por ciento expresó el deseo de seguir desplazándose. En cuanto a los otros 10 países, más de cuatro quintos dijeron que planeaban quedarse donde estuvieran.

Cantidades significativas informaron enviar remesas u otros recursos a los familiares que quedaron en Venezuela. Casi tres cuartos de los entrevistados en Trinidad y Tobago, 56 por ciento en Ecuador y 53 por ciento en Paraguay lo han hecho. Las proporciones fueron inferiores en Argentina (26 por ciento) y Costa Rica (21 por ciento). 

 

Para más información por favor contactar a:

Bryan Brennan en la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional para la Situación en Venezuela del Director General de la OIM. Correo electrónico: bbrennan@iom.int 

Michelle Mittelstadt en el Instituto de Políticas Migratorias - MMittelstadt@MigrationPolicy.Org 

 


El tráfico ilícito de migrantes en México y Centroamérica nunca entró “en cuarentena” durante 2020, señala nuevo estudio de la OIM

Date Publish: 
24 / 02 / 2021

San José- Un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Central y México analizó el impacto de la pandemia por COVID-19 en los flujos migratorios relacionados con este delito. Los principales hallazgos apuntan a que el tráfico ilícito ha continuado desarrollándose, aunque los flujos han disminuido desde inicios de 2020.

El tráfico ilícito de migrantes, es decir, el traslado irregular de personas a través de una frontera internacional constituye una de las actividades criminales más lucrativas del mundo. La movilidad global se vio completamente afectada durante la pandemia por COVID-19, como evidente efecto de las medidas adoptadas por los Estados en cuanto a las restricciones y cierres de fronteras. Sin embargo, el “contrabando de personas” a través de México y Centroamérica nunca se puso “en cuarentena”.

El estudio no halló evidencia de que el crimen organizado haya tomado control del tráfico ilícito de migrantes, enfocándose en su lugar en el traslado ilícito de drogas, medicamentos y otros artículos. Por el contrario, se halló que prevalece el tráfico de subsistencia, practicado por habitantes de áreas fronterizas que se han visto empobrecidas debido a la reducción de oportunidades de empleo y a la pérdida de ingresos causada por las restricciones impuestas a la movilidad y al comercio.

El tráfico ilícito de migrantes, explica el estudio, es practicado por hombres y mujeres que dependen en economías informales locales como fuente de ingreso. Se advierte un incremento de la participación de niñas, niños y adolescentes que, al residir a lo largo de franjas fronterizas, utilizan sus conocimientos de rutas escondidas para facilitar la migración irregular.

Los hallazgos incluyen información sobre cambios en demanda, precios y organización de los servicios ofrecidos por traficantes. La carencia de recursos para cubrir las cuotas impuestas por los grupos de traficantes obliga a las familias migrantes a hipotecar sus tierras o vender sus propiedades, siendo presa no sólo de traficantes sino también de prestamistas.

El estudio también explora los retos a los que se han enfrentado las instituciones para dar respuesta al tema en un contexto en el que sus recursos y operaciones se vieron directamente afectados.

“Una de las recomendaciones de este estudio es integrar a las comunidades involucradas en el tráfico ilícito de migrantes en las estrategias de recuperación socioeconómica, para diversificar sus fuentes de ingreso y las alternativas de subsistencia”, dijo Alexandra Bonnie, coordinadora del Programa Regional sobre Migración de la OIM. “Los Estados deberían reconocer que un acceso disminuido, dificultoso o inadecuado a alternativas legales y seguras a la migración irregular impulsa la demanda de servicios de migración irregular, lo cual a su vez pone a las

personas migrantes sistemáticamente en riesgo. Bajo un enfoque integral, la lucha contra este crimen debería verse como un aspecto más de la gobernanza de la migración”.

El estudio se desarrolló entre julio y agosto de 2020, con una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria. Los métodos incluyeron revisión documental, observación de campo y entrevistas con personal clave de gobiernos y organizaciones internacionales.

El estudio se presentó el miércoles 17 de febrero, ante representantes de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT).

Este estudio se desarrolló en el marco del Programa Regional sobre Migración de la OIM, con financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de la OIM. Puede consultarlo aquí.