Agencias ONU lamentan pérdida de vidas de personas en movilidad en Latinoamérica y ofrecen acompañar respuesta regional coordinada

15 de octubre de 2021 – Las agencias de la ONU lamentan profundamente el naufragio de una embarcación el pasado 11 de octubre en Acandí, Colombia, que transportaba a unas 30 personas hacia Panamá.  En esta tragedia perdieron la vida tres personas y otras seis, incluyendo tres menores de edad, se encuentran desaparecidas, según informaron las autoridades colombianas.

Este incidente pone en evidencia una vez más la desesperación de las familias con niños y niñas y los riesgos extremos a los que están expuestas las personas en movilidad a lo largo de su travesía, cruzando fronteras, a menudo por vías irregulares ante la falta de vías de migración regular, en busca de seguridad, la protección de sus derechos humanos o una vida mejor.

Si bien no son nuevos, los movimientos de población a través de la región del Darién han aumentado en magnitud, nivel de riesgo y precariedad en los últimos meses. También ha aumentado la diversidad de nacionalidades, incluyendo flujos mayoritariamente del Caribe, América del Sur y de personas de otros continentes, así como el perfil de las personas que utilizan esta ruta.

Entre enero y septiembre de este año, 91,300 personas han cruzado el Darién, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. De ellas, según UNICEF, 19,000 fueron niñas o niños. La mitad de ellos menores de 5 años. Hasta el mes de septiembre, más de 50 personas en tránsito por la zona han sido encontradas sin vida del lado panameño de la ruta del Darién. Esta situación requiere la cooperación entre los países implicados y actores de la sociedad civil para que se puedan adoptar acciones que permitan la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en estas travesías.

Muchas personas, particularmente mujeres, niños y niñas, están expuestas a riesgos y violaciones de derechos a lo largo de la ruta, incluyendo violencia sexual y de género, robo, trata de personas, discriminación, secuestro y extorsión, entre otros, algunos cometidos por el crimen organizado. La situación afecta particularmente a las niñas y las mujeres, por lo que una respuesta con enfoque de género es necesaria.

Las agencias del sistema de Naciones Unidas resaltan la necesidad de reforzar las vías de migración seguras, regulares y ordenadas para reducir el riesgo de perder vidas e instan a fortalecer la investigación contra las redes nacionales y transnacionales organizadas involucradas en el tráfico, el contrabando y las actividades ilícitas relacionadas. También exhortan a los Estados a proteger los derechos, incluyendo el derecho de buscar y recibir asilo, de todas las personas en movilidad, particularmente familias, mujeres, niñas, niños y otras personas con necesidades particulares de protección, y exhortan a los Estados a garantizar un acceso efectivo a los servicios básicos, independientemente de las razones por las que estas personas dejaron su país de origen, su situación migratoria, su nivel de ingresos y las circunstancias o condiciones de viaje.

Las economías y sociedades saludables dependen de la movilidad humana bien gestionada para impulsar el crecimiento económico, reducir las desigualdades, conectar sociedades diversas y estimular la recuperación post COVID-19.

La colaboración entre las autoridades de los países de tránsito de estos movimientos mixtos de población es esencial para diseñar e implementar una respuesta regional integral y efectiva que asegure una movilidad digna y segura. Las agencias de la ONU reiteran su disponibilidad para acompañar este proceso.

 

Declaración conjunta de las oficinas regionales, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Para más información contactar:

William Spindler, ACNUR, +507 6382 7815 spindler@unhcr.org

Aikaterini Kitidi, ACNUR +41 79 580 83 34 kitidi@unhcr.org

Juliana Quintero, OIM, +54 11 32488134 juquintero@iom.int

Jorge Gallo, OIM, +506 7203 6536 jgallo@iom.int

Laurent Duvillier, UNICEF, +507 6169 9886, lduvillier@unicef.org

Alfonso F. Reca, UNICEF +507 6941 2277, afernandezreca@unicef.org

 

Date Publish: 
10/15/2021
Tags: 
asistencia humanitaria, haiti, panama

Impartidores de justicia de Ecuador, México y Brasil reciben premios por garantizar derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional

Date Publish: 
23 / 11 / 2021

Ciudad de México.- Impartidores de justicia de Ecuador, México y Brasil fueron reconocidos este día con el Premio Sentencias 2021, por la emisión de criterios y sentencias en las Américas que fomentan una mejor protección a las personas migrantes o sujetas de protección internacional.

La Corte Constitucional del Ecuador se consolidó en el primer lugar con tres sentencias emitidas que coinciden en la necesidad de medidas de no repetición, como ordenar la publicación de las sentencias y difundirlas a jueces y juezas, e incluirlas en sus capacitaciones.

Así, en la sentencia 2533-16-EP/21, emitida el 28 de julio de 2021, se resolvió el caso de una persona que pasó seis meses privada de su libertad en un albergue esperando que se ejecutara su proceso de deportación. El Tribunal Constitucional ecuatoriano determinó que la privación de la libertad fue ilegal y arbitraria, ya que se encuentra prohibida la detención con fines migratorios, y se violó el derecho al debido proceso, entre otros.

El 22 de septiembre de 2021 la Corte Constitucional emitió la sentencia 2120-19-JP/21 en la que se resolvió el caso de tres hermanos de 10, 16 y 21 años a quienes se les impidió el ingreso regular al territorio ecuatoriano para reunirse con su madre. La Corte analizó la obligación de determinar el interés superior de la niñez y concluyó que se deben realizar todos los esfuerzos para que niñas, niños, y adolescentes permanezcan en condición migratoria regular, y ordenó la creación de un procedimiento especial que coordine a autoridades para determinar necesidades especiales de protección.

Finalmente, en su sentencia 639-19-JP/20 del 21 de octubre de 2020, la Corte Constitucional analizó el caso de expulsiones colectivas “en caliente”, de un grupo de personas venezolanas que ingresó de forma irregular después de haber sido inadmitido en el filtro migratorio por carecer de certificado de antecedentes penales apostillados. La autoridad judicial reconoció que en ningún caso el ingreso irregular puede ser considerado una infracción penal y que las personas habían sido forzadas a regresar a Colombia sin un debido proceso y sin ser presentadas ante autoridad migratoria. La Corte estimó que las expulsiones “en caliente” conllevan de manera automática la afectación al principio de no devolución. Adicionalmente, se violaron los derechos a la movilidad humana, debido proceso y protección especial a grupos de atención prioritaria.

El segundo lugar del Premio Sentencias 2021 se otorgó al Juez Segundo de Distrito en Chihuahua ((México)), quien resolvió el amparo 570/2020. La sentencia reconoce la legitimación de organizaciones de la sociedad civil para interponer un juicio de amparo por la omisión de crear medidas de protección específicas para personas migrantes como grupo en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia El juez ordenó al Consejo de Salubridad General que emitiera las acciones necesarias para la prevención, contención y atención de la Covid-19 en beneficio de la población migrante en todo el territorio, así como la elaboración de un protocolo que facilite la reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.

El tercer lugar correspondió al Segundo Juzgado Federal Civil de Roraima (Brasil), que resolvió una Acción Civil Pública, interpuesta por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Fiscalía Federal del país sudamericano. El Juzgado ordenó una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes en contexto de pandemia, como acceder a los derechos al asilo y no devolución, aun cuando las fronteras se hayan cerrado; abstenerse de deportar, repatriar u otra medida de salida obligatoria de migrantes en situación hiper vulnerable También dictaminó abstenerse de ingresar a albergues u otros lugares donde vivan personas migrantes y estableció el pago de una indemnización por daño colectivo a favor de una entidad sin fines de lucro que actué en actividades de asistencia humanitaria.

Menciones especiales y premios a los litigantes

Por otro lado, se otorgó una Mención Especial a la sentencia 828/2020-I emitida el 29 de abril de 2021 por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que resolvió el amparo interpuesto por el Instituto Federal de la Defensoría por una omisión de legislar sobre la armonización y homologación de los Registros Civiles del país, lo que ocasionaba que hubiera requisitos muy complicados de cumplir, como la exigencia de apostillas. Esta situación obstaculizaba el registro oportuno de niñas y niños migrantes y solicitantes de asilo, violando sus derechos a la identidad e interés superior. El Juzgado solicitó al Poder Legislativo expedir la ley en mención.

El expediente administrativo número 59 emitido por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica el del 8 de junio de 2021 obtuvo también una Mención Especial. La autoridad declaró como apátrida a una persona que no había sido reconocida como nacional de ningún país ni contaba con ningún documento de identidad que le permitiera acceder a derechos. El Ministerio resolvió que era sobreviviente de trabajo infantil, violencia física, psicológica y verbal de su padre que lo abandonó a corta edad, por lo que, se aplicó un enfoque diferenciado ya que se le complicaba cumplir con los requisitos establecidos para la determinación de apatridia.

A su vez, tanto la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Fiscalía Federal del país sudamericano como el Instituto Federal de la Defensoría Pública fueron reconocidos con premios a “Mejor Equipo Litigante” por los casos antes descritos.

También se concedió el reconocimiento al Equipo litigante de la asociación civil Frontera con Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (México), por una acción de inconstitucionalidad que tuvo origen cuando a la Casa del Migrante de Saltillo le fue limitado el servicio al agua por un adeudo financiero.

En este caso existió una omisión legislativa en la Ley de Aguas de Coahuila de regular un trato igualitario, solidario, progresivo y de no discriminación a personas migrantes y los albergues. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila resolvió el 19 de diciembre de 2020 que es prioridad garantizar el derecho al agua de las personas en contexto de movilidad y que las empresas que brindan estos servicios también deben proteger los derechos de la población. Además, ordenó, entre otras cosas, legislar con estos estándares.

Un total de quince organizaciones de la sociedad civil, internacionales, asociaciones, fundaciones, agencias de Naciones Unidas, mexicanas y latinoamericanas respaldan la entrega del galardón, que se concedió por sexto año consecutivo.

La premiación estuvo enmarcada en el VII Foro Regional La Movilidad Humana. Retos y respuestas ante la pandemia por Covid-19, espacio donde fueron abordadas las obligaciones de los Estados ante los flujos mixtos en tiempos de emergencia sanitaria, así como la integridad personal y el acceso a las vacunas y otros derechos de las personas en situación de movilidad.

Las sentencias participantes y ganadoras del Premio desde su creación en 2016 pueden ser consultadas en esta liga: https://amij.org.mx/premios-sentencias/

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Organizaciones Convocantes:

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ); la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Hispanics in Philanthropy (HIP), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RARLA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad (OEA), el Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, la Relatoría sobre los derechos de los migrantes (CIDH), el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sin Fronteras, IAP.

Para más información:

Sin Fronteras I.A.P. María Fernanda Rivero Benfield comunicacionsf@sinfronteras.org.mx Teléfono 5534310006.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Alberto Cabezas Talavero acabezas@iom.int Teléfono +52 55 4525 8361

Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Ana Langner olangnerleyva@icrc.org Teléfono: +52 55 37176427