Una oportunidad histórica

 

A inicios de agosto 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informaba que las muertes de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron en un 17 % durante los primeros 7 meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior. Ese porcentaje representa 232 personas que perdieron su vida al buscar mejores condiciones de vida, lo cual nos muestra un ejemplo regional de las consecuencias lamentables de una migración en condiciones inseguras, desordenadas e irregulares. Así como estos, los episodios trágicos que involucran la muerte de migrantes se repiten a diario en todo el mundo.

En septiembre de 2016, Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir temas relacionados con migración y refugio durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes finalmente adoptaron la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. En esa declaración se reconoció que: “el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos”. ¿Y qué hacemos para hacerle frente a esos problemas? Precisamente, la Declaración en su Anexo II establece el compromiso para iniciar negociaciones en aras de aprobar un pacto con el fin de lograr un consenso en temas migratorios. Hablo del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual ha generado desde el año pasado una serie de consultas en todo el mundo que servirán como insumos para el producto final de este gran esfuerzo. Este pacto se aprobará en el marco de una conferencia intergubernamental sobre migración internacional en el 2018.

Una de las razones por las que el Pacto Mundial sobre Migración representa una oportunidad histórica es la forma en que se está desarrollando: un proceso inclusivo que cuenta con la participación de todas las partes pertinentes como lo son la sociedad civil, el sector privado, la academia, los parlamentos, las comunidades de la diáspora y organizaciones de migrantes.

El Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, nos daba un ejemplo de la importancia de esta inclusión durante un diálogo parlamentario sobre el Pacto Mundial: “(el Pacto Mundial) tiene menor sentido si a nivel nacional no es traducido en política pública, en marcos legislativos y en la solución concreta de los problemas. Por eso los parlamentarios juegan un papel central”. 

El Embajador Gómez Camacho, quien además fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas como co-facilitador del Pacto Mundial, explica como la integración de parlamentos en el proceso preparatorio del Pacto asegura que finalmente las disposiciones que se aprueben tenga un impacto real en nuestras sociedades. Esa misma lógica aplica para el resto de sectores y por eso estamos llamados a nivel regional a seguir muy de cerca este proceso y a contribuir a la materialización de este gran acuerdo internacional.

A propósito del proceso consultivo de este pacto, el 30 y 31 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional Preparatoria del Pacto Mundial, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, Chile. Este es uno de los eventos en el calendario que tiene como objetivo generar insumos para el Pacto Mundial, por lo que los participantes aportaron recomendaciones concretas y ejemplos de buenas prácticas en la región para su discusión y consideración. Esta consulta culminó con un llamado a alcanzar un acuerdo global ambicioso, centrado en la igualdad y con un enfoque de derechos.

Le invito a seguir de cerca el proceso en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en: http://rosanjose.iom.int/site/es/pacto-mundial

 

 

   Sobre el autor:

Marcelo Pisani es el Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El Sr. Pisani cuenta con 18 años de experiencia en administración de proyectos, asesoría para la generación de políticas públicas, y en otras áreas vinculadas con la superación de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Anteriormente fue Jefe de Misión       de la OIM en Colombia y en Zimbabue, y trabajó en el Banco Mundial y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 


Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.