Una oportunidad histórica

 

A inicios de agosto 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informaba que las muertes de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron en un 17 % durante los primeros 7 meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior. Ese porcentaje representa 232 personas que perdieron su vida al buscar mejores condiciones de vida, lo cual nos muestra un ejemplo regional de las consecuencias lamentables de una migración en condiciones inseguras, desordenadas e irregulares. Así como estos, los episodios trágicos que involucran la muerte de migrantes se repiten a diario en todo el mundo.

En septiembre de 2016, Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir temas relacionados con migración y refugio durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes finalmente adoptaron la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. En esa declaración se reconoció que: “el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos”. ¿Y qué hacemos para hacerle frente a esos problemas? Precisamente, la Declaración en su Anexo II establece el compromiso para iniciar negociaciones en aras de aprobar un pacto con el fin de lograr un consenso en temas migratorios. Hablo del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual ha generado desde el año pasado una serie de consultas en todo el mundo que servirán como insumos para el producto final de este gran esfuerzo. Este pacto se aprobará en el marco de una conferencia intergubernamental sobre migración internacional en el 2018.

Una de las razones por las que el Pacto Mundial sobre Migración representa una oportunidad histórica es la forma en que se está desarrollando: un proceso inclusivo que cuenta con la participación de todas las partes pertinentes como lo son la sociedad civil, el sector privado, la academia, los parlamentos, las comunidades de la diáspora y organizaciones de migrantes.

El Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, nos daba un ejemplo de la importancia de esta inclusión durante un diálogo parlamentario sobre el Pacto Mundial: “(el Pacto Mundial) tiene menor sentido si a nivel nacional no es traducido en política pública, en marcos legislativos y en la solución concreta de los problemas. Por eso los parlamentarios juegan un papel central”. 

El Embajador Gómez Camacho, quien además fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas como co-facilitador del Pacto Mundial, explica como la integración de parlamentos en el proceso preparatorio del Pacto asegura que finalmente las disposiciones que se aprueben tenga un impacto real en nuestras sociedades. Esa misma lógica aplica para el resto de sectores y por eso estamos llamados a nivel regional a seguir muy de cerca este proceso y a contribuir a la materialización de este gran acuerdo internacional.

A propósito del proceso consultivo de este pacto, el 30 y 31 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional Preparatoria del Pacto Mundial, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, Chile. Este es uno de los eventos en el calendario que tiene como objetivo generar insumos para el Pacto Mundial, por lo que los participantes aportaron recomendaciones concretas y ejemplos de buenas prácticas en la región para su discusión y consideración. Esta consulta culminó con un llamado a alcanzar un acuerdo global ambicioso, centrado en la igualdad y con un enfoque de derechos.

Le invito a seguir de cerca el proceso en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en: http://rosanjose.iom.int/site/es/pacto-mundial

 

 

   Sobre el autor:

Marcelo Pisani es el Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El Sr. Pisani cuenta con 18 años de experiencia en administración de proyectos, asesoría para la generación de políticas públicas, y en otras áreas vinculadas con la superación de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Anteriormente fue Jefe de Misión       de la OIM en Colombia y en Zimbabue, y trabajó en el Banco Mundial y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 


Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres

Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres
Categoria: Emergencias y Acción Humanitaria
Autor: Autor Invitado

Los desastres debidos a peligros naturales tienen un alto costo para el bienestar y la seguridad de las personas, comunidades y países. Estos desastres tienden a verse exacerbados por el cambio climático y están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que impide significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible, especialmente para los países más expuestos.

Es fundamental anticipar, planificar y reducir el riesgo de desastres para proteger de manera más efectiva a las personas, comunidades y países, sus medios de vida, salud, patrimonio cultural, activos socioeconómicos y ecosistemas, y así fortalecer su resiliencia.

Según un estudio reciente de la OIM sobre movilidad humana y la agenda climática en las Américas, los países de la región han avanzado en la integración de la movilidad humana en las políticas y planes nacionales y regionales para la reducción del riesgo de desastres, así como en otras áreas relacionadas, como cambio climático, planificación del desarrollo, política agrícola y vivienda.

Sin embargo, en muchos casos, las poblaciones más vulnerables son excluidas de contribuir a las políticas y planes de gestión del riesgo de desastres, sufriendo así de manera más desproporcionada cuando éstos ocurren.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que establece una serie de principios rectores para los Estados y otras partes interesadas en la reducción del riesgo de desastres, subraya la importancia de la gestión inclusiva en la reducción del riesgo de desastres: "Tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastres más amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del riesgo de desastres deben contemplar amenazas múltiples y ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces.”

Si bien los gobiernos tienen un papel principal y reglamentario que desempeñar, deben involucrarse con diferentes grupos, incluidos mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes, pueblos indígenas y otras comunidades a la hora de diseñar e implementar políticas, planes y estándares.

El marco señala las siguientes oportunidades:

  • Las personas migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades y sociedades y sus conocimientos, aptitudes y capacidades pueden ser de utilidad en el diseño y la aplicación de las medidas de reducción del riesgo de desastres;
  • Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de desastres y para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos específicos, teniendo en consideración, entre otras cosas, los principios del diseño universal;
  • Los niños, niñas y adolescentes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades para contribuir a la reducción del riesgo de desastres
  • La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten medidas de creación de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante los desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar medidos alternativos de vida en situaciones posteriores a los desastres;
  • Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una contribución importante al desarrollo y ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;
  • Las personas de edad tienen años de conocimientos, aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables para reducir el riesgo de desastres, y deben ser incluidas en el diseño de las políticas, planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;

La inclusión de personas migrantes y otras comunidades también puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, avanzar una agenda integrada, fortalecer las redes locales y expandir la base de gobernanza de la migración y el cambio climático.

Para convertir estas palabras en acciones, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés) desarrolló una guía para implementar el Marco de Sendai, ofreciendo orientación práctica para ayudar a las autoridades gubernamentales a integrar el desplazamiento por desastres y otras formas relacionadas de movilidad humana en las estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel local y regional.

De manera similar, la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC por sus siglas en inglés) desarrolló una serie de Principios, Directrices y Prácticas para fortalecer la acción local, nacional, regional e internacional para proteger mejor a los migrantes en países que experimentan conflictos o desastres naturales. Las Directrices brindan recomendaciones sobre cómo la migración puede contribuir a la resiliencia, la recuperación y el bienestar de las comunidades y sociedades afectadas. Estos incluyen prácticas para la implementación, como el aprendizaje de migrante a migrante, planes de contingencia regionales y transfronterizos y sistemas de alerta de crisis.

Si bien los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones científicas y de investigación, las comunidades y las empresas pueden trabajar más estrechamente para crear oportunidades de colaboración, los derechos de los grupos vulnerables siempre deben contemplarse como parte de estrategias integrales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.