Un buen ejemplo de coordinación transfronteriza en la protección y asistencia a migrantes vulnerables

 
El tercer miércoles de cada mes el Salón de Aduanas en Paso Canoas, entre la provincia de Puntarenas y Chiriquí, frontera entre Costa Rica y Panamá, es testigo de una escena poco común entre países limítrofes del hemisferio y, sin embargo, determinante para una gestión migratoria integral. Representantes de instituciones homólogas de ambos países se reúnen bajo el espíritu amistoso que ha imperado por mucho tiempo entre ellos y sin que los diferentes marcos jurídicos de ambas naciones se interpongan en torno a una misma misión: garantizar la asistencia, protección oportuna y efectiva de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
 
La Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad (COPPAMI), originada en el 2013, cuenta hoy en día con más de 25 instituciones activas y sirve como espacio de comunicación, formación y acción conjunta en una zona fronteriza bastante dinámica, la cual de hecho forma parte de uno de los corredores migratorios más importantes de la región.
 
El papel de la Comisión cobra aún más relevancia en la época actual, caracterizada por una creciente movilidad humana en el orbe, así como por el tránsito en la región de personas provenientes del Caribe, África y Asia. Esto sin dejar de mencionar los históricos desplazamientos intrarregionales y desde Suramérica, incluyendo población indígena, trabajadores migrantes temporales y personas solicitantes de asilo, lo que incrementa las situaciones de riesgo que enfrentan las personas migrantes al cruzar nuestras fronteras.
 
Autoridades de migración, ministerios de salud, organismos policiales, institutos de la mujer y niñez, así como el sector académico entre otros, forman parte de este mecanismo binacional que favorece precisamente poder dar respuesta a los retos de la movilidad humana y a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables. Esta experiencia de COPPAMI, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través del Programa Mesoamérica, demuestra importantes beneficios de la coordinación transfronteriza que pueden ser resumidos en cuatro ejes clave:
 
1. La conformación de COPPAMI como unidad técnica ejecutora binacional del Convenio para el Desarrollo Fronterizo Costa-Rica-Panamá en 2015. Este importante paso permitió no solo la oficialización de COPPAMI dentro de las estructuras administrativas, sino mayor capacidad de convocatoria y el consecuente fortalecimiento de la coordinación interinstitucional binacional.
 
2. Componente de fortalecimiento de capacidades mediante el aprendizaje continuo, intercambio de información y experiencias. Como parte de sus planes operativos, la COPPAMI programa sesiones y jornadas de capacitación facilitadas por las mismas instituciones integrantes de la red con el fin de aumentar y/o actualizar los conocimientos y herramientas necesarias para la protección y asistencia de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, de forma articulada.
 
3. La organización y consolidación de actividades de sensibilización y prevención binacionales como la feria de la salud, dirigida principalmente a la población migrante indígena ngöbe-buglé y la Caminata contra la Trata de Personas en el sector fronterizo de Paso Canoas. Ambas iniciativas se celebran anualmente y cuentan con la participación de instituciones públicas de Costa Rica y Panamá, centros educativos y sociedad civil, favoreciendo también los procesos de sensibilización en torno a los derechos de las personas migrantes y la lucha contra la trata de personas como uno de los delitos más complejos que enfrenta la humanidad.
 
4. La homologación de enfoques basados en los derechos humanos y protección tanto a nivel institucional como comunitario. Diferentes testimonios dentro de la Comisión revelan cambios de paradigmas frente a la migración y las personas migrantes, unificándose criterios que impactan la gestión desde las diversas áreas de trabajo e inciden en la sociedad principalmente por medio de un comité de proyección a la comunidad conformado con dicho propósito.
 
Es importante también destacar la dinámica comprehensiva de la COPPAMI y su capacidad para adaptarse a una realidad siempre cambiante. Es un ejemplo de constancia de funcionarios con un alto grado de compromiso, que incluye esfuerzos en el plano de la investigación para un mejor entendimiento del contexto y las variables del fenómeno migratorio en la zona y en el mundo.
 
Sin duda, el espíritu de la COPPAMI proyecta optimismo en la gestión de la migración, la corresponsabilidad y en el cumplimiento de sus objetivos de cara a la población migrante más vulnerable.

 

Sobre la autora:

Mariel Pinel es Promotora Local del Programa Mesoamérica de la OIM en Costa Rica. Es internacionalista especializada en cooperación al desarrollo con una maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en esa misma área. Ha laborado por casi una década para proyectos y programas de desarrollo principalmente desde el sector no gubernamental y con trayectoria en el ámbito de la multiculturalidad.


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.