Salud universal: tres propuestas para la inclusión de las personas migrantes

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El Día Mundial de la Salud nos obliga a reflexionar sobre los hábitos que podrían causar un efecto negativo en nuestra salud y en aquellas medidas que debemos tomar para minimizar los riesgos a una enfermedad.  Nos obliga a alimentarnos mejor, a realizar mayor actividad física, a evitar el estrés y fundamentalmente a realizarnos revisiones médicas que nos permitan detectar y tratar a tiempo todo tipo de dolencia. 

Pero, ¿qué sucede cuando las personas migran?   Muchos de esos factores, hábitos y condiciones que son ya conocidos y que determinan su salud se modifican.  Se puede encontrar ahora con múltiples barreras administrativas para acceder a servicios, limitantes de idioma, estigma y discriminación y muchas otras condiciones que limitarán el acceso a servicios básicos, afectando así su salud de manera importante.  Existen aún inequidades muy presentes en la región que impiden el adecuado acceso de grandes grupos de población a servicios de salud, con barreras basadas a su condición migratoria, nacionalidad u otras condiciones. 

Por ello, hoy también debemos reflexionar sobre el estrecho vínculo entre la movilidad humana y la salud, y como estamos respondiendo como sociedad a las necesidades de todos y todas.  La campaña, que promueve  este año la Organización Mundial de la Salud, “Salud universal es para todos y todas, en todas partes” implica volver la mirada a esas poblaciones que por su condición migratoria se están quedando atrás. Para ello, considero necesario tomar acción en los siguientes aspectos:

1. Fortalecer el trabajo conjunto de forma multisectorial que garantice el acceso a servicios de salud de calidad, con apropiación cultural y sensibles a la persona migrante.

2. Formular políticas que garanticen la inclusión de poblaciones en vulnerabilidad y a eliminar las barreras estructurales que dificultan el acceso a la salud universal. 

3. Buscar socios,  generar alianzas, fortalecer redes y a favorecer el trabajo conjunto y multisectorial que nos permita abordar problemáticas que ameritan una respuesta regional, multinacional y fundamentalmente multidimensional.     

En Mesoamérica contamos con un mecanismo de coordinación regional y multisectorial que pretende avanzar en estas propuestas. Se trata de la Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias en Centroamérica y México (INCOSAMI) que reúne a gobiernos, organizaciones de sociedad civil, asociaciones regionales, academia, agencias de Naciones Unidas y socios del desarrollo, con el fin de impulsar la agenda de salud y migración en la región.

Por otro lado, es importante destacar que el acceso de poblaciones migrantes a la salud universal también debe ir más allá de los servicios. Se trata de realizar acciones en los lugares en donde se encuentren, ya sea en comunidades de tránsito como de destino. Esto nos lleva a la necesidad de diseñar campañas de prevención y promoción de la salud con estrategias de comunicación inclusivas.  Nos invita a sensibilizar y formar a todo el personal de salud y autoridades de migración sobre los derechos, contextos y condiciones propias al proceso migratorio.

"Sin incluir a los migrantes y los desplazados internos, la cobertura universal de salud no sería verdaderamente universal". -Jacqueline Weekers, Directora de la División de Migración y Salud de la OIM.

No existe la salud pública sin la inclusión de toda población a servicios de calidad, que sean integrales, eficaces y asequibles.  “Salud universal es para todos y todas, en todas partes”, y es únicamente posible mediante la inclusión, la equidad y el respeto al derecho a la salud de todas las poblaciones, incluyendo las más vulnerables como son las personas migrantes, refugiadas y desplazadas.  

 

 

   Sobre el autor:

Carlos Van der Laat es el Oficial Regional en Salud y Migración para las Américas de la OIM. Es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Ha laborado para la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, así como consultor para la Organización Panamericana de Salud y UNICEF. Se especializa en salud intercultural, desde donde ha formulado y coordinado proyectos comunitarios. 

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.