¿Pueden las ciudades beneficiarse de la migración?

 

Debido a que, legalmente, en la mayoría de los países las tareas de control migratorio son responsabilidad primaria de los gobiernos centrales, muchos gobiernos locales prefieren mantenerse al margen de cualquier cuestión que tenga que ver con migración o migrantes. Sin embargo, en un mundo con los mayores niveles de movilidad humana de toda la historia de la humanidad, estas posturas ya no resultan sostenibles, pues son las ciudades donde los migrantes hacen sus aportes y donde construyen sus vidas, sus familias y su futuro.

A pesar de no ser un tema nuevo (esencialmente no existirían ciudades sin migración), la relación entre migración y ciudad se mantiene como un tema bastante poco explorado y abordado por parte de múltiples administraciones locales. Por supuesto, muchas ciudades desde hace varias décadas saben y reconocen los aportes de los migrantes e incluso, por ejemplo, muchas en Estados Unidos y Canadá implementan campañas de marketing para atraer a personas extranjeras calificadas a sus territorios, principalmente vía internet y campañas públicas de reclutamiento.

Migración y ciudad: todos los retos (y los potenciales beneficios) en un solo lugar

Además de sus aportes económicos –mejor productividad, tasas de autoempleo dos veces más elevadas que las de los nativos, impacto positivo de las remesas en el desarrollo local de los lugares de origen, mayor creatividad, entre otros– la presencia de inmigrantes bien integrados permite la renovación de barrios, del tejido social y cultural, y una mayor resiliencia urbana. No obstante, una mala gestión municipal de la inmigración puede generar patrones de fragmentación espacial exagerados y exponer a sus habitantes a una inseguridad  económica, física, y hasta alimentaria o vinculada con la falta de acceso al agua y al saneamiento. Las ciudades deben incluir a los migrantes en sus planes de desarrollo municipal y de urbanización a fin de evitar la constitución de enclaves étnicos excluyentes. Con este fin, es preciso que cuenten con datos estadísticos fiables y desagregados por sexo, edad y estatus migratorio para poder identificar las necesidades de estas personas.

En las ciudades norteamericanas persisten desigualdades y obstáculos que a veces impiden a los inmigrantes o sus descendientes gozar de las mismas oportunidades que los nativos. Los migrantes todavía padecen de altos niveles de segregación ethno-residencial y escolar, millones de personas se ven afectadas por la falta de documentación y, por consiguiente,  carecen de acceso a servicios básicos y al mercado laboral formal. En cuanto a las ciudades de Centroamérica y del Caribe, los nuevos habitantes son mayoritariamente producto de la migración interna, pero también de la migración internacional, sobre todo en Costa Rica, México o República Dominicana. En estos países, tampoco se ofrecen las mismas oportunidades laborales y de ascenso social a todos. Sus recién llegados tienen muchas más probabilidades de padecer de la informalidad de asentamiento, por lo que quedan más expuestos a la pobreza extrema, a la vulnerabilidad ante desastres naturales y a la exclusión en general.

Aunque América Latina es la región más urbanizada del mundo (más del 80%), los países centroamericanos y del Caribe todavía están desarrollando patrones de migración del campo a la ciudad con políticas urbanas insuficientes, lo que implica un crecimiento descontrolado de las ciudades. El desarrollo del comercio sur-sur también implica el crecimiento de ciudades costeras expuestas a inundaciones, deslizamientos, huracanes, etc. En dichos municipios, los migrantes internos e internacionales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En todo el continente americano, se desarrollaron en los últimos años una serie de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en ciudades. Las ciudades norteamericanas en particular son pioneras; más de cien de ellas firmaron ordenanzas de “ciudad santuario”, o sea un lugar donde no se pueden controlar y aprehender a personas con base a su estado migratorio. Florecieron políticas y programas que fomentan las siguientes áreas:

  • Inclusión económica: acceso a recursos financieros y al sistema bancario, apoyo al autoempleo y al ingreso de trabajadores migrantes en el mercado laboral formal, entre otros.
  • Inclusión social: acceso equitativo a servicios de salud, educación, a una vivienda digna, al agua y al saneamiento, al transporte, entre otros.
  • Inclusión cultural: organización de eventos multiculturales, fomento del acceso a espacios públicos.
  • Inclusión política y cívica: involucramiento de las comunidades de migrantes y de las diásporas en el dialogo comunitario, promoción de la participación ciudadana.

En México, Centroamérica y el Caribe la cuestión todavía es incipiente, pero también se aprecian esfuerzos para agilizar el marco legal e institucional que hasta entonces ha sido rígido en las ciudades. Las ciudades grandes e intermedias de estos países se enfrentan a dos retos mayores que están  interconectados: la amplificación de la brecha urbana derivada de una proliferación de tugurios vinculados con una mala gestión de la migración interna e internacional, y la vulnerabilidad ante desastres naturales y el cambio climático. Ambos retos se relacionancon una desconexión de los poderes municipales de las realidades migratorias y de sus aspectos económicos, sociales, medioambientales. 

La migración debe entrar en la agenda municipal

En la región, como en otros partes del mundo, la migración representa entonces a la vez un reto y una oportunidad para los Gobiernos, tanto centrales como locales, en particular para su capacidad de resiliencia e integración. La solución pasa por una mejor gobernanza, o sea que se articulen de manera coherente las políticas a todos los niveles de gobierno; con el involucramiento de la sociedad civil, del sector privado y las organizaciones internacionales o regionales. Es preciso que los municipios integren las temáticas migratorias en sus agendas de planificación, con el apoyo de los Gobiernos centrales. La incorporación de un enfoque de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas permitiría el acceso de todos a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo y al transporte de manera digna. Además, la movilización de personas se dirige cada vez más hacia ciudades intermedias, con poca experiencia de acogida a personas de culturas diferentes, por lo que se vuelve necesario el fortalecimiento de capacidades locales para integrar exitosamente a las personas migrantes. Las ciudades también desempeñan un papel importante en la imagen que difunden de los inmigrantes. Gracias a campañas de sensibilización y a la organización de encuentros entre comunidades de migrantes y comunidades locales, se puede revertir algunas tendencias de estigmatización y discriminación hacia las personas migrantes. Los municipios deben aprovecharse de esta proximidad con las comunidades de migrantes para reforzar su papel de primeros interlocutores.

Desde la OIM, consideramos que es tiempo de reforzar la voluntad de los municipios de integrar mejor a todos sus residentes. Con este fin, buscamos  fomentar y apoyar iniciativas municipales innovadoras, además de reforzar la disopición de las instituciones municipales y vincular a migrantes con las autoridades locales. A través de la difusión de buenas prácticas, esperamos alertar a los alcaldes y a los Gobiernos centrales sobre las posibilidades que tienen de fomentar el desarrollo de sus territorios mediante una mejor gestión de la migración. Además, la OIM participó en la Cumbre Mundial de Líderes Locales en Bogotá (12-15 de octubre de 2016) y a la conferencia Hábitat III en Quito (17-20 de octubre de 2016), con el objetivo de promover la priorización del tema migratorio en las agendas municipales del mundo entero.    

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


La escalada de desinformación durante la pandemia y cómo contenerla

Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

A menudo en los debates políticos y en los medios de comunicación se hace referencia al carácter multidimensional de la pandemia, con implicaciones sanitarias pero también económicas y sociales. Debido a la naturaleza urgente, crítica y muchas veces desalentadora de la COVID-19, las reacciones de la sociedad frente al avance de la emergencia resultan en emociones como el miedo y el rechazo, estimulados por la difusión de información falsa. Este es el caso de las personas migrantes, quienes con frecuencia son acusadas de traer el virus a un determinado país o de ser las causantes el aumento de casos. Las y los migrantes son víctimas inmediatas de acusaciones que sin embargo, a menudo carecen de fundamento.

Muchas son las historias de desinformación y alarmismo en las Américas, como la que vivió un grupo de migrantes salvadoreños que llegaron a Oluto, un municipio al sur de Veracruz, en México. Acogidos en un albergue especializado por razones humanitarias y para evitar ulteriores contagios, fueron víctimas de afirmaciones falsas propagadas por algunos medios de comunicación, los cuales reportaron un número incorrecto de migrantes y los describieron como portadores del virus, aunque su estado de salud estaban siendo monitoreado.

Historias y denuncias similares se replican en otros países de la región. Allí donde la figura del migrante es en ocasiones utilizada como chivo expiatorio, el avance del virus ha nuevamente acentuado la percepción desfavorable sobre la población migrante. Acusados de traer o de contribuir desproporcionadamente a la transmisión de la COVID-19, las personas migrantes pasan por experiencias dolorosas que se unen a las condiciones precarias en las que muchas veces viven.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes sufren de mayores condiciones de vulnerabilidad, son particularmente afectados. Según un reporte de UNICEF,  junto con el avance de la pandemia ha habido un aumento repentino de deportaciones, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Las deportacioens se han caracterizado además por no permitir que las personas migrantes puedan cumplir con los procedimientos de solicitud de asilo y sin prueba verificada de que porten o no el virus. Por tanto, la narrativa perjudicial y la desinformación acerca de la figura del migrante durante la pandemia de COVID-19 está contribuyendo no solo a una percepción del extranjero permeda de rasgos xenófobos, sino también al agravamiento de la precariedad del estado de los y las migrantes.    

En Costa Rica también se vieron incidentes xenofóbicos hacia la población nicaragüense. Al encontrarse nuevos brotes de COVID-19 el pasado junio en ciertas zonas agrícolas del país, así como en sitios de construcción y otros sectores que emplean trabajadores migrantes, en particular provenientes de Nicaragua, las personas migrantes fueron vistas como responsables del avance de la pandemia en el país centroamericano. En particular, los brotes registrados en algunas piñeras situadas en la ciudad de Los Chiles en el norte del país, que transportaron sin cumplir ningún tipo de protocolo sanitario a personas migrantes en condiciones de irregularidad, suscitaron ulteriores reacciones xenófobas hacia la población migrante nicaragüense, sin responsabilizar a quienes les movilizaron. 

Siempre en Costa Rica, semanas después, el alto porcentaje de población migrante que reside en cuarterías o viviendas informales en el Gran Área Metropolitana, fue señalado como posible foco de contagio. Las autoridades locales reaccionaron cerrando algunas de las propiedades con cercas para impedir que los residentes salgan. Al respecto, algunos miembros de la comunidad académica costarricense señalaron que la atención de los medios no ha sido suficientemente dirigida hacia las razones prácticas y verídicas que causaron un aumento de los contagios en esa áreas, como los límites de espacio en las industrias que no permitieron el mantenimiento de distancias mínimas.

Estos episodios destacan el ambiente de tensión, xenofobia y marginalización de las personas migrantes y afirman la urgencia de incentivar la verificación de datos, la búsqueda de fuentes confiables y la necesidad de un enfoque inclusivo y diversos en los medios.

 

¿Qué podemos hacer?

El impacto de la COVID-19 en la percepción de “los otros” ha demostrado cómo la desinformación acerca del virus es un fenómeno peligroso no solo para el estado de salud de las personas, sino también para la cohesión social.

Para hacer frente a este nuevo reto, las Naciones Unidas lanzaron la campaña Verificado (o Verified en inglés)  que busca denunciar la desinformación en torno a la COVID-19 y al mismo tiempo invita a asumir una actitud crítica ante la información recibida. La campaña responde a las consecuencias drásticas que la desinformación puede generar, como falso alarmismo y discriminación.  Las noticias y las afirmaciones falsas no solamente agravan la crisis sanitaria, sembrando dudas sobre qué hacer o no hacer para protegerse del virus, sino que también estimula las expresiones de odio y de xenofobia que intentan culpabilizar a ciertas poblaciones de la pandemia. La iniciativa de Naciones Unidas procura educar sobre la relevancia de compartir contenido confiable, verificado y actualizado, sea información escrita u oral. 

Verificado llama a reflexionar antes de compartir y reportar noticias basadas en hechos reales en manera responsable. Para lograrlo, la campaña se articula en tres áreas específicas: ciencia, para salvar vidas; solidaridad, para promover la cooperación local y global; y soluciones, para abogar por el apoyo a las poblaciones que han sido afectadas por la COVID-19. Este triple propósito subraya la repercusión social y sanitaria de la campaña y la importancia  de desestimar la información no verificada. 

Invitar a nuestros familiares y amigos a compartir solamente información verificada y confiable es la acción más efectiva que podemos tomar, en este mismo instante, para luchar contra la desinformación y sus muy peligrosas consecuencias sobre la salud pública y la cohesión de nuestras sociedades.