¿Pueden las ciudades beneficiarse de la migración?

 

Debido a que, legalmente, en la mayoría de los países las tareas de control migratorio son responsabilidad primaria de los gobiernos centrales, muchos gobiernos locales prefieren mantenerse al margen de cualquier cuestión que tenga que ver con migración o migrantes. Sin embargo, en un mundo con los mayores niveles de movilidad humana de toda la historia de la humanidad, estas posturas ya no resultan sostenibles, pues son las ciudades donde los migrantes hacen sus aportes y donde construyen sus vidas, sus familias y su futuro.

A pesar de no ser un tema nuevo (esencialmente no existirían ciudades sin migración), la relación entre migración y ciudad se mantiene como un tema bastante poco explorado y abordado por parte de múltiples administraciones locales. Por supuesto, muchas ciudades desde hace varias décadas saben y reconocen los aportes de los migrantes e incluso, por ejemplo, muchas en Estados Unidos y Canadá implementan campañas de marketing para atraer a personas extranjeras calificadas a sus territorios, principalmente vía internet y campañas públicas de reclutamiento.

Migración y ciudad: todos los retos (y los potenciales beneficios) en un solo lugar

Además de sus aportes económicos –mejor productividad, tasas de autoempleo dos veces más elevadas que las de los nativos, impacto positivo de las remesas en el desarrollo local de los lugares de origen, mayor creatividad, entre otros– la presencia de inmigrantes bien integrados permite la renovación de barrios, del tejido social y cultural, y una mayor resiliencia urbana. No obstante, una mala gestión municipal de la inmigración puede generar patrones de fragmentación espacial exagerados y exponer a sus habitantes a una inseguridad  económica, física, y hasta alimentaria o vinculada con la falta de acceso al agua y al saneamiento. Las ciudades deben incluir a los migrantes en sus planes de desarrollo municipal y de urbanización a fin de evitar la constitución de enclaves étnicos excluyentes. Con este fin, es preciso que cuenten con datos estadísticos fiables y desagregados por sexo, edad y estatus migratorio para poder identificar las necesidades de estas personas.

En las ciudades norteamericanas persisten desigualdades y obstáculos que a veces impiden a los inmigrantes o sus descendientes gozar de las mismas oportunidades que los nativos. Los migrantes todavía padecen de altos niveles de segregación ethno-residencial y escolar, millones de personas se ven afectadas por la falta de documentación y, por consiguiente,  carecen de acceso a servicios básicos y al mercado laboral formal. En cuanto a las ciudades de Centroamérica y del Caribe, los nuevos habitantes son mayoritariamente producto de la migración interna, pero también de la migración internacional, sobre todo en Costa Rica, México o República Dominicana. En estos países, tampoco se ofrecen las mismas oportunidades laborales y de ascenso social a todos. Sus recién llegados tienen muchas más probabilidades de padecer de la informalidad de asentamiento, por lo que quedan más expuestos a la pobreza extrema, a la vulnerabilidad ante desastres naturales y a la exclusión en general.

Aunque América Latina es la región más urbanizada del mundo (más del 80%), los países centroamericanos y del Caribe todavía están desarrollando patrones de migración del campo a la ciudad con políticas urbanas insuficientes, lo que implica un crecimiento descontrolado de las ciudades. El desarrollo del comercio sur-sur también implica el crecimiento de ciudades costeras expuestas a inundaciones, deslizamientos, huracanes, etc. En dichos municipios, los migrantes internos e internacionales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En todo el continente americano, se desarrollaron en los últimos años una serie de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en ciudades. Las ciudades norteamericanas en particular son pioneras; más de cien de ellas firmaron ordenanzas de “ciudad santuario”, o sea un lugar donde no se pueden controlar y aprehender a personas con base a su estado migratorio. Florecieron políticas y programas que fomentan las siguientes áreas:

  • Inclusión económica: acceso a recursos financieros y al sistema bancario, apoyo al autoempleo y al ingreso de trabajadores migrantes en el mercado laboral formal, entre otros.
  • Inclusión social: acceso equitativo a servicios de salud, educación, a una vivienda digna, al agua y al saneamiento, al transporte, entre otros.
  • Inclusión cultural: organización de eventos multiculturales, fomento del acceso a espacios públicos.
  • Inclusión política y cívica: involucramiento de las comunidades de migrantes y de las diásporas en el dialogo comunitario, promoción de la participación ciudadana.

En México, Centroamérica y el Caribe la cuestión todavía es incipiente, pero también se aprecian esfuerzos para agilizar el marco legal e institucional que hasta entonces ha sido rígido en las ciudades. Las ciudades grandes e intermedias de estos países se enfrentan a dos retos mayores que están  interconectados: la amplificación de la brecha urbana derivada de una proliferación de tugurios vinculados con una mala gestión de la migración interna e internacional, y la vulnerabilidad ante desastres naturales y el cambio climático. Ambos retos se relacionancon una desconexión de los poderes municipales de las realidades migratorias y de sus aspectos económicos, sociales, medioambientales. 

La migración debe entrar en la agenda municipal

En la región, como en otros partes del mundo, la migración representa entonces a la vez un reto y una oportunidad para los Gobiernos, tanto centrales como locales, en particular para su capacidad de resiliencia e integración. La solución pasa por una mejor gobernanza, o sea que se articulen de manera coherente las políticas a todos los niveles de gobierno; con el involucramiento de la sociedad civil, del sector privado y las organizaciones internacionales o regionales. Es preciso que los municipios integren las temáticas migratorias en sus agendas de planificación, con el apoyo de los Gobiernos centrales. La incorporación de un enfoque de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas permitiría el acceso de todos a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo y al transporte de manera digna. Además, la movilización de personas se dirige cada vez más hacia ciudades intermedias, con poca experiencia de acogida a personas de culturas diferentes, por lo que se vuelve necesario el fortalecimiento de capacidades locales para integrar exitosamente a las personas migrantes. Las ciudades también desempeñan un papel importante en la imagen que difunden de los inmigrantes. Gracias a campañas de sensibilización y a la organización de encuentros entre comunidades de migrantes y comunidades locales, se puede revertir algunas tendencias de estigmatización y discriminación hacia las personas migrantes. Los municipios deben aprovecharse de esta proximidad con las comunidades de migrantes para reforzar su papel de primeros interlocutores.

Desde la OIM, consideramos que es tiempo de reforzar la voluntad de los municipios de integrar mejor a todos sus residentes. Con este fin, buscamos  fomentar y apoyar iniciativas municipales innovadoras, además de reforzar la disopición de las instituciones municipales y vincular a migrantes con las autoridades locales. A través de la difusión de buenas prácticas, esperamos alertar a los alcaldes y a los Gobiernos centrales sobre las posibilidades que tienen de fomentar el desarrollo de sus territorios mediante una mejor gestión de la migración. Además, la OIM participó en la Cumbre Mundial de Líderes Locales en Bogotá (12-15 de octubre de 2016) y a la conferencia Hábitat III en Quito (17-20 de octubre de 2016), con el objetivo de promover la priorización del tema migratorio en las agendas municipales del mundo entero.    

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica

La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

En muchos casos de desplazamiento forzado se habla de la extorsión como uno de los principales detonantes, sin embargo esta acción se suma a un ciclo de violencia donde es difícil marcar la razón última de salida de una país: violencia sexual, asesinatos, etc.

Aunque su definición varía dependiendo de la legislación, la extorsión se entiende como las amenazas, intimidación y otros actos violentos para conseguir acciones o bienes de otra persona contra su voluntad, indicó la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC en un boletín dedicado a explorar este tema y que servirá de insumo para este blog.

En el contexto de la migración, el secuestro y la extorsión pueden ir de la mano, pues los traficantes extorsionan a las personas migrantes exigiéndoles dinero bajo la amenaza de secuestrar a sus familiares. De igual manera ocurre en la vía contraria: los parientes de personas migrantes que ya se encuentran en otro país son extorsionadas por traficantes, reclamándoles dinero para no hacer daño al familiar que migró. Esto deriva muchas veces en motivo de persecución.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, las graves condiciones de inseguridad ciudadana alimentadas por el narcotráfico y la corrupción han posicionado a la región como una de las más violentas del planeta según Amnistía Internacional. En este contexto, la extorsión exigiendo pagos a mercados y comercios pequeños se vuelve habitual en territorios controlados por pandillas, aunque dependiendo del país puede haber un alto porcentaje de extorsión a residencias, como en Guatemala, donde este rubro acapara el 55% de las denuncias por extorsión.

También existe un impacto diferenciado entre el tipo de extorsiones que perciben hombres, mujeres, niños y población LGBTIQ+. En ese sentido las extorsiones para el pago de dinero por parte de mujeres son muchas veces aunadas con la amenaza de violencia sexual, y los cuerpos de las mismas, así como de adolescentes y niñas, son utilizados como territorios de venganza y control, indica el mismo boletín de REDLAC. En el caso de los niños, el reclutamiento de estos para convertirles en cobradores de renta y otras funciones va en aumento.

Las personas migrantes se ven a menudo extorsionadas también por personas que no forman parte de grupos criminales, pero que aprovechan su situación de vulnerabilidad para obtener beneficios: extorsión para cruzar por terrenos privados en vez de por rutas con bandas delictivas, o transportistas que piden dinero para no entregarles a las autoridades sin son migrantes irregulares. Esta misma situación se ha reportado con empleadores que, al momento de llegar la fecha de pago, amenazan a los trabajadores migrantes con denunciarlos.

No existen actualmente números sobre la cantidad de personas desplazadas u obligadas a migrar debido a las extorsiones en el norte de Centroamérica, pues se enmarca en un clima generalizado de violencia; sin embargo, algunas organizaciones ubican este delito como una de las principales razones de expulsión de zonas o incluso del país.

 

Extorsión durante la pandemia

En el boletín de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC sobre la extorsión como un detonante del desplazamiento interno y la migración forzada en le norte de Centroamérica y México se indicaron también algunos puntos relevantes sobre cómo operan las extorsiones en el contexto de la COVID-19:

  • En El Salvador, la COVID-19 ha afectado los ingresos de las pandillas, sin embargo no han perdido el control de los territorios donde se encuentran. Algunas pandillas han establecido controles para que personas de cada familia realicen las compras de comida; esto por temor a que algún miembro de la pandilla se enferme y no pueda acceder a atención médica.
  • En Honduras, la paralización de los sectores de transporte y comercio informal (víctimas comunes de las extorsiones) debido a la pandemia ha implicado una disminución en las extorsiones. Sin embargo se han reportado amenazas de cobros retroactivos una vez se retome el comercio; cobros casa por casa; “peajes” por parte de las pandillas en carreteras y estafas. Los repartidores de comida son víctimas frecuentes de extorsión al ingresar a las comunidades.
  • En Guatemala las extorsiones tampoco se han detenido, aunque al inicio de la pandemia algunas maras concedieron “indultos”. Sin embargo, organismos nacionales creen que habrá un aumento en otros delitos y que las extorsiones volverán con más fuerza cuando se levanten las medidas restrictivas.
  • Las restricciones de movilidad aumentan el riesgo de que las personas se queden atrapadas en contextos de violencia, dificultando la posibilidad de buscar apoyo en otros territorios y países. A pesar de esto, muchas personas buscan y seguirán buscando opciones de migración irregular, a pesar de los peligros de la pandemia, para alejarse de los contextos de alta violencia y bajos ingresos en los que viven.