¿Por qué la gente huye del corredor seco de El Salvador, Guatemala y Honduras?

 

El asombro tiene la virtud de generar la duda, y ante esta, el método científico actúa para generar conocimiento.

Fue el asombro de ver un aumento de los flujos migratorios desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia los Estados Unidos de América lo que generó la duda: ¿existe una relación causal entre inseguridad alimentaria y emigración?

Diversos estudios han explorado ya el fenómeno de la emigración con relación a la pobreza, el cambio climático, los desastres naturales y la violencia.  En 2015, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo de London School of Economics, encontraron evidencia sobre el impacto de la variabilidad climática en la migración.  Poco a poco se va acumulando evidencia, pero la duda sobre el papel de la seguridad alimentaria en la emigración no quedaba del todo resuelta.

Si resolver esta duda no fuera importante, con toda seguridad no se habría dado la novedosa y fructífera colaboración entre cinco entidades especializadas y con mandatos bastante diferentes.  Sin embargo, citados en orden alfabético, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) se unieron para compartir su asombro y resolver la duda con evidencia.

El marco geográfico del estudio fue el espacio territorial llamado corredor seco centroamericano, una región geográfica sin precisión exacta pero que se autodefine por ciertas condiciones climáticas, particularmente de escasa precipitación y condiciones difíciles para la producción agrícola.  Además, su población vulnerable depende en gran medida de la agricultura de secano y del trabajo agrícola asalariado.

Mientras que hay factores reconocidos que empujan a algunas personas a abandonar la zona, también hay los que atraen hacia los Estados Unidos de América.  Esta doble fuerza ha causado un aumento en el número de emigrantes, pero con importantes cambios demográficos: más mujeres, y con carácter insólito, niñez acompañada y no acompañada hasta niveles que nunca se había dado antes.

Para este estudio se utilizó como referencia el período de 2014 a 2016 (aunque se apoya además en datos de años previos).  A partir de 2014 se documentó un importante aumento en el número de emigrantes con todo y su variante demográfica, al lado de emergencias alimentarias en el corredor seco y la presencia del fenómeno de El Niño (causante de sequías).

La búsqueda de evidencia llevó al terreno a diecinueve investigadores, lo que aportó un perfil multidisciplinario.  En los tres países se visitaron veintidós comunidades reconocidas por ser fuentes de emigrantes.  Se entrevistó a 54 fuentes calificadas y se realizaron 44 discusiones focales que convocaron a 660 habitantes del corredor seco.  Para complementar la investigación, las comunidades mismas identificaron a 123 hogares que compartían la característica de tener un miembro de la familia que emigró dentro del período del estudio.  El trabajo de campo se realizó entre julio y agosto de 2016.  El muestreo no fue estadístico, se utilizó el método de decisión razonada.

Al finalizar el estudio, el primer borrador del informe recibió comentarios de especialistas de las cinco organizaciones y de expertos externos.

La información recogida permitió sistematizar conocimiento, como se muestra en la siguiente gráfica del modelo causal.

El modelo nos muestra que la decisión de emigrar se encuentra al final de una cadena de eventos.  Estos van minando la capacidad de los medios de vida de la población hasta llevarlos a un punto de pérdida y no recuperación.

Debido a que el objetivo del estudio fue la búsqueda de las relaciones entre inseguridad alimentaria y emigración, a los hogares entrevistados se les presentó una lista de causales para que identificaran la que había provocado la partida de sus familiares, y estos fueron los resultados:

Para reforzar la evidencia, se realizó un análisis cruzado de datos, pues entre 2014 y 2016 el PMA había realizado diez evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencia (ESAE) en el corredor seco de los tres países.  La sequía se había convertido en crisis, y el análisis reveló que un tercio de los hogares entrevistados se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, según un indicador compuesto del PMA, que mide consumo alimentario, diversidad dietética, vulnerabilidad económica alimentaria y gravedad de los mecanismos de afrontamiento a la crisis.  Un tercio es una alta proporción, y ameritó intervenciones de los gobiernos y sus socios humanitarios.

De la base de datos total se extrajo el grupo de hogares que tenían un familiar recientemente emigrado.  En este análisis, la inseguridad alimentaria subió a 43 por ciento, revelando la gravedad de la situación de este grupo diferenciado de familias.

Durante el estudio de 2016 se realizó una nueva medición, esta vez de manera exclusiva para hogares con emigrados recientes. La cifra alcanzó 47 por ciento, no habiendo registros parecidos en la región y confirmando el vínculo entre emigración e inseguridad alimentaria.

Los resultados revelaron algo que no estaba entre los supuestos iniciales: si la inseguridad alimentaria puede llegar a ser causa de emigración, esta también puede ser causa de inseguridad alimentaria.

Esta conclusión se sustenta en el hecho que las personas más vulnerables carecen de medios para pagar los altos costos de emigración (entre 2,500 y 15,000 USD).  Aparte de tomar las opciones más peligrosas y de ponerse en manos de traficantes de migrantes, estas personas adquieren altas deudas, muchas veces respaldadas con el patrimonio familiar esencial: casa y terreno.

Cuando el intento fracasa (por deportación, desaparición en ruta, muerte o detención, entre otros), las deudas se mantienen y la familia que quedó detrás tendrá que respetarlas.  También, en casos de deportación, la situación lleva a la medida desesperada de intentarlo de nuevo, aumentando los costos.  En los casos en que se consigue el objetivo, el envío de remesas no es ni inmediato ni automático, y las familias enfrentarán un serio período de escasez de recursos para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

También hay casos en que las remesas comienzan a fluir y habrá recursos para varios objetivos: alimentación (a donde va la mayor proporción de la remesa regular), gastos escolares, apertura de pequeños negocios, compra de activos, gastos de salud y otros.  Lo anterior presenta oportunidades para mejorar el sistema financiero que permite el flujo de las remesas y el apoyo a las familias para que consigan más resultados por dólar recibido.

En el caso de El Salvador, aunque no fue la excepción en los resultados, hay que resaltar que la violencia como razón para emigrar fue más importante que en los otros dos países.

Los hallazgos, en su conjunto, proporcionan evidencia para que los gobiernos de la región formulen políticas públicas e inviertan para contener la emigración.  Por la complejidad del fenómeno (siempre será multicausal), queda claro que las inversiones deben ser de mediano y largo plazo, acompañados por algunas acciones inmediatas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis.

El informe de investigación del estudio «Seguridad alimentaria y emigración:  por qué la gente huye y el impacto que esto tiene en las familias que permanecen en El Salvador, Guatemala y Honduras» está disponible en versión completa y en resumen.

 

Sobre el autor:

Byron Ponce-Segura es el oficial regional para el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos.  Es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en Informática y Ciencias de la Computación, además de certiticaciones de postgrado en temas sobre desarrollo rural y manejo de recursos naturales.

 


¿Cómo viven las personas venezolanas en Costa Rica durante la pandemia?

¿Cómo viven las personas venezolanas en Costa Rica durante la pandemia?
Categoria: Emergencias y Acción Humanitaria
Autor: Autor Invitado

En la actualidad, más de 5 millones de personas venezolanas han dejado su país debido al complejo contexto sociopolítico en el país, de los cuales al menos 4 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe, según datos recolectados de los gobiernos por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

De acuerdo con estimaciones realizadas por OIM Costa Rica, para finales de junio aproximadamente 29 850 personas venezolanas se encontraban en dicho país centroamericano. La situación socioeconómica, salud, mecanismos de regularización y otras características que afectan la integración en un país de acogida se vieron impactadas por la pandemia.

Para comprender mejor a esta población, la OIM Costa Rica aplico la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) donde se perfila a la población venezolana. El mismo muestra que la mayoría de las personas venezolanas encuestadas se encontraban en el rango de edad de entre 35 y 44 años; eran mujeres (63%); contaban con estudios universitarios; y eran solicitantes de asilo. Además, mayoritariamente llevaban entre 3 meses y un año en el país y planeaban quedarse de manera permanente.

La DTM es una herramienta que puede ayudar a los encargados de formulación de políticas a desentrañar las tendencias de movilidad plantear escenarios actuales y futuros basados en evidencia, de manera que se pueda planear con más información sobre cómo asistir tanto a personas refugiadas y migrantes como a las comunidades de acogida. Estos son algunos de los principales hallazgos del estudio para entender características y necesidades de las y los venezolanos en el país:

  • Residencia: El 87% de los encuestados indicó residir con otra persona venezolana. De estos, un 26% reside con algún menor de edad y 19% con alguna persona adulta mayor. La mayoría vive en apartamentos.
  • Situación laboral: Al momento de la encuesta, la mayor parte de los venezolanos participantes se encontraban desempleados (59%), y de quienes sí se encontraban trabajando lo hacían principalmente en el sector informal. Esto no es un dato menor si recordamos como se dijo ante que en general cuentan con estudios universitarios.
  • Dificultades: Dada la alta tasa de desempleo no es de extrañar que una de las principales dificultades señaladas por las personas encuestadas fuera la falta de recursos económicos (78%), frente a otras problemáticas como la falta de documentación, falta de acceso a la salud, falta de alimento o agua, entre otros.
  • Asistencia: La población encuestada indica que las principales organizaciones que les han asistido son la OIM (51%), ACNUR (44%), Alianza VenCR (31%), HIAS (23%), RET International (20%), el Servicio Jesuita (5%), entre otras.

 

El futuro de los patrones de movilidad de la población venezolana en medio de la pandemia

En el perfil regional de refugiados y migrantes venezolanos de América Latina y el Caribe, publicado recientemente por OIM junto al Migration Policy Institute, se señala que, como resultado de las nuevas condiciones traídas por la pandemia, las personas refugiadas y migrantes venezolanas se verán afectadas por la inseguridad alimentaria, limitado acceso a los servicios de salud y dificultad para encontrar trabajo. Por otro lado, existen diferentes estimaciones sobre el número de personas venezolanas retornadas y no hay un recuento confirmado de cuántas se están desplazando por la región con la intención de regresar a su país.

Si bien la asistencia a la movilidad humana tiene muchas aristas, en el marco de una pandemia la atención a la salud se vuelve un aspecto particularmente importante tanto para la población refugiada y migrante, así como para sus comunidades de acogida, pues asegurar a todos los miembros de una sociedad el acceso médico necesario impacta más allá de la persona que está siendo atendida. En algunos países, laborar de manera formal facilita el acceso a este tipo de servicios; pero en el caso de venezolanos y venezolanas, al encontrarse mayormente en el sector informal (debido en muchos casos a la falta de documentación o de estatus regular), el acceso a la salud se complica a pesar de ser un derecho humano.

Esta publicación también sugiere que en paralelo a la organización y esfuerzos que realicen los gobiernos y sociedad civil para abordar las problemáticas que aquejan a las personas refugiadas y migrantes en la región en general, y en particular la población venezolana, es necesario contar con apoyo internacional. Esto es importante, entre otros aspectos, para recabar datos sólidos que ayuden a la formulación de políticas públicas, así como para fortalecer los aspectos positivos que puede conllevar la migración, por ejemplo, en su dimensión económica.