¿Por qué la gente huye del corredor seco de El Salvador, Guatemala y Honduras?

 

El asombro tiene la virtud de generar la duda, y ante esta, el método científico actúa para generar conocimiento.

Fue el asombro de ver un aumento de los flujos migratorios desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia los Estados Unidos de América lo que generó la duda: ¿existe una relación causal entre inseguridad alimentaria y emigración?

Diversos estudios han explorado ya el fenómeno de la emigración con relación a la pobreza, el cambio climático, los desastres naturales y la violencia.  En 2015, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo de London School of Economics, encontraron evidencia sobre el impacto de la variabilidad climática en la migración.  Poco a poco se va acumulando evidencia, pero la duda sobre el papel de la seguridad alimentaria en la emigración no quedaba del todo resuelta.

Si resolver esta duda no fuera importante, con toda seguridad no se habría dado la novedosa y fructífera colaboración entre cinco entidades especializadas y con mandatos bastante diferentes.  Sin embargo, citados en orden alfabético, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) se unieron para compartir su asombro y resolver la duda con evidencia.

El marco geográfico del estudio fue el espacio territorial llamado corredor seco centroamericano, una región geográfica sin precisión exacta pero que se autodefine por ciertas condiciones climáticas, particularmente de escasa precipitación y condiciones difíciles para la producción agrícola.  Además, su población vulnerable depende en gran medida de la agricultura de secano y del trabajo agrícola asalariado.

Mientras que hay factores reconocidos que empujan a algunas personas a abandonar la zona, también hay los que atraen hacia los Estados Unidos de América.  Esta doble fuerza ha causado un aumento en el número de emigrantes, pero con importantes cambios demográficos: más mujeres, y con carácter insólito, niñez acompañada y no acompañada hasta niveles que nunca se había dado antes.

Para este estudio se utilizó como referencia el período de 2014 a 2016 (aunque se apoya además en datos de años previos).  A partir de 2014 se documentó un importante aumento en el número de emigrantes con todo y su variante demográfica, al lado de emergencias alimentarias en el corredor seco y la presencia del fenómeno de El Niño (causante de sequías).

La búsqueda de evidencia llevó al terreno a diecinueve investigadores, lo que aportó un perfil multidisciplinario.  En los tres países se visitaron veintidós comunidades reconocidas por ser fuentes de emigrantes.  Se entrevistó a 54 fuentes calificadas y se realizaron 44 discusiones focales que convocaron a 660 habitantes del corredor seco.  Para complementar la investigación, las comunidades mismas identificaron a 123 hogares que compartían la característica de tener un miembro de la familia que emigró dentro del período del estudio.  El trabajo de campo se realizó entre julio y agosto de 2016.  El muestreo no fue estadístico, se utilizó el método de decisión razonada.

Al finalizar el estudio, el primer borrador del informe recibió comentarios de especialistas de las cinco organizaciones y de expertos externos.

La información recogida permitió sistematizar conocimiento, como se muestra en la siguiente gráfica del modelo causal.

El modelo nos muestra que la decisión de emigrar se encuentra al final de una cadena de eventos.  Estos van minando la capacidad de los medios de vida de la población hasta llevarlos a un punto de pérdida y no recuperación.

Debido a que el objetivo del estudio fue la búsqueda de las relaciones entre inseguridad alimentaria y emigración, a los hogares entrevistados se les presentó una lista de causales para que identificaran la que había provocado la partida de sus familiares, y estos fueron los resultados:

Para reforzar la evidencia, se realizó un análisis cruzado de datos, pues entre 2014 y 2016 el PMA había realizado diez evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencia (ESAE) en el corredor seco de los tres países.  La sequía se había convertido en crisis, y el análisis reveló que un tercio de los hogares entrevistados se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, según un indicador compuesto del PMA, que mide consumo alimentario, diversidad dietética, vulnerabilidad económica alimentaria y gravedad de los mecanismos de afrontamiento a la crisis.  Un tercio es una alta proporción, y ameritó intervenciones de los gobiernos y sus socios humanitarios.

De la base de datos total se extrajo el grupo de hogares que tenían un familiar recientemente emigrado.  En este análisis, la inseguridad alimentaria subió a 43 por ciento, revelando la gravedad de la situación de este grupo diferenciado de familias.

Durante el estudio de 2016 se realizó una nueva medición, esta vez de manera exclusiva para hogares con emigrados recientes. La cifra alcanzó 47 por ciento, no habiendo registros parecidos en la región y confirmando el vínculo entre emigración e inseguridad alimentaria.

Los resultados revelaron algo que no estaba entre los supuestos iniciales: si la inseguridad alimentaria puede llegar a ser causa de emigración, esta también puede ser causa de inseguridad alimentaria.

Esta conclusión se sustenta en el hecho que las personas más vulnerables carecen de medios para pagar los altos costos de emigración (entre 2,500 y 15,000 USD).  Aparte de tomar las opciones más peligrosas y de ponerse en manos de traficantes de migrantes, estas personas adquieren altas deudas, muchas veces respaldadas con el patrimonio familiar esencial: casa y terreno.

Cuando el intento fracasa (por deportación, desaparición en ruta, muerte o detención, entre otros), las deudas se mantienen y la familia que quedó detrás tendrá que respetarlas.  También, en casos de deportación, la situación lleva a la medida desesperada de intentarlo de nuevo, aumentando los costos.  En los casos en que se consigue el objetivo, el envío de remesas no es ni inmediato ni automático, y las familias enfrentarán un serio período de escasez de recursos para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

También hay casos en que las remesas comienzan a fluir y habrá recursos para varios objetivos: alimentación (a donde va la mayor proporción de la remesa regular), gastos escolares, apertura de pequeños negocios, compra de activos, gastos de salud y otros.  Lo anterior presenta oportunidades para mejorar el sistema financiero que permite el flujo de las remesas y el apoyo a las familias para que consigan más resultados por dólar recibido.

En el caso de El Salvador, aunque no fue la excepción en los resultados, hay que resaltar que la violencia como razón para emigrar fue más importante que en los otros dos países.

Los hallazgos, en su conjunto, proporcionan evidencia para que los gobiernos de la región formulen políticas públicas e inviertan para contener la emigración.  Por la complejidad del fenómeno (siempre será multicausal), queda claro que las inversiones deben ser de mediano y largo plazo, acompañados por algunas acciones inmediatas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis.

El informe de investigación del estudio «Seguridad alimentaria y emigración:  por qué la gente huye y el impacto que esto tiene en las familias que permanecen en El Salvador, Guatemala y Honduras» está disponible en versión completa y en resumen.

 

Sobre el autor:

Byron Ponce-Segura es el oficial regional para el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos.  Es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en Informática y Ciencias de la Computación, además de certiticaciones de postgrado en temas sobre desarrollo rural y manejo de recursos naturales.

 


Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.