Migrantes desaparecidos… pero no olvidados

Migrantes desaparecidos… pero no olvidados
Autor: 

 

Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo se estima que existen 272 millones de personas migrantes, lo que equivale a un 3.5% de la población mundial.

Cada año, cientos de estas personas mueren cruzando desiertos, ríos o zonas remotas en las diferentes rutas migratorias del continente americano. El número real de quienes fallecen en el tránsito por esta región se desconoce, pero los registros compilados por el Proyecto Migrantes Desaparecidos indican que entre 2014 y 2018 perdieron la vida por lo menos 3.015 personas y solo de enero a setiembre de 2020 han fallecido 365 personas en las Américas.

Muchas de las muertes de personas migrantes en América Latina y el Caribe se producen en la frontera entre Estados Unidos y México. Según el Movimiento Migrante Mesoamericano se estima que existen entre 72.000 y 120.000 migrantes desaparecidos en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2016.En esta ruta las personas migrantes enfrentan riesgos como la; deshidratación, la extorsión por parte de grupos criminales organizados, y la exposición a sufrir accidentes, caídas y otros peligros relacionados con el transitar por lugares con topografía inhóspita. Muchas de estas personas conocen (algunos) de los peligros de la migración que realizarán, pero a veces han perdido tanto en sus países de origen que, según las propias palabras de algunos, no temen incluso perder la vida durante el viaje migratorio.

 

Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD) 

El PMD de la OIM es una base global de datos abiertos sobre muertes y desapariciones de personas migrantes. Allí se compilan datos sobre el origen, la ubicación, y la causa de muerte de estas personas, para proveer un análisis de datos detallado, con la premisa fundamental de contrarrestar la invisibilizacíon que hay en esta materia. El Proyecto trabaja con un enfoque de Derechos Humanos y bajo la firme premisa de que los datos sean humanizadores y apoyen la generación de políticas públicas, así como para brindar información a las familias de migrantes que realizan solicitudes de rastreo.

También procura coadyuvar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 , en su meta 10.7, “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras regulares a través de la implementación de políticas migratorias ordenadas y bien administradas”; el indicador 10.7.3 “número de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de migración hacia un destino internacional”  y el Objetivo 8 del Pacto Global  Sobre Migración, “salvar vidas y prevenir lesiones o la muerte de los migrantes.”

Desde 2014, el PMD ha documentado la muerte y desaparición de más de 35.000 mujeres, hombres, niñas y niños. Tan solo en 2019, el PMD registro 5.303 decesos, superando por quinto año consecutivo las 4.000 muertes durante la migración. Los datos históricos arrojan una estimación de por lo menos  75.000 muertes en los viajes migratorios desde 1996.

 

¿Quién es una persona migrante desaparecida para el PMD?

No existen definiciones aceptadas universalmente para las expresiones “migrante desaparecido” o deceso “durante la migración”. Esto tiene repercusiones en los datos que se reúnen y registran.

El criterio para delimitar quién es una persona migrante desaparecida para el PMD es el de personas que han fallecido en las fronteras exteriores de los estados, o durante el proceso de migración hacia un destino internacional, así como desapariciones durante el tránsito en la que una persona se presume fallecida. Este criterio de selección es excluyente de muertes en centros de recepción o detención de personas migrantes, muertes de personas migrantes en condición migratoria irregular mientras residen en un país extranjero (como resultado de explotación laboral, por ejemplo, o fallecimientos relacionados con el desplazamiento interno) o reportes de personas desaparecidas en los países de destino.

La generación de “datos humanizadores” trasciende la recopilación convencional de los mismos, dando un rostro a todas y cada una de esas personas migrantes desaparecidas, visibilizando las duras condiciones que enfrentan durante su tránsito migratorio.

 

Hacer visible lo invisible

Es necesario comprender desde la empatía lo que significa para una persona tener que dejar su país de origen, más si lo hace movida por el deseo de mejorar su calidad de vida o la de su familia, o porque su existencia misma corre peligro.

Aún más complejo es poder imaginar que un ser humano muera o desaparezca durante su proceso migratorio, que nunca habrá aquel reencuentro, aquel abrazo, aquella sonrisa o nueva oportunidad al otro lado de la frontera, donde una familia, hijos, pareja o seres queridos quedarán esperando y buscando con una zozobra permanente.

Para ayudar a comprender esta terrible situación y hacer visible lo invisible actualmente el PMD está generando un proceso de mapeo e identificación con las oficinas de OIM, así como con instituciones gubernamentales, ONGs y medios de comunicación que puedan servir como enlaces y puntos focales para facilitar datos personas migrantes fallecidas y desaparecidas en la región.

Se pretende con la conformación de esta red de actores lograr una articulación multilateral que pueda ser un mecanismo para la recopilación, identificación y monitoreo de datos de personas migrantes fallecidas o desaparecidas, que fomente el acceso global al análisis responsable de datos sobre migración y que desarrolle la capacidad de los estados y otros socios relevantes para mejorar la base de evidencia de migración, nacional regional y global

Si desea conocer más acerca del proyecto puede visitar su página web missingmigrants.iom.int

Para obtener más información acerca del proceso de la conformación de la red con oficinas de OIM, instituciones gubernamentales, ONG’s medios de comunicación y periodistas puede escribir a: eviales@iom.int

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.