Migraciones y poblaciones LGBTI en Mesoamérica

 

Para contextualizar la migración de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en Mesoamérica es preciso identificar los factores estructurales que generan en estas poblaciones condiciones particulares de vulnerabilidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos (art 1), no obstante, es sabido que la discriminación por razones de género, edad, etnia, situación socioeconómica, orientación sexual e identidad de género, entre otras, sigue afectando a un gran número de personas, tal es el caso de las personas  LGBTI.

Las formas específicas de violencia y discriminación que enfrentan las personas  LGBTI debido a su orientación sexual e identidad de género son conocidas como homofobia, lesbofobia, bifobia  y transfobia. Estas son definidas como expresiones de intolerancia, miedo e irrespeto hacia las personas LGBTI que se manifiestan a  través burlas, rechazo, exclusión, violencia física y sexual hasta obstaculización del ejercicio pleno de derechos como acceso a educación, empleo, salud, derecho a una vida privada, etc.

La suma de estas y otras causas generan una constante movilidad forzada en las poblaciones LGBTI, iniciando con una migración interna (buscando refugio en casas de familiares, amigas, amigos, otras regiones dentro del mismo país debido al rechazo familiar a causa de la identidad de género u orientación sexual) hasta llegar a la migración internacional en donde parten huyendo de amenazas en sus países de origen hacia otros países de la región o fuera de ella con el fin de buscar un espacio seguro donde construir una vida digna.

Doble estigma: LGBTI-Migrante

Sin embargo, esta violencia y discriminación no se detiene durante su movilidad, se podría decir que se agudiza en los países de tránsito y destino. A los prejuicios y el estigma hacia las personas LGBTI se suma el estigma de ser migrante; ambos responden a causas estructurales que sustentan prácticas sociales, es decir, allí donde los patrones culturales son reforzados por normativas, leyes y reglamentos basados en la lógica heteronormativa o donde la visión de las migraciones se fundamente únicamente en el paradigma de la seguridad nacional, por lo tanto, ciertamente se perpetuarán las violaciones a los derechos humanos de estas personas.

El estudio “Diversidad sexual y movilidad forzada en la Frontera Sur de México 2016”, realizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), profundizó sobre los diferentes factores que obligan el desplazamiento de esta población mostrando que su movilidad no es un hecho aislado sino parte de un complejo proceso de marginación social, donde la violencia es un elemento común en las historias de vida de estas personas (específicamente la violencia sexual). De acuerdo al estudio, una de cada tres personas LGBTI centroamericanas encuestadas dijo haber sido víctima de una violación.

Otro elemento que sobresale es la dificultad para acceder al mercado laboral debido a prácticas discriminatorias que arrastran desde un sistema educativo que les excluye y les expulsa, lo que en ocasiones conduce a estas personas a dedicarse al comercio sexual como medio de subsistencia. Esto les convierte en presa fácil de la delincuencia organizada que les extorsiona o incluso les trafica, sobre todo con fines de explotación sexual.

Crímenes de odio en la región

En los últimos años, la persecución a personas sobre la base de su orientación sexual e identidad de género se ha incrementado. Las manifestaciones de odio y rechazo como el hostigamiento, los actos de violencia física y sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y los asesinatos (que se caracterizan por el alto grado de ensañamiento y crueldad) acompañan a algunas de estas personas durante largos trayectos de su vida.

Durante el 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó a través de su registro de violencia que al menos 120 personas LGBTI fueron asesinadas en Centroamérica (79 en México, 30 en Honduras, 6 en El Salvador, 3 en Guatemala and 2 en Nicaragua). Por su parte, 13 personas (8 en México, 2 en Honduras, 2 en Panamá y 1 en El Salvador) fueron víctimas de ataques no letales a su integridad, aparentemente relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Asimismo la CIDH afirma que durante el 2015 se recibieron informes de amenazas y otras formas de persecución a personas lesbianas, gay, bisexuales y Trans de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, teniendo como resultado la migración forzada de estas personas.

Pese a que en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se han introducido leyes contra la discriminación basada en orientación sexual, en la región no existe aún la tipificación de crímenes de odio dentro de los delitos relacionados con asesinato y otras formas de violencia por orientación sexual o identidad de género. En los casos de Honduras y El Salvador aunque se han reformado artículos del código penal  para agravar aquellos casos donde se evidencie que el delito tuvo como motivación el odio o la discriminación, o fue cometido con saña manifiesta, organizaciones de la sociedad civil denuncian la impunidad en la judicialización de estos casos.

Lo anterior ha llevado a un incremento en el número de solicitudes de asilo presentadas por personas LGBTI. De acuerdo con ACNUR, a mayo del 2016 se habían presentado 65 casos de personas LGBTI  solicitantes de la condición de refugiado en Tapachula, México, siendo más de la mitad solicitudes de personas trans, las cuales expresan como motivos de salida:

  1. El pago de extorsiones.
  2. Reclutamiento forzado para transporte de drogas.
  3. Explotación sexual de mujeres transgénero y hombres gais.
  4. Violencia de los miembros de pandillas y violencia intrafamiliar.
  5. Discriminación.

En Costa Rica, hasta agosto del 2016 ya se tenía conocimiento de al menos cinco solicitudes donde se señala la persecución a grupos diversos como el principal motivo por el que se solicita protección. En este sentido, la CIDH ha señalado que los Estados necesitan adoptar medidas urgentes y efectivas que garanticen la vida, seguridad e integridad y la dignidad humana de las personas LGBTI migrantes, o aquellas percibidas como tales, tanto en los países en tránsito (incluyendo albergues y centros de detención migratoria) así como en los países de destino.

Todo este panorama evidencia las múltiples vulnerabilidades a las que están expuestas las personas LGBTI migrantes, así como la necesidad de posicionar el tema dentro de la discusión sobre migraciones, derivando en medidas concretas que garanticen la protección y exigibilidad de los derechos de estas personas. Es preciso que funcionarios de instituciones conozcan, se sensibilicen y formulen directrices en materia de protección y asistencia a estas personas, de tal forma que combatan prejuicios al tiempo que actúen en cumplimiento de lo establecido en materia de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Como aporte, la OIM a través de su programa Regional Mesoamérica, ha elaborado un módulo de capacitación: Migración y Poblaciones Lesbianas. Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales dirigido a instituciones del Estado, organizaciones y colectivos sociales, así como activistas LGBTI de la región mesoamericana con el objetivo de impulsar procesos de sensibilización y capacitación en materia de protección de los derechos de estas personas.

Al respecto, desde el año anterior se han realizado 2 talleres regionales y varios talleres nacionales en México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras capacitando a un total de 139 personas sobre los procesos migratorios de la población LGBTI con el fin de valorar estrategias para su protección y asistencia. De allí surgió la inquietud  de conformar la primer red mesoamericana para la protección y asistencia de las poblaciones LGBTI migrantes que busca unir esfuerzos entre organizaciones defensoras de derechos humanos LGBTI e instituciones estatales para construir una respuesta regional articulada a la población LGBTI migrante y refugiada. 

 

Sobre la autora:

Noemy Serrano Corrales es especialista técnica para el Programa Regional Mesoamérica de la OIM, punto focal LGBTI y punto focal de género de la Oficina de la OIM en Costa Rica. Es psicóloga y psicodramatista de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como asesora técnica y consultora en psicología social-comunitaria, género y derechos humanos. Ha colaborado con diversas instituciones y organizaciones tanto en Costa Rica como para programas regionales en Mesoamérica y Perú, especializándose en el diseño y facilitación de procesos educativos, así como en la ejecución, monitoreo y sistematización de proyectos. 


Tráfico de migrantes, trata de personas, trata de blancas, ¿cuál es la diferencia?

Tráfico de migrantes, trata de personas, trata de blancas, ¿cuál es la diferencia?
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

Tráfico de migrantes, trata de personas e incluso trata de blancas: a menudo escuchamos estas expresiones siendo utilizadas como sinónimos, cuando en realidad guardan significados bien diferentes. Empecemos por eliminar uno, la “trata de blancas”.

El término “trata de blancas” es usado en diferentes momentos de la historia, pero se encuentra totalmente desactualizado, pues solo hace referencia a la explotación sexual de “mujeres de piel blanca”. El problema de utilizar esta expresión es que puede dar a entender que solo las mujeres con ciertas características pueden ser víctimas de trata (un concepto racista), y que el único fin de la trata es la explotación sexual, cuando la realidad es mucho más amplia. Esto nos lleva al segundo y correcto concepto, la “trata de personas”.

La “trata de personas” son todas aquellas formas de explotación para el beneficio de un tercero, como la servidumbre por deudas, el trabajo infantil, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la mendicidad forzada y la extracción de órganos. En la ley internacional se deja incluso un poco abierto el término según el contexto, pues periódicamente aparecen nuevas formas en las que una persona o grupo de personas fuerza a otra a realizar acciones contra su voluntad para lograr algún beneficio. Se trata de una forma de esclavitud moderna y puede ocurrir tanto a lo interno de un país como internacionalmente.

De acuerdo con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, hay tres elementos que se tienen que cumplir para caracterizar un crimen como de trata de personas:

  • La acción: Es decir, que el crimen sea realizado por redes organizadas, aunque no sean grandes, donde se evidencia que se realizaron acciones con la intención de facilitar la explotación de otra persona, como captarla, enviarla o recibirla.
  • Los medios: Los medios es el cómo los criminales logran realizar la trata, por ejemplo, a través de engaños y mentiras, fuerza, violencia, abuso de la vulnerabilidad de la otra persona, etc.
  • La explotación: Que es propiamente el abuso de otra persona en beneficio de un tercero.

Cada uno de estos tres elementos está compuesto de muchas posibles acciones, pero con que se realice una acción de cada elemento, estamos frente a un caso de trata de personas.

Finalmente está el término “tráfico ilícito de migrantes”, el cual se refiere a apoyar el traspaso ilegal de una frontera, como lo hacen por ejemplo los coyotes. La gran diferencia entre “tráfico” y “trata” radica en que el tráfico atenta contra las leyes del Estado al que se ingresa irregularmente, mientras que la trata atenta contra los derechos humanos de una persona. El delito de tráfico de migrantes se caracteriza por:

  • La facilitación de la entrada ilegal de una persona a otro país.
  • La creación o suministro de un documento de identidad o pasaporte falso.
  • La habilitación, por medios ilegales, de la estadía permanente de un no-nacional o no-residente.

Es claro que ambas acciones, el tráfico y la trata, están a menudo relacionadas, pues el tráfico coloca a las personas en situaciones de vulnerabilidad que pueden desencadenar un proceso de trata de personas. El hecho de que ambos delitos estén incluidos dentro de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocido como Convención o Protocolo de Palermo), también puede generar confusión y llevar a creer que son lo mismo, pero no lo son.

Para conocer más sobre los peligros y características del delito de trata de personas, recomendamos visitar la campaña IOMX.