Migración irregular e identidad: más que documentos

Los peligros de la migración irregular se describen con mayor frecuencia como la exposición de los migrantes a cosas como rutas peligrosas, violencia de delincuentes y posibles traficantes. Y sí, los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos indican que la frontera entre Estados Unidos y México se ha vuelto cada vez más peligrosa para las personas que intentan evitar la inspección. MMP ha registrado un total de 1,907 muertes en los últimos cinco años, de las cuales 444 ocurrieron en 2018.

Aún así, muchos sobreviven al cruce, solo para enfrentar peligros más allá del viaje clandestino. La realidad es que un gran número de personas hace el viaje con éxito, pero llegan sin una pieza vital de su vida anterior: el acceso a su identidad.

Una parte fundamental del bienestar individual es la conexión adecuada entre el individuo y el estado nación. Esta conexión se establece por ley para nacionales y migrantes a través del registro civil (o sistema de seguridad social en el caso de ciudadanos de los Estados Unidos) y la ley de inmigración. Ambos sistemas emiten formas de identificación para diversos beneficios para las personas. Así, el individuo es reconocido bajo la constitución de un país y puede acceder claramente a la protección del gobierno, así como a derechos y servicios como participación política, educación, empleo o atención médica. Al mismo tiempo, el individuo puede ser responsable ante el estado por violaciones legales y administrativas.

Cuando las personas cruzan las fronteras de manera irregular, se saltan estos procesos por completo, rompiendo la conexión entre el individuo y el estado. A su vez, esto crea una subcategoría de personas desconocidas para el estado.

Esto tiene varias implicaciones, pero lo más importante es que se traduce en vulnerabilidad para las personas y los estados. Sin el reconocimiento del gobierno, los migrantes viven sin la protección que conlleva, y sin documentos de identidad caen en la economía informal, donde pueden estar sujetos a prácticas de explotación. Al mismo tiempo, la economía informal crece con cada nuevo contribuyente y erosiona aún más la relevancia del estado legítimo.

La tendencia en las economías emergentes es que los gobiernos se centren más en controlar el acceso de las personas a un estado migratorio, pero no necesariamente en su territorio. Esto se combina con grandes economías informales. Como resultado, los migrantes irregulares buscan principalmente el acceso al territorio de un país y la informalidad, no el acceso al estado migratorio. A su vez, esto trabaja hacia el crecimiento de la desigualdad.

Para algunas personas, el simple hecho de ingresar a un país puede percibirse como una migración “exitosa”, pero sin las responsabilidades de gestión de identidad del estado y el individuo, ¿cuántos obstáculos tendrá que enfrentar un migrante el resto de su vida en ese país? Las poblaciones más vulnerables, como los niños, pueden ser traficadas o perderse sin que nadie pueda verificar su identidad. Pueden terminar siendo tan vulnerables en su país de destino como lo fueron durante su viaje.

La gestión de la identidad debe mejorarse colectivamente para evitar estos problemas. Una acción clave es mejorar las políticas que atraen a poblaciones irregulares para identificarse ante el estado y para que el estado tenga metodologías de trabajo para registrar a las personas que tal vez no puedan proporcionar documentación. Los sistemas de migración no deberían exacerbar las vulnerabilidades, sino garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.


¿Cómo integrar una perspectiva de género en las políticas de migración?

Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Jacinta Astles

En cada etapa del proceso migratorio de una persona, ya sea en el origen, tránsito, destino o retorno, es probable que esta reciba un trato diferente dependiendo de su identidad de género. Comprender la migración desde una perspectiva de género ofrece a los Estados herramientas para poder garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes de todas las identidades de género.

La integración de una perspectiva de género en las políticas asociadas a temas de migración es esencial, y estas se vinculan con la Agenda 2030 para el logro de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen, por ejemplo:

Objetivo 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Objetivo 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

A continuación, se mencionan algunos de los aportes importante en la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en materia de cómo se incorpora la perspectiva de género en herramientas vinculadas a políticas migratorias:

a. Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla): Este foro regional de consulta tiene el enfoque de género como un eje transversal, sin embargo, ha posicionado la realidad de las mujeres migrante en su agenda para el análisis y debate desde 2017. Los Países Miembros de esta conferencia cuentan una herramienta técnica que proporcionan recomendaciones claras y viables para los países de origen, tránsito, destino y regreso. Este documento es conocido como:  Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en Contexto de Migración, esta herramienta reconoce la necesidad de examinar cómo el género influye en las trayectorias migratorias para abordar las desigualdades. También explica cómo las políticas pueden adoptar una gama de perspectivas, como los derechos humanos, los enfoques intergeneracionales y de interseccionalidad, entre otros.

b. Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL): El impulso que está cobrando la feminización de la migración en la región, se refleja por ejemplo, en la aprobación reciente por parte del de la «Ley Marco Regional en materia de migraciones, con enfoque de Derechos Humanos», que contempla una referencia especial a mujeres, adolescentes y niñas migrantes. El documento se conoce como: Ley Marco Regional sobre Asuntos Migratorios con Enfoque en Derechos Humanos, publicado en agosto de 2019, proporciona pautas para promover una migración segura, ordenada y regular para las poblaciones que son particularmente vulnerables en América Central, el Caribe y México. Según esta ley Marco Regional, los gobiernos pueden abordar las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes a través de:

  • Protecciones legales y derechos

Esto incluye los mismos derechos que los nacionales, incluido el derecho a los servicios sociales y la educación.

  • Servicios públicos

Los servicios especializados son esenciales para garantizar el bienestar de las poblaciones migrantes, como la atención médica, la asistencia jurídica y los servicios psicológicos. La capacitación para las agencias de primera línea también ayuda a prevenir la revictimización y garantizar un apoyo adecuado para las víctimas de la violencia.

  • Gestión integral de la migración

Esto implica el desarrollo e implementación de estándares, planes, programas, estrategias e instrumentos de gestión que se adapten a las necesidades de diferentes grupos, incluidas las mujeres indígenas, las personas migrantes con discapacidades, las víctimas de la violencia de género, entre otros. Un enfoque coordinado entre las agencias gubernamentales y las autoridades puede garantizar la prevención, investigación y erradicación efectivas de formas específicas de discriminación y violencia dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes.

  • Investigación y recopilación de datos

Asegurar la recopilación de datos desglosados ​​por sexo, edad, etnia y otras características, así como estadísticas sobre género y migración que incluyen riesgos e impactos diferenciados permite respuestas políticas más efectivas. La investigación también debería examinar los impactos positivos de la migración en el desarrollo, incluida la contribución de las mujeres a las economías de sus países de origen y destino.

  • Campañas de comunicación

La información clara y confiable sobre los derechos humanos y los servicios para las mujeres migrantes es crucial para proporcionarles espacio para ejercer sus derechos.

“Mujer Migrante”, una iniciativa implementada en México, arroja luz sobre cómo las plataformas digitales pueden usarse para difundir información confiable a las mujeres migrantes. Este programa implicó la creación de una plataforma multimedia con información clave sobre temas tales como: procedimientos, servicios, programas de apoyo, salud, riesgos al migrar, consejos para adaptarse a un nuevo país, testimonios de trabajadores y manuales de atención a personas migrantes, entre muchos otros recursos. También incluyó una aplicación móvil a través de la cual las mujeres migrantes pueden enviar preguntas y ser dirigidas a la institución adecuada. Esto destaca cómo la utilidad de las tecnologías digitales, en combinación con un enfoque de integración de género, puede aprovecharse para aumentar la disponibilidad de información para las poblaciones migrantes.

La suposición de que todas las personas migrantes tienen la misma experiencia independientemente de su género ha hecho invisibles a las mujeres, las niñas y otras personas con diversas identidades de género desde una perspectiva política. Es importante reconocer que las mujeres migrantes pueden enfrentar una doble discriminación, como resultado de su género y su estatus migratorio. Esto puede verse exacerbado por otras formas de discriminación, como por motivos de raza, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras. Las políticas de migración deben reconocer la agencia de las mujeres y tratar de alterar las estructuras de poder existentes, reduciendo así las desigualdades y haciendo una mayor variedad de oportunidades disponibles para las mujeres. Al comprender sus realidades y adaptar las respuestas en consecuencia, los Estados pueden promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas migrantes en la región.