La nueva gobernanza migratoria en República Dominicana

 

Hoy República Dominicana cuenta con una nueva gobernanza migratoria. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el Primer Perfil Migratorio de ese país. Este tipo de estudios se realizan con una metodología desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que ya ha sido utilizada por 80 países y en el caso de República Dominicana fue aplicada por su Instituto Nacional de Migración (INM) con apoyo de la OIM.

Al analizar los últimos 15 años hay argumentos sólidos para afirmar que la República Dominicana tiene hoy una nueva gobernanza en temas migratorios que se basa en cuatro pilares:

  1. Establecimiento de lineamientos de política migratoria al año 2030 a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12).
  2. Un marco normativo reciente que responde a los cambios en la migración. Desde la Ley de penalización de la Trata en el 2003, la Ley General de Migración, la Ley 169, el decreto del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el decreto de afiliación de Población del PNRE al sistema de seguridad social y la Ley Orgánica de Reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras.
  3. Una nueva institucionalidad pública: se crearon el Instituto nacional de Migración, Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), la Procuraduría Especializada para la Trata y otras entidades.
  4. Una gobernanza con resultados sin precedentes: como por ejemplo la regularización migratoria de 260 mil personas en el PNRE, respeto al debido proceso en control migratorio y mayor información sobre la población migrante a través de la Encuesta Nacional de Inmigrantes –ENI– 2012, estudios del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano del Ministerio de Trabajo y el INM, datos actualizados sobre remesas del Banco Central, entre otras fuentes.

Cambios en la dinámica migratoria:

Esta nueva gobernanza migratoria concuerda con cambios en las características de la dinámica migratoria dominicana. El Primer Perfil Migratorio muestra que la migración reciente en la República Dominicana es diferente a la del siglo XX. La inmigración se ha vuelto urbana. En el siglo XX quienes se vinieron del campo a la ciudad fueron dominicanos, mientras que ahora quienes llegan a las ciudades son inmigrantes. Por otro lado, la movilidad de corta estadía se ha incrementado de manera importante, pues mientras los inmigrantes igual que hace un siglo son cerca del 5.4% de la población que habita en el país, el turismo supera los 6 millones de personas anualmente.

En el caso de la emigración, la población dominicana en el exterior sigue aumentando alcanzado la proporción de 3 dominicanos en el exterior por cada inmigrante en la República Dominicana. Las remesas reportadas por el Banco Central para el 2016 fueron de USD $5,261 millones de dólares y en 2017 se elevaron a USD $5,911 millones de dólares. Esa entidad también reporta el número de transacciones de estos envíos, pasando de 20.5 millones en 2016 a 23.5 millones en 2017. Esto representa un promedio mensual de 1.9 millones de giros. Considerando que el Censo de Población y Vivienda 2010 reporta  2.671,979 hogares, es posible concluir que un número significativo de hogares dominicanos reciben remesas mensualmente.

Otros resultados de la nueva gobernanza:

Entre los principales resultados de la nueva gobernanza está la modernización de la estructura de representación y servicios del gobierno dominicano en el exterior, entre ellos el surgimiento del Instituto para los Dominicanos en el Exterior (INDEX). A nivel internacional la nueva plataforma de servicios tiene el reto de orientar y proteger derechos a los migrantes dominicanos en los países que han iniciado políticas públicas restrictivas frente a la migración.

Hay avances significativos en el respeto del debido proceso en los casos de deportaciones que rondan las 200 personas diarias a través de los puntos fronterizos. Una medida que cambiará de forma radical la dinámica fronteriza en cuanto a deportaciones y que contribuye a la vez al crecimiento de las economías locales de frontera es la aplicación del carnet de habitante fronterizo. Este carnet está contemplado en la Ley de Migración y su reglamento. Su aplicación es un reto central del gobierno dominicano, que tiene beneficios de múltiple índole, los cuales son respaldados por amplios sectores de la sociedad, el comercio, los gobiernos locales y los organismos internacionales.

Para conocer más sobre esta nueva gobernanza y las dinámicas migratorias de República Dominicana puede descargar su Primer Perfil Migratorio aquí. Este es un estudio que, en su tejido de saberes, incorpora de manera excepcional un análisis para demostrar que estamos ante una nueva migración, una nueva gobernanza migratoria y nuevos retos por enfrentar.

 


¿Cómo afectará la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?
Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Laura Thompson

 

No hay duda alguna que la actual pandemia tiene un impacto humanitario, social y económico amplio a corto, mediano y largo plazo, que a su vez puede afectar o retrasar la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a diferentes niveles y de diversas maneras. 

El impacto más evidente, obviamente, es sobre el Objetivo 3, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar. La pandemia ha puesto presiones enormes en los sistemas de salud no sólo con relación al tratamiento y la gestión del virus, sino que además afecta la capacidad de atender a pacientes que tengan otras enfermedades y aumenta el riesgo de complicaciones en poblaciones con estados de salud comprometidos. La pandemia ha puesto mayor visibilidad en la importancia del acceso universal a los sistemas de salud independientemente de la condición migratoria de las personas. Sin embargo, la pandemia también tendrá implicaciones en otros aspectos de la Agenda 2030.

 

Impactos más allá de la salud

La COVID-19 también está impactando negativamente la situación laboral, económica y social de muchos hogares del mundo entero, y sobre su capacidad para enfrentar sus necesidades, inclusive las más básicas.  La crisis económica que los países de la región están enfrentando y el creciente desempleo será determinante en este sentido, puesto que más allá de la pandemia, América Latina y el Caribe cerraron el año 2019 con un 8,1% de desempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Y según proyecciones de la CEPAL, la desocupación laboral subirá a  un 11,5% en la misma región, producto de la contracción de la actividad económica por la COVID-19.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes.  En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informa ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del Objetivo 8 (sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), pero también del Objetivo 1 (la lucha contra la pobreza), el Objetivo 2 (la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición), el Objetivo 5 (la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas), y las metas 5.2, 8.7 y 16.2, sobre la trata y la explotación de personas. La CEPAL recalca además que América Latina y el Caribe sufre ya una caída del -5.3% del PIB, la peor de toda su historia.

Asimismo, esta pandemia podría acentuar las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del Objetivo 10, que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En ese contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado u olvidados en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio. Todo ello a pesar de la enorme contribución que los trabajadores migrantes hacen al funcionamiento de los servicios básicos esenciales en muchos países, como se ha puesto en evidencia durante esta crisis.

Adicionalmente se proyecta una disminución en el monto de las remesas internacionales que, según el Banco Mundial, se reducirían entre un 10% y un 19.3% para el 2020. Las remesas son un componente fundamental en la economía de algunos países de la región, donde pueden a llegar a significar entre el 5% y el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Una reducción importante en las remesas pondría en peligro la capacidad de muchos hogares en esos países de llenar sus necesidades más básicas y su capacidad de invertir en el mejoramiento de la nutrición, la educación y la reducción del trabajo infantil, entre otros, acentuando aún más las desigualdades existentes.

Finalmente, a nivel estatal, debido la desaceleración económica que estamos viviendo y las necesidades urgentes en materia de salud, es muy posible que haya una disminución del gasto social o una reorientación de los recursos disponibles potencialmente en detrimento de la visión más integral contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de nuevo el alcance de objetivos transversales de la Agenda 2030.

 

Recuperación y ODS: el mismo camino

Pero esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que hemos perdido la lucha para alcanzar los ODS. Al contrario, en este momento es esencial trabajar juntos y con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas.

Para esto debemos trabajar desde ahora en asegurar la atención universal de los sistemas de salud y educación; en la reducción de los costos de transferencia de las remesas (tema incluido en el Objetivo 10), como está haciendo ya El Salvador, crear ciudades más resilientes e inclusivas en línea con el Objetivo 11 o fortalecer formas de migración regular para los trabajadores migrantes y condiciones de trabajo decente (Objetivo 8).

El momento es ahora: todas las organizaciones, gobiernos y personas tenemos un papel importante en asegurar que los esfuerzos para que nuestra región latinoamericana y el mundo se recuperen de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 se alineen con la Agenda 2030 y nos aseguremos de no dejar a nadie atrás.