La migración rural hacia las ciudades: Desafíos y oportunidades

La migración rural hacia las ciudades: Desafíos y oportunidades
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En el mundo, tres de cada cuatro personas en situación de pobreza y que sufren hambre viven en zonas rurales. Este dato, divulgado por la FAO, enfatiza la amplitud de la pobreza rural, ocasionada por factores como la escasez de empleo y oportunidades, el limitado acceso a servicios e infraestructuras y los conflictos por los recursos naturales y tierra. A estas circunstancias se añaden los efectos adversos del cambio climático, que agravan fenómenos alarmantes como el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación, la erosión de suelos, la baja en el rendimiento de las cosechas o la pérdida de agrobiodiversidad.

Este conjunto de condiciones desfavorables provoca importantes flujos migratorios hacia las ciudades, sobre todo de jóvenes que buscan nuevas oportunidades de ingresos y empleo. La migración rural-urbana en Centroamérica ha contribuido al aumento poblacional de las ciudades, y la región es hoy la segunda del mundo que registra las tasas más altas y rápidas de urbanización, con un porcentaje promedio de crecimiento de 3.8 durante las últimas dos décadas. Asimismo, según las previsiones del Banco Mundial, para el año 2050 la región habrá duplicado su población urbana, sobre todo a causa de los y las migrantes rurales que llegan a las ciudades, en búsqueda de oportunidades económicas y acceso a servicios básicos.

 

Desafíos  

El movimiento migratorio hacia las zonas urbanas implica un proceso de transformación que disminuye la generación de ingresos y el empleo en la agricultura. Esto conlleva una menor participación laboral en el sector primario que puede provocar una reducción de la producción agrícola  y amenazar la seguridad alimentaria de algunos territorios.   

Así, por ejemplo, el campo puede carecer de mano de obra joven y dinámica, registrando además un envejecimiento de la población, lo que puede comprometer una producción alimentaria suficiente y variada. En áreas rurales de México, por ejemplo, la migración de jóvenes, y la consecuente disminución en la tasa de fecundidad, ha provocado una alteración entre los grupos poblacionales: mientras que en 2005 había 21 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños, se prevé que para el año 2051 habrá 167 adultos mayores por cada 100 niños. 

Asimismo, el acrecentamiento de la pobreza urbana responde a los abundantes flujos migratorios hacia las ciudades que en ocaciones no encuentran trabajo en las zonas urbanas (a pesar de haber sido una razón para movilizarse) lo que se genera un círculo vicioso de escasez y necesidades. 

Los altos porcentajes de trabajo informal en la región también indican una falta de protección social, que agrava las situaciones de pobreza y precariedad de las personas migrantes internas. Otro factor que señala las difíciles condiciones de vida de las personas migrantes rurales en las ciudades es que, debido a los recursos económicos limitados, esta población vive a menudo en asentamientos informales, los cuales albergan alrededor del 29% de la población urbana en América Central. Estos asentamientos suelen estar ubicados en zonas vulnerables a desastres naturales, como inundaciones, deslizamientos y terremotos, lo que evidencia cómo la migración rural, fomentada también por los efectos del cambio climático, necesita de atención particular, para evitar una reproducción de vulnerabilidades existentes.       

Además, mientras que los conflictos por los recursos naturales pueden provocar la migración rural, las personas migrantes encuentran nuevas formas de violencia en las urbes. En el Triángulo Norte de Centroamérica la violencia es un fenómeno principalmente urbano, agravado por causas como pobreza, segregación, desigualdad y falta de oportunidades. Los campesinos en situación de pobreza y personas desempleadas pueden ser nuevas víctimas de grupos criminales en las ciudades. Esta situación puede originar nuevos flujos migratorios de personas que migraron hacia las ciudades y, al no encontrar una situación adecuada, deciden migrar hacia el extranjero. 

Por tanto, la migración rural-urbana tiene repercusiones cruciales no solo para el desarrollo y la sostenibilidad rural, sino también para la urbana. Por ejemplo, desafíos actuales como la sobrepoblación urbana o la pérdida de tradicionales cultivos y agrobiodiversidad dependen directamente de los flujos migratorios rurales. Para resolver estas cuestiones, es necesario dirigir la atención hacia sus raíces: el campo y la migración.

 

Oportunidades

El informe de la FAO subraya también los aspectos positivos de la migración rural, que pueden disminuir la presión sobre los mercados de trabajo local y los recursos naturales o mejorar los salarios en el sector agrícola. Las remesas de los migrantes internacionales, además, pueden facilitar la inversión en actividades económicas productivas, generar empleo, y aumentar el consumo privado.

En la misma línea, la migración rural (históricamente con mayor presencia masculina), el descenso de la tasa de fecundidad y un número creciente de hogares encabezados por mujeres han impulsado una feminización de la agricultura, sobre todo en México y en gran parte de Centroamérica. Este fenómeno ha incentivado el empoderamiento económico y social de las mujeres rurales y en algunos casos la disminución de estereotipos de género que limitaban sus funciones. Por ejemplo, las mujeres han empezado a hacerse cargo de tareas agrícolas que antes sólo realizaban los hombres, como la preparación del terreno, y el cultivo de alimentos comerciales. 

Sin embargo, por otro lado, estos resultados también pueden ser perjudiciales para las mujeres, puesto que conllevan una sobrecarga de trabajo en el campo o en el comercio local y en el hogar. 

 

¿Cómo pueden los gobiernos y otras organizaciones nacionales e internacionales incentivar una migración rural beneficiosa para todos los actores?  

El Marco de la FAO para las migraciones propone cuatro acciones principales para abordar eficazmente el fenómeno de la migración rural. Estas recomendaciones son: 

  1. Minimizar las causas de la migración y ofrecer alternativas en zonas rurales, creando oportunidades de empleo decente y mitigando los impactos del cambio climático; 
  2. Facilitar la movilidad rural, desarrollando planes de migración agrícola y campañas de información para los migrantes y promoviendo oportunidades de cooperación entre las zonas rurales y urbanas 
  3. Acentuar los beneficios de la migración, impulsando la inversión de remesas y remarcando la utilidad de la migración como estrategia de adaptación frente al cambio climático; 
  4. Promover el bienestar de las personas migrantes, prestando apoyo para su incorporación en las comunidades de acogida. 

Con el deterioro de las condiciones climáticas y del ambiente, la mecanización del trabajo en el campo y los altos índices de pobreza rural, la migración rural hacia las ciudades va a seguir siendo una cuestión importante que abordar, a causa de sus efectos determinantes para el logro de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad rural y urbana.

La pandemia de COVID-19, y las consecuentes medidas de aislamiento y restricciones de movilidad, han acentuado aún más la urgencia de hacer frente a la cuestión de la sobrepoblación urbana y de los asentamiento informales en Centroamérica, donde hay un mayor riesgo de contraer la enfermedad, además de disponer de un acceso reducido a los servicios básico. Fomentar el diseño de políticas integrales que consideren el bienestar de las personas migrantes en sus procesos migratorios hacia las ciudades, los efectos del cambio climáticos y la sobrepoblación urbana es una estrategia necesaria para promover un desarrollo rural y urbano sostenible.   
 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.