La migración como estrategia de adaptación al cambio climático

 

A finales de marzo 2017, la OIM publicó el informe final de un proyecto sobre migración, medio ambiente y cambio climático (MECLEP), el cual concluyó que la migración en muchos casos contribuye a la adaptación al cambio ambiental y climático, ya que permite a los hogares afectados diversificar sus ingresos; mejorar sus oportunidades de empleo, de salud y de educación; y aumentar su preparación para futuros peligros naturales.

Por otra parte, el estudio señala cómo el desplazamiento de personas debido a peligros naturales plantea más desafíos a la adaptación, puesto que a menudo lleva a un aumento de la vulnerabilidad de los desplazados. La encuesta conducida por el MECLEP en Haití confirma los resultados de estudios anteriores (Gütermann y Schneider, 2011; Courbage et al., 2013; Sherwood et al., 2014): el nivel de vulnerabilidad de las personas desplazadas por el terremoto en 2010 aumentó después del terremoto. Muchas de esas personas acabaron viviendo durante muchos años sin servicios tales como agua, alimentos, baños y saneamiento, y sin adecuada protección. Por el contrario, la migración estacional (migración temporal sin cambiar el lugar de residencia permanentemente) resultó ser una estrategia de adaptación positiva en el país.

En consecuencia, una recomendación en materia de políticas que surgió del estudio señala la importancia de hacer todo lo posible para evitar el desplazamiento de personas y, en cambio, facilitar  otras formas de movilidad como la migración estacional aumentando la resiliencia de los hogares a los peligros naturales y disminuyendo el riesgo de desastres.

Otras recomendaciones:

Otro punto importante destacado por la investigación del MECELP se refiere a la reubicación planificada que puede por un lado ser una estrategia exitosa de adaptación y por otro exponer a la población a nuevas vulnerabilidades. Por ejemplo, la investigación de campo realizada en  República Dominicana (enfocada principalmente en la relocalización de la población de Boca de Cachón, Jimaní,  afectada por la crecida del Lago Enriquillo) muestra que la relocalización fue positiva en cuanto le proporcionó acceso a la vivienda a la comunidad, pero  al mismo tiempo la escasez de agua en los nuevos terrenos impidió la agricultura, conllevando una gran pérdida de arraigo. A este respecto, entre las muchas recomendaciones en materia de políticas propuestas por el estudio, se señala la necesidad de formular políticas y diseñar programas de relocalización con enfoque socioterritorial y participación social para poner en práctica medidas de adaptación.

Otras importantes recomendaciones en materia de políticas destacan la necesidad de integrar la migración en la planificación urbana para reducir los retos tanto para los migrantes como para las comunidades de destino y de tener especialmente en cuenta las cuestiones de género y las necesidades de los grupos más vulnerables.

En general, el proyecto MECLEP enfatizó la importancia para los países afectados por el cambio climático de recoger datos y realizar investigaciones sobre el nexo entre migración y cambio climático para formular respuestas políticas adecuadas. Talleres basado en el primer manual de capacitación sobre la temática migración, medio ambiente y cambio climático ayudaron a desarrollar las herramientas para integrar la movilidad humana en planes de adaptación al cambio climático e incluir aspectos del medio ambiente en el borrador de la política migratoria de Haití.

El MECLEP, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la OIM en un consorcio de seis universidades, terminó a finales de Marzo 2017 después de tres años de implementación (enero 2014 – marzo 2017). El proyecto tuvo el objetivo de investigar cómo la migración, el desplazamiento y la reubicación planificada pueden contribuir a la adaptación al cambio ambiental y climático, comparando  datos recogidos en seis países: República Dominicana, Haití, Kenia, la República de Mauricio, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, y es parte del trabajo más amplio de la OIM en el área de migración, medio ambiente y cambio climático. 

Más información:

 

Sobre los autores:

Irene Leonardelli  trabajó como asistente de investigación en el Centro de Análisis de Datos de la OIM (GMDAC) en Berlín. Desde octubre de 2015 hasta marzo de 2017 colaboró en el proyecto MECLEP (Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy). Leonardelli tiene una maestría en migración internacional y cohesión social de la Universidad de Ámsterdam y una licenciatura en antropología cultural en la Universidad de Bolonia.

Guillermo Lathrop es miembro del staff de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, en donde ha trabajado en temas relacionados con el desarrollo económico local. Lathrop colaboró con el proyecto MECLEP en los años 2015 y 2016. Además, fue conferencista en desarrollo regional en el Institute of Social Studies, La Haya, Holanda. Cuenta un posgrado en planificación urbana y regional de la Universidad Católica de Chile. 

 


¿Cómo afectará la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?
Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Laura Thompson

 

No hay duda alguna que la actual pandemia tiene un impacto humanitario, social y económico amplio a corto, mediano y largo plazo, que a su vez puede afectar o retrasar la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a diferentes niveles y de diversas maneras. 

El impacto más evidente, obviamente, es sobre el Objetivo 3, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar. La pandemia ha puesto presiones enormes en los sistemas de salud no sólo con relación al tratamiento y la gestión del virus, sino que además afecta la capacidad de atender a pacientes que tengan otras enfermedades y aumenta el riesgo de complicaciones en poblaciones con estados de salud comprometidos. La pandemia ha puesto mayor visibilidad en la importancia del acceso universal a los sistemas de salud independientemente de la condición migratoria de las personas. Sin embargo, la pandemia también tendrá implicaciones en otros aspectos de la Agenda 2030.

 

Impactos más allá de la salud

La COVID-19 también está impactando negativamente la situación laboral, económica y social de muchos hogares del mundo entero, y sobre su capacidad para enfrentar sus necesidades, inclusive las más básicas.  La crisis económica que los países de la región están enfrentando y el creciente desempleo será determinante en este sentido, puesto que más allá de la pandemia, América Latina y el Caribe cerraron el año 2019 con un 8,1% de desempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Y según proyecciones de la CEPAL, la desocupación laboral subirá a  un 11,5% en la misma región, producto de la contracción de la actividad económica por la COVID-19.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes.  En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informa ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del Objetivo 8 (sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), pero también del Objetivo 1 (la lucha contra la pobreza), el Objetivo 2 (la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición), el Objetivo 5 (la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas), y las metas 5.2, 8.7 y 16.2, sobre la trata y la explotación de personas. La CEPAL recalca además que América Latina y el Caribe sufre ya una caída del -5.3% del PIB, la peor de toda su historia.

Asimismo, esta pandemia podría acentuar las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del Objetivo 10, que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En ese contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado u olvidados en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio. Todo ello a pesar de la enorme contribución que los trabajadores migrantes hacen al funcionamiento de los servicios básicos esenciales en muchos países, como se ha puesto en evidencia durante esta crisis.

Adicionalmente se proyecta una disminución en el monto de las remesas internacionales que, según el Banco Mundial, se reducirían entre un 10% y un 19.3% para el 2020. Las remesas son un componente fundamental en la economía de algunos países de la región, donde pueden a llegar a significar entre el 5% y el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Una reducción importante en las remesas pondría en peligro la capacidad de muchos hogares en esos países de llenar sus necesidades más básicas y su capacidad de invertir en el mejoramiento de la nutrición, la educación y la reducción del trabajo infantil, entre otros, acentuando aún más las desigualdades existentes.

Finalmente, a nivel estatal, debido la desaceleración económica que estamos viviendo y las necesidades urgentes en materia de salud, es muy posible que haya una disminución del gasto social o una reorientación de los recursos disponibles potencialmente en detrimento de la visión más integral contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de nuevo el alcance de objetivos transversales de la Agenda 2030.

 

Recuperación y ODS: el mismo camino

Pero esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que hemos perdido la lucha para alcanzar los ODS. Al contrario, en este momento es esencial trabajar juntos y con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas.

Para esto debemos trabajar desde ahora en asegurar la atención universal de los sistemas de salud y educación; en la reducción de los costos de transferencia de las remesas (tema incluido en el Objetivo 10), como está haciendo ya El Salvador, crear ciudades más resilientes e inclusivas en línea con el Objetivo 11 o fortalecer formas de migración regular para los trabajadores migrantes y condiciones de trabajo decente (Objetivo 8).

El momento es ahora: todas las organizaciones, gobiernos y personas tenemos un papel importante en asegurar que los esfuerzos para que nuestra región latinoamericana y el mundo se recuperen de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 se alineen con la Agenda 2030 y nos aseguremos de no dejar a nadie atrás.