Italianos en Costa Rica: una historia de beneficio mutuo

Migrantes italianos en San Vito

 

En la Italia de 1951, devastada por la Segunda Guerra Mundial y sumida en una grave crisis económica, el almirante Luigi Sansonetti fundó en Roma la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola (SICA), con el objetivo de colonizar 10.000 hectáreas que el Gobierno de Costa Rica había dispuesto para ese fin. Así comenzó una de las historias que mejor ilustra el vínculo entre la migración y el desarrollo en Centroamérica.

Con el apoyo del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (actualmente la OIM), unas 150 familias italianas integrantes de la SICA llegaron a Costa Rica en 1952. Aproximadamente 500 italianos atravesaron el Océano Atlántico para convertirse en colonos en tierras hasta entonces vírgenes y alejadas inclusive de las más remotas carreteras del aún joven país centroamericano.

En su libro “Quemé mis naves en estas montañas”, Vito Sansonetti recuerda cómo se construyeron rudimentarias vías y puentes para poder llevar el aserradero, la planta eléctrica y los abastecimientos hasta la naciente colonia. “El chofer del primer camión dudaba de la firmeza de uno de los puentes”, escribió Sansonetti. “Entonces Giulio Cesare (quien dirigió la construcción) se puso debajo del puente ordenando perentoriamente  '¡Ahora pasa!'. Y el camión pasó”.

En medio de enormes dificultades la colonia creció gracias al cultivo del café y al trabajo incansable de las familias migrantes. En pocos años construyeron escuelas, un dispensario médico, instalaciones para procesar café y una pista de aterrizaje.  La región llegó a constituirse como un cantón bajo el nombre de Coto Brus, que hoy en día cuenta con aproximadamente 40 mil habitantes. La gran mayoría de ellos  son ticos que encontraron en esta región un espacio para prosperar.

Los beneficios de la inmigración italiana en Costa Rica no se limitan al plano económico, sino que  reflejan en un acercamiento genuino entre la cultura italiana y la costarricense. “Hoy podemos ver como en el sur de Costa Rica, especialmente en San Vito de Java, el italiano es obligatorio en algunas escuelas. También está el centro Alighieri que fundó mi padre, y quien decía que este debía servir para el encuentro de las tres culturas: la italiana, la tica y la indígena”, dice Luigi Sansonetti, nieto del almirante fundador de la SICA. Su padre, Vito, creó el Centro Ítalo Costarricense Dante Alighieri en el cual se enseña italiano y además entrega el premio Vito Sansonetti, el cual cada año ofrece la oportunidad a un estudiante de viajar a ese país europeo.

                                                                                   

Luigi Sansonetti en una entrevista para la OIM

El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. En un año en el que más de 7.000 migrantes han perdido la vida, es necesario contar historias como la de estas familias italianas en Costa Rica. Hoy, cuando las migraciones y los desplazamientos forzados han alcanzado picos históricos, y cuando por primera vez en la historia, las Naciones Unidas tienen una agencia exclusiva para las migraciones, es tiempo de contarlas.

¡Feliz Día Internacional del Migrante!

 

 

   Sobre el autor:

Jean Pierre Mora Casasola es comunicador de la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM. Además, se ha desempeñado como asesor en comunicación en diferentes organizaciones sociales y como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo –BID –. Es publicista de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –Ulacit-, cursa actualmente un Bachillerado en Relaciones Internacionales del mismo centro de estudios. Twitter: @jeanpierremora 

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.