Hacia una gobernanza más humana de las migraciones

 

La OIM, en su carácter de organismo de las Naciones Unidas especializado en migraciones, promueve que la migración tenga lugar en forma humana y ordenada, proveyendo servicios y asistencia a gobiernos y migrantes. Como parte de esta misión la OIM aboga y se involucra únicamente en aquellas iniciativas de gobernanza migratoria que representan las mejores soluciones, tanto para las personas migrantes como para sus países y comunidades de origen, tránsito, destino y retorno.

Tomando como base este principio, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) no se involucra, ni participa, ni aboga por ningún tipo de retorno forzado, incluidas las deportaciones.

La deportación es el acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.

Ahora bien, en el ejercicio de su soberanía, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de las personas y a apegarse a la legalidad. En este sentido, las deportaciones, al igual que cualquier otro acto del Estado, deben siempre llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas deportadas.

Pero más allá de la legalidad de la deportación, las políticas migratorias en general -y las deportaciones, en lo particular- deben necesariamente valorar y conciliar el derecho de los Estados, con la protección de los derechos y las libertades individuales de toda persona, sin importar su condición migratoria.

Aunque dicha valoración puede resultar complicada, de ninguna manera debemos considerar que los conceptos de soberanía y de derechos humanos sean mutuamente excluyentes.

No existe una fórmula migratoria mágica o universalmente aplicable para que el Estado ejerza su facultad de retirar a un migrante de su territorio. Pero sí existen, sin embargo, formas efectivas y humanas de hacerlo.

Una buena gobernanza migratoria respeta el derecho soberano de un Estado de decidir quién puede entrar a su territorio, y la exigencia de que quienes entran a él acaten sus leyes y respeten sus costumbres; pero también vela por los derechos de las personas y toma en cuenta los principios de solidaridad y humanidad, al considerar la necesidad de migrar que tienen y han tenido muchas personas a lo largo de la historia en la  búsqueda de una vida mejor para sí mismos y sus familias; de hecho, la estrategia de reducción de la pobreza más antigua que conoce la humanidad ha sido la migración.

Una deportación indiscriminada deja de lado el segundo elemento de este escenario más humano para la migración.

Para OIM, la decisión de deportar o no a una persona debe contemplar, entre otros elementos, los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, o la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estos elementos adicionales son, entre otros derechos y principios, el derecho al debido proceso, el derecho a la unidad familiar, el principio de “non refoulement (no devolución)”, el principio del interés superior del niño y de la niña, el arraigo de la persona en el país de destino, el historial de respeto a la ley, los aportes a las comunidades de acogida y los principios de protección humanitaria.

Además, existen muchas formas mediante las cuales los gobiernos pueden acercarse a una gobernanza más humana de las migraciones como por ejemplo descriminalizar la migración irregular, abrir procesos de regularización para los migrantes que cumplan ciertos requisitos o adoptar leyes que permitan doble nacionalidad y visas de múltiples entradas son algunas de las aproximaciones a este escenario.

También existen los programas de retorno voluntario asistido con reintegración, los cuales salvaguardan la dignidad y los derechos de los migrantes al concretar los retornos, al tiempo que vinculan el regreso de los migrantes al desarrollo de sus comunidades de origen y previenen la reincidencia de la migración irregular. Desde 1979 la OIM ha asistido el retorno voluntario de 1,3 millones de migrantes a sus países de origen.

Alcanzar una gobernanza humana de las migraciones no es solamente un imperativo ético, sino también una necesidad para el crecimiento de los países de origen y destino y un llamado urgente a que se reconozcan los múltiples beneficios de una migración ordenada y humana.

 

 

   Sobre el autor:

Marcelo Pisani es el Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El Sr. Pisani cuenta con 18 años de experiencia en administración de proyectos, asesoría para la generación de políticas públicas, y en otras áreas vinculadas con la superación de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Anteriormente fue Jefe de Misión       de la OIM en Colombia y en Zimbabue, y trabajó en el Banco Mundial y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 


¿Cómo afectará la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?

¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?
Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Laura Thompson

 

No hay duda alguna que la actual pandemia tiene un impacto humanitario, social y económico amplio a corto, mediano y largo plazo, que a su vez puede afectar o retrasar la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a diferentes niveles y de diversas maneras. 

El impacto más evidente, obviamente, es sobre el Objetivo 3, el cual busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar. La pandemia ha puesto presiones enormes en los sistemas de salud no sólo con relación al tratamiento y la gestión del virus, sino que además afecta la capacidad de atender a pacientes que tengan otras enfermedades y aumenta el riesgo de complicaciones en poblaciones con estados de salud comprometidos. La pandemia ha puesto mayor visibilidad en la importancia del acceso universal a los sistemas de salud independientemente de la condición migratoria de las personas. Sin embargo, la pandemia también tendrá implicaciones en otros aspectos de la Agenda 2030.

 

Impactos más allá de la salud

La COVID-19 también está impactando negativamente la situación laboral, económica y social de muchos hogares del mundo entero, y sobre su capacidad para enfrentar sus necesidades, inclusive las más básicas.  La crisis económica que los países de la región están enfrentando y el creciente desempleo será determinante en este sentido, puesto que más allá de la pandemia, América Latina y el Caribe cerraron el año 2019 con un 8,1% de desempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Y según proyecciones de la CEPAL, la desocupación laboral subirá a  un 11,5% en la misma región, producto de la contracción de la actividad económica por la COVID-19.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes.  En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informa ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del Objetivo 8 (sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), pero también del Objetivo 1 (la lucha contra la pobreza), el Objetivo 2 (la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición), el Objetivo 5 (la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas), y las metas 5.2, 8.7 y 16.2, sobre la trata y la explotación de personas. La CEPAL recalca además que América Latina y el Caribe sufre ya una caída del -5.3% del PIB, la peor de toda su historia.

Asimismo, esta pandemia podría acentuar las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del Objetivo 10, que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En ese contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado u olvidados en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio. Todo ello a pesar de la enorme contribución que los trabajadores migrantes hacen al funcionamiento de los servicios básicos esenciales en muchos países, como se ha puesto en evidencia durante esta crisis.

Adicionalmente se proyecta una disminución en el monto de las remesas internacionales que, según el Banco Mundial, se reducirían entre un 10% y un 19.3% para el 2020. Las remesas son un componente fundamental en la economía de algunos países de la región, donde pueden a llegar a significar entre el 5% y el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Una reducción importante en las remesas pondría en peligro la capacidad de muchos hogares en esos países de llenar sus necesidades más básicas y su capacidad de invertir en el mejoramiento de la nutrición, la educación y la reducción del trabajo infantil, entre otros, acentuando aún más las desigualdades existentes.

Finalmente, a nivel estatal, debido la desaceleración económica que estamos viviendo y las necesidades urgentes en materia de salud, es muy posible que haya una disminución del gasto social o una reorientación de los recursos disponibles potencialmente en detrimento de la visión más integral contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de nuevo el alcance de objetivos transversales de la Agenda 2030.

 

Recuperación y ODS: el mismo camino

Pero esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que hemos perdido la lucha para alcanzar los ODS. Al contrario, en este momento es esencial trabajar juntos y con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas.

Para esto debemos trabajar desde ahora en asegurar la atención universal de los sistemas de salud y educación; en la reducción de los costos de transferencia de las remesas (tema incluido en el Objetivo 10), como está haciendo ya El Salvador, crear ciudades más resilientes e inclusivas en línea con el Objetivo 11 o fortalecer formas de migración regular para los trabajadores migrantes y condiciones de trabajo decente (Objetivo 8).

El momento es ahora: todas las organizaciones, gobiernos y personas tenemos un papel importante en asegurar que los esfuerzos para que nuestra región latinoamericana y el mundo se recuperen de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 se alineen con la Agenda 2030 y nos aseguremos de no dejar a nadie atrás.