Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres

Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres

Los desastres debidos a peligros naturales tienen un alto costo para el bienestar y la seguridad de las personas, comunidades y países. Estos desastres tienden a verse exacerbados por el cambio climático y están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que impide significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible, especialmente para los países más expuestos.

Es fundamental anticipar, planificar y reducir el riesgo de desastres para proteger de manera más efectiva a las personas, comunidades y países, sus medios de vida, salud, patrimonio cultural, activos socioeconómicos y ecosistemas, y así fortalecer su resiliencia.

Según un estudio reciente de la OIM sobre movilidad humana y la agenda climática en las Américas, los países de la región han avanzado en la integración de la movilidad humana en las políticas y planes nacionales y regionales para la reducción del riesgo de desastres, así como en otras áreas relacionadas, como cambio climático, planificación del desarrollo, política agrícola y vivienda.

Sin embargo, en muchos casos, las poblaciones más vulnerables son excluidas de contribuir a las políticas y planes de gestión del riesgo de desastres, sufriendo así de manera más desproporcionada cuando éstos ocurren.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que establece una serie de principios rectores para los Estados y otras partes interesadas en la reducción del riesgo de desastres, subraya la importancia de la gestión inclusiva en la reducción del riesgo de desastres: "Tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastres más amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del riesgo de desastres deben contemplar amenazas múltiples y ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces.”

Si bien los gobiernos tienen un papel principal y reglamentario que desempeñar, deben involucrarse con diferentes grupos, incluidos mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes, pueblos indígenas y otras comunidades a la hora de diseñar e implementar políticas, planes y estándares.

El marco señala las siguientes oportunidades:

  • Las personas migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades y sociedades y sus conocimientos, aptitudes y capacidades pueden ser de utilidad en el diseño y la aplicación de las medidas de reducción del riesgo de desastres;
  • Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de desastres y para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos específicos, teniendo en consideración, entre otras cosas, los principios del diseño universal;
  • Los niños, niñas y adolescentes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades para contribuir a la reducción del riesgo de desastres
  • La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten medidas de creación de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante los desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar medidos alternativos de vida en situaciones posteriores a los desastres;
  • Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una contribución importante al desarrollo y ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;
  • Las personas de edad tienen años de conocimientos, aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables para reducir el riesgo de desastres, y deben ser incluidas en el diseño de las políticas, planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;

La inclusión de personas migrantes y otras comunidades también puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, avanzar una agenda integrada, fortalecer las redes locales y expandir la base de gobernanza de la migración y el cambio climático.

Para convertir estas palabras en acciones, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés) desarrolló una guía para implementar el Marco de Sendai, ofreciendo orientación práctica para ayudar a las autoridades gubernamentales a integrar el desplazamiento por desastres y otras formas relacionadas de movilidad humana en las estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel local y regional.

De manera similar, la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC por sus siglas en inglés) desarrolló una serie de Principios, Directrices y Prácticas para fortalecer la acción local, nacional, regional e internacional para proteger mejor a los migrantes en países que experimentan conflictos o desastres naturales. Las Directrices brindan recomendaciones sobre cómo la migración puede contribuir a la resiliencia, la recuperación y el bienestar de las comunidades y sociedades afectadas. Estos incluyen prácticas para la implementación, como el aprendizaje de migrante a migrante, planes de contingencia regionales y transfronterizos y sistemas de alerta de crisis.

Si bien los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones científicas y de investigación, las comunidades y las empresas pueden trabajar más estrechamente para crear oportunidades de colaboración, los derechos de los grupos vulnerables siempre deben contemplarse como parte de estrategias integrales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.


Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica

Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica
Categoria: Migración Laboral
Autor: Autor Invitado

Las personas migrantes se enfrentan con diversos retos cuando se establecen en su país destino, entre ellas, su inserción laboral. Estudios como el de CEPAL indican que quienes se encuentran irregularmente en otro país son quienes suelen tener las peores condiciones laborales y en trabajos de baja calificación, e incluso si se encuentran en condición regular, en algunos países perciben salarios por debajo del promedio de las personas nacionales.

Para entender mejor las condiciones laborales de las personas migrantes de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en conjunto con la OIM y ACNUR, desarrolló un Estudio de línea base sobre migración y desplazamiento en la región del SICA, donde se abordan, entre otros temas, la discriminación laboral. En el estudio se indica como un hallazgo relevante que la explotación laboral muchas veces no es conceptualizada como una violación a los derechos humanos, sino apenas como una falta administrativa, lo que evita la penalización correspondiente y facilita que se perpetúe el problema.

De acuerdo con el estudio, otra de las consecuencias de la precarización del trabajo para la mayoría de las personas migrantes en la región es la falta de acceso a la seguridad social. Esto se debe por un lado a la dificultad de cubrir su costo económico, pues primero necesitan regularizar su estatus migratorio, lo cual implica gastos. Y por otro, porque mientras “más informal” sea un trabajo, menos probabilidades hay de afiliación al seguro social.

La legislación y condiciones de trabajo de las personas varía de país en país, por lo que para atender los desafíos de la migración laboral, el estudio de SICA, OIM y ACNUR propone varias líneas de acción para que los Estados puedan abordar de manera conjunta y comprehensiva la integración de este tipo de flujo migratorio en términos de personas en condición irregular, discriminación laboral, seguridad social  e integración regional. Algunas de las acciones recomendadas en el estudio son:

Para desestimular la migración laboral irregular

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la OIT (núm. 97) y del Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (núm. 143), así como adoptar las Recomendaciones sobre las Estadísticas de Migración de la OIT (núm. 19).

• Analizar los mercados laborales nacionales para identificar áreas con déficit o superávit de personal capacitado.

• Fortalecer la recopilación e intercambio de información sobre las necesidades de los mercados laborales, con variables regionales homologadas.

 

Para abordar la discriminación laboral

• Implementar políticas contra la discriminación y la xenofobia.

• Fortalecer los instrumentos para asegurar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

• Promover mecanismos de integración social, laboral, cultural de las personas migrantes en los países de destino.

 

Para facilitar el acceso a la seguridad social y a la protección de las personas migrantes

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio Multilateral de Seguridad Social.

• Promover legislaciones internas que protejan el derecho a la seguridad social de las personas migrantes.

• Diseñar esquemas de seguridad social que respondan a las necesidades particulares de las personas migrantes y sus familiares.

 

Para facilitar la integración regional de la migración laboral

• Facilitar el intercambio de información migratoria laboral entre países de la región.

• Impulsar mecanismos (o incluir espacios en los acuerdos de movilidad ya existentes) que permitan la movilidad laboral intrarregional.

 

Además de estos puntos de acción, el estudio incluye aportes para abordar la discriminación laboral específicamente con migrantes indígenas y población LGBTI+, quienes pueden sufrir una precarización mayor de sus condiciones laborales. Esta información se puede acceder en este link.