Empoderamiento de la mujer en el Caribe a través de la migración

Empoderamiento de la mujer en el Caribe a través de la migración

 

No es posible comprender la región del Caribe sin tener en cuenta la temática de la migración y sus efectos. Esta región ha experimentado, y sigue experimentando, importantes flujos migratorios que han contribuido a la configuración de las sociedades caribeñas. La feminización de la migración, la emigración de profesionales cualificados hacia los países desarrollados y la migración intrarregional son algunas de las tendencias actuales en la región.

Una investigación realizada recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional para las Migraciones sobre “El empoderamiento de la mujer y la migración en el Caribe” indican que “la migración representa una oportunidad para empoderar a las mujeres e impulsar su autonomía”. En otras palabras, las condiciones y las situaciones personales de las mujeres se muestran como factores determinantes para formar sus vidas tanto en los países de origen, como en los de tránsito o destino, y al mismo tiempo determinarán la naturaleza de sus procesos migratorios.

Esto es, sin duda, un punto que hay destacar porque una gran cantidad de población de los países del Caribe habita en Canadá (365 000), en España (280 000) y en República Dominicana (365 000); y también porque de los 4 millones de migrantes caribeños que vivían en Estados Unidos en 2013, aproximadamente 55 % eran mujeres.  Además, en países como Antigua y Barbuda, Belice, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, las mujeres representan más del 50 % de los migrantes, y en el caso de Barbados las mujeres constituyen el 60 % de la población migrante.

El concepto de empoderamiento es difícil de definir, así como la evaluación de su impacto sobre la migración. Las Naciones Unidas desarrolló cinco componentes esenciales para explicar el empoderamiento de la mujer: el sentido de autoestima de las mujeres; su derecho ejercer y determinar opciones; su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos; su derecho a poder controlar sus propias vidas, tanto dentro del hogar como fuera de este; y su capacidad para determinar la orientación del cambio social para crear un orden económico y social más justo a nivel nacional e internacional. 

De hecho, el verdadero empoderamiento solo tendrá lugar si a las mujeres se les brinda la oportunidad de migrar a través de los canales regulares, tener acceso a empleos dignos, desarrollar competencias profesionales, y de beneficiarse de las disposiciones de admisión de las políticas de inmigración, así como del contexto socioeconómico de los países receptores. Ahora bien, si las mujeres se ven obligadas a migrar de manera irregular, ellas podrían estar sujetas a diferentes vulnerabilidades, abusos y violaciones de sus derechos humanos. Además, el miedo que tienen a ser arrestadas, detenidas o deportadas les impide recurrir a los servicios sociales o de salud.

Según las tasas de participación en el mercado laboral del Caribe, la disparidad de género en el mercado laboral sigue siendo un motivo de gran preocupación, ya que que los hombres están más activos que las mujeres en el mercado laboral. Muchas mujeres tienen empleos domésticos, por lo general donde no tienen acceso a servicios sociales básicos, y en otros casos desempeñan empleos mal remunerados como proveedoras de cuidado. Sin embargo, en otras profesiones como enfermería, medicina y docencia al extranjero, las mujeres de origen caribeño suelen migrar a los países más desarrollados principalmente por la alta demanda en estos sectores y por oportunidades de empleo mejor remuneradas.

La migración y el empoderamiento de la mujer están relacionados en cada etapa del proceso migratorio. Existen claros indicios de que la migración no solo aporta grandes beneficios para las mujeres en términos de independencia financiera, pero también en la distribución de tareas domésticas. Así como lo demuestra la investigación de la CEPAL y de la OIM: “Cuando los hombres migraron de primero y vivieron en el extranjero por un tiempo antes que sus esposas se juntaran con ellos; una vez reunidos, estos aprendieron a realizar tareas domésticas y estaban más dispuestos a ayudar a sus esposas”.

Las mujeres, independientemente de su condición migratoria, poseen derechos y los Estados son los responsables de asegurar el respeto a estos derechos. La situación migratoria actual del Caribe genera muchas interrogantes, oportunidades y desafíos, pero todavía carece de políticas y acuerdos de igualdad de género. Es por eso que el estudio previamente mencionado presenta un conjunto de recomendaciones específicas para los países de tránsito y destino, incluyendo los del Caribe, el sector privado y la comunidad internacional.

Si usted está interesado en aprender más acerca de las recomendaciones propuestas por el estudio “El empoderamiento de la mujer y la migración en el Caribe”, las puede encontrar aquí.

 

Sobre el autor:

Gustavo Segura apoya como pasante a la Unidad de Comunicaciones de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Es comunicador y politólogo de la Universidad Lumière Lyon 2, y posee una Maestría en Relaciones Internacionales con enfoque en Cooperación Internacional y América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.