Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.


7 recomendaciones para promover la inclusión de las personas migrantes en las comunidades receptoras a través de actividades sociales y culturales.

Categoria: Pacto Mundial sobre Migración
Autor: Carlos Escobar

La promoción de actividades sociales y culturales como mecanismo para fomentar la interacción entre personas migrantes y comunidades receptoras con el objetivo de avanzar en la construcción de sociedades más justas y pacíficas, es en la actualidad una temática de especial interés dentro de los estudios, políticas y programas sobre inclusión[i] migrante y cohesión social[ii].

Tomando como referencia la Teoría de Contacto Intergrupal (IGCT por sus siglas en inglés), diferentes investigaciones sostienen que la interacción de personas de lugares y contextos diferentes, bajo las circunstancias correctas, favorece la confianza y el cambio de percepciones xenófobas o discriminatorias. De esta manera, acuerdos intergubernamentales[iii] como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, han integrado esta perspectiva dentro de su cuerpo teórico y conceptual. En particular, el objetivo 16 “Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social”, plantea la necesidad de crear centros o programas comunitarios a nivel local para facilitar la participación de las personas migrantes en la sociedad receptora procurando que migrantes, miembros de la comunidad, organizaciones de la diáspora,  asociaciones de migrantes y autoridades locales, participen en el diálogo intercultural, el intercambio de experiencias, los programas de mentoría y la creación de vínculos empresariales que mejoren los resultados de la integración y fomenten el respeto mutuo.

A partir del análisis y revisión de distintas investigaciones, la OIM, en su publicación
The Power of Contact: Designing, Facilitating and Evaluating Social Mixing Activities to Strengthen Migrant Integration and Social Cohesion Between Migrants and Local Communities - A Review of Lessons Learned, propone una serie de recomendaciones, basadas en evidencia empírica, para incentivar la participación de las personas migrantes y las comunidades receptoras en actividades sociales y culturales.

1). Diversión y orientación hacia objetivos

Diseñar e incorporar actividades divertidas y emocionantes conduce a un ambiente más ligero y acogedor para que la gente se conozca, interactúe y cree vínculos sociales. Al mismo tiempo, establecer objetivos comunes, que ninguno de los grupos pueda alcanzar sin la participación del otro (interdependencia cooperativa), hace que las actividades sean más atractivas y participativas.

2). Apreciación mutua

Las personas participantes deben comprender, reconocer y apreciar la cultura, tradiciones e historia, como parte del proceso para salvar las diferencias, maximizando los puntos fuertes de cada uno e identificando aquellos que tienen en común. Es importante que todos los individuos estén en la capacidad de identificar cómo sus contribuciones pueden llegar a tener un impacto positivo en la consecución de los objetivos comunes.

3). Propiedad compartida

La participación de las personas migrantes y de las comunidades locales en todas las fases de las actividades aumentará su participación. Esta apropiación les empodera, eleva su autoestima y abre nuevas oportunidades de responsabilidad y compromiso.

4). Reflexión guiada

Los diálogos y actividades que permiten un cierto grado de reflexión ayudan a crear un ambiente que se percibe como de confianza, amistoso y cálido. Procesar la información y compartir historias personales y sensibles, que pueden evocar recuerdos, son de suma importancia en la medida que estén guiadas y acompañadas cuidadosamente por los (as) facilitadores o los miembros del proyecto.

5). Supervisión y facilitación de confianza

Aquellas personas responsables de las interacciones del grupo, como líderes de equipo, facilitadores, personal de proyectos o planificadores de eventos, deben desempeñar un papel activo en pro de la igualdad dentro las relaciones intergrupales y crear un ambiente inclusivo para todos y todas. Este esfuerzo deliberado es crucial para superar la tendencia natural de las personas participantes a agruparse en función de sus características y estatus más destacados.

6). Intervención sostenida y regular

No hace falta decir que cuanto más frecuente, prolongada e intensiva la participación, mejor será la actitud de cada individuo hacia los demás. Esto significa adoptar un enfoque que replantee el papel de las personas participantes, que a su vez definirán las necesidades de sus comunidades y, finalmente, tomarán parte en el diseño y organización de las intervenciones adecuadas.

7). Apoyo institucional y asociación

El apoyo de instituciones como gobiernos locales, medios de comunicación, agencias gubernamentales y organizaciones intermediarias, es fundamental para promover y facilitar los esfuerzos constructivos para fortalecer las relaciones intergrupales. La coordinación de estas instituciones crea un sistema que puede proporcionar recursos e incentivos para promover y fortalecer y fortalecer las relaciones intergrupales.

Las actividades sociales y culturales, entendidas como una estrategia de intervención programática para facilitar la inclusión de las personas migrantes en las comunidades receptoras, resultan importantes en la medida que ofrecen espacios de interacción no institucionales, en donde a través del contacto humano espontáneo, se construyen vínculos sociales basados en experiencias, historias, emociones y trayectorias de vida de las personas participantes. Esto facilita la generación de confianza entre los individuos, mayores grados de cohesión social y por supuesto, una convivencia pacífica en las comunidades, entendida esta no sólo como la ausencia de conflictos, sino también, como un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y se solucionan los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, a través de la aceptación de las diferencias, la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás. (ONU, 2021).


[i] La inclusión entraña un proceso de adaptación mutua de los migrantes y las comunidades de acogida. El grado de inclusión de los migrantes depende de cada persona en particular y del contexto en que tiene lugar la adaptación. Entre los factores que influyen en el proceso de inclusión de los migrantes figuran sus características demográficas y personales (como la edad, el género, el nivel de instrucción y el conocimiento del idioma), las redes sociales, y la agencia o capacidad de actuación de cada uno (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, pág., 204).

[ii] En términos generales, la cohesión social puede definirse a través de las nociones de "solidaridad", "unión", "tolerancia" y "coexistencia armoniosa ". No está necesariamente relacionada con la migración y los inmigrantes, sino que se trata más bien de los lazos que unen a una comunidad a través de la confianza y las normas sociales comunes (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, pág., 202).

[iii] La Agenda 2030 también habla de la necesidad de trabajar en la inclusión de las personas migrantes, pero desde una perspectiva jurídica y de participación política, más específicamente en su Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, en sus metas 16.9 y 16.7.