Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.


¿Qué hace que los migrantes sean vulnerables a la violencia basada en género?

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Autor: Jacinta Astles

Un número cada vez mayor de mujeres está migrando de manera independiente de Centroamérica y el Caribe. Las mujeres representan el 58.9 por ciento de las personas migrantes de los países del Caribe y el 50.3 por ciento de Centroamérica. Migrar al extranjero ofrece una variedad de oportunidades y desafíos potenciales, que se ven impactados por el género de una persona de formas complejas y multifacéticas.

El género y la migración son factores de intersección que se afectan mutuamente. La migración puede tener efectos positivos y negativos en las personas migrantes dependiendo de sus características y condiciones individuales. Del mismo modo, el género de un individuo influye en su experiencia de migración, incluyendo los riesgos y vulnerabilidades involucrados en su viaje.

La migración tiene el potencial de crear consecuencias positivas y contribuir al empoderamiento de las mujeres. Puede ofrecer oportunidades para obtener mayores ingresos y propiedad de activos, mejorar la autoestima, y fomentar el poder de decisión y nueva autonomía. Por otro lado, la intersección del género y la migración puede producir resultados negativos, como múltiples formas de discriminación, explotación y estigmatización. La migración también puede ofrecer a mujeres y niñas la oportunidad de escapar de situaciones de violencia basada en género (VBG) en sus países de origen.

La violencia basada en género es un término que cubre cualquier acto dañino que se perpetra contra la voluntad de una persona y que se basa en diferencias socialmente atribuidas a hombres y mujeres (es decir, de género). Puede ser físico, sexual, emocional, verbal, financiero y / o psicológico. Puede ocurrir en público o en privado y las personas de todos los géneros pueden ser víctimas. Afecta desproporcionadamente a las mujeres, las niñas y las personas con identidad de género diversa u orientación sexual diversa (LGBTI) debido a las desigualdades de género subyacentes. En todo el mundo, se estima que una de cada tres mujeres sufrirá abuso físico o sexual en su vida.

La VBG puede ser un factor que impulsa la migración desde los países de origen. Según un informe de Support Kind (2018), la violencia de género perpetrada por miembros de la familia, pandillas y narcotraficantes obliga a muchas mujeres, niñas y personas LGBTI a abandonar El Salvador, Guatemala y Honduras. La violencia de género, en particular la violencia sexual, se utiliza para mantener el control sobre los territorios y las poblaciones, ya que los miembros de las pandillas castigan a las mujeres, las niñas y sus familias por no cumplir con sus demandas. Un promedio de menos del 10 por ciento de los casos de violencia de género en la región resulta en condenas. Como no pueden obtener protección en sus países, muchas mujeres, niñas y personas LGBTI migran en busca de condiciones de vida más seguras.

La migración no causa VBG. Sin embargo, durante su viaje, algunas personas migrantes enfrentan situaciones en las que son más vulnerables a la violencia. Numerosos factores influyen en los riesgos y vulnerabilidades de una persona a lo largo de su viaje de migración. Junto con el género, un factor clave es si la ruta de migración es segura y regular.

Las rutas de migración inseguras o irregulares aumentan los riesgos de violencia basada en género, incluida la trata de personas. Las mujeres migrantes, las niñas y las personas LGBTI son seleccionadas como blanco de manera desproporcionada  por tratantes de personas. Según el Informe sobre la trata de personas de 2019, los tratantes en el Caribe se dirigen a las mujeres migrantes particularmente de Jamaica, Guyana y la República Dominicana. En Costa Rica, las personas LGBTI, particularmente las personas transgénero, son vulnerables a tratantes para explotación sexual. Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de la trata sexual y la servidumbre doméstica.

En su destino y para aquellos que regresan a sus países de origen, otros factores influyen en su vulnerabilidad a la violencia de género, incluyendo la inseguridad financiera, el conocimiento de sus derechos legales y las habilidades de idiomas.

Las normas de género y las relaciones desiguales de poder son las causas fundamentales de la VBG contra las mujeres y las niñas, así como contra los hombres y los niños y las personas de diversas identidades de género. Los perpetradores buscan explotar las desigualdades para ejercer poder, coaccionar y engañar a sus víctimas. Reconocer estas causas es fundamental para desarrollar intervenciones efectivas.

Una de las estrategias presentadas por el Pacto Mundial sobre Migración (PMM) aborda tanto las desigualdades de género como la violencia de género a través de leyes laborales nacionales, políticas de empleo y programas. Este enfoque reconoce la independencia, el liderazgo de las mujeres y busca reducir su vulnerabilidad al aumentar su acceso a los mercados laborales.

Según el PMM, los países deben garantizar que se respeten los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todas las etapas de la migración, que se comprendan y satisfagan adecuadamente sus necesidades específicas, y que se los empodere como agentes de cambio.

Estas iniciativas deberían complementarse con medidas para apoyar a las víctimas y garantizar el enjuiciamiento efectivo de los delitos.

Una gobernanza de la migración basada en los derechos humanos y sensible al género es crucial para reducir la violencia basada en género. Hay que asegurar que la vida de todas las personas migrantes estén protegidas y que tengan acceso a la justicia para reducir sus vulnerabilidades y cambiar la cultura de impunidad en la que los perpetradores creen que no enfrentarán castigo.

La violencia basada en género puede causar consecuencias para la salud física y mental a corto, mediano y largo plazo para los sobrevivientes. Es importante comprender cómo el género se interseca con la migración y abordar las causas profundas de la VBG a través de un enfoque sensible al género y basado en los derechos humanos para crear una mayor igualdad y dignidad humana en toda la región.