Cuatro oportunidades para fortalecer la proyección de la OCAM

Cuatro oportunidades para fortalecer la proyección de la OCAM

 

El día 15 de Noviembre de este año, en la Ciudad de Guatemala, se celebró la XLV Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamérica de Directoras y Directores de Migración (OCAM), organismo adscrito al Sistema de Integración Centroamericano (SICA)  que fue creado en octubre de 1990, en San José, Costa Rica, a solicitud de los Presidentes Centroamericanos en el marco del Plan de Acción Económico de Centroamérica (PAECA) y que convoca a las autoridades migratorias de la región, incluyendo a Panamá, México y República Dominicana.

En la reunión se discutieron asuntos claves para la región en el tema migratorio. Me llamó positivamente la atención que estos abarcaron un amplio espectro de las migraciones, desde la migración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta lo relacionado con la libre circulación de las personas, la innovación y la creación de oportunidades en lugares de expulsión y el retorno voluntario de migrantes, entre otros.

La apertura estuvo a cargo del Sr. Vicepresidente de Guatemala Jafeth Cabrera Franco, quien desatacó el reto que representan las maras en la región, así como  la necesidad de seguir trabajando para que se implemente el Plan Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte. El cierre del evento estuvo a cargo de la Sra. Gilda Patricia Marroquín de Morales, 1era Dama de la Nación, quien destacó la necesidad de trabajar en los lugares de expulsión de migrantes. La presencia de estas altas autoridades revela la importancia que tiene el tema migratorio para el Gobierno de Guatemala.

Por mi parte, quisiera desatacar 4 oportunidades de proyección regional y continental que tiene la OCAM:

1. Una Política Migratoria Integral en la región. A nivel regional destacaría la aprobación de la Política Migratoria Regional Integral a la que se ha decidido incluir lineamientos sobre protección y asistencia ante crisis migratorias. Tema que complementa una base de directrices que conforman una visión integral y que permitirá trabajar la migración a diferentes niveles, convirtiéndose en la hoja de ruta de los países de la región. Esperamos que esta Política Migratoria Regional sea aprobada en la cumbre de presidentes que está programada para finales de este año.

2. Mecanismos de interacción entre la OCAM y la RIAM. Un segundo reto que facilitará la construcción de una agenda migratoria continental es la definición de mecanismos de interacción entre la OCAM y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), cuya Presidencia Pro-tempore fue recientemente traspasada de Panamá a Perú, país que organizara un próximo encuentro durante el año 2018. En su 5ta edición, la RIAM ha generado un interesante intercambio de buenas prácticas, pero debe avanzar en la identificación y coordinación de acciones en temas concretos. Temas de interés continental tales como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de Personas y la protección humanitaria de migrantes en situaciones de emergencias, por citar algunos.

3. Participación en la construcción del Pacto Mundial Sobre Migración. La OCAM se ha planteado la necesidad de apropiarse y participar activamente en la construcción de la agenda global sobre migraciones a través del Pacto Mundial sobre Migración (PMM).

En cuanto al PMM quiero destacar la participación de las autoridades migratorias en las consultas nacionales de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Los resultados de estas consultas serán enviados al despacho de la embajadora. Louis Arbour, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el PMM.

El próximo año tenemos el reto de trabajar desde la OCAM en la construcción de los documentos y acuerdos que darán vida al PMM y que será aprobado en septiembre del 2018 por la Asamblea de General de la ONU. Es sin duda el PMM la herramienta más importante con que contaremos para asegurar una adecuada gobernanza de las migraciones, fortalecer la cooperación entre los países y el respeto de los DDHH de los migrantes, independientemente de su condición migratoria.

4. Vinculación con el desarrollo global a través de los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o “la Agenda 2030” son  herramienta más relevante en la actualidad para construir una sociedad más justa e inclusiva y alcanzar la prosperidad mientras se protege el planeta. El tema migratorio es transversal en varios de los 17 objetivos, sus metas e indicadores, pero es de particular importancia el Objetivo 10: “Reducción de las desigualdades”, con su Meta 10.7: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” y que incluye como indicador 10.7.2: “Número de países que han implementado políticas de migración bien gestionadas”.

En ese sentido, los ODS ofrecen a los países de la región y a la OCAM la oportunidad de conectarse al desarrollo desde una perspectiva global. Lo  anterior se logra a través de un adecuado seguimiento de la Agenda 2030, en el cual las autoridades migratorias de la región están llamadas a disponer de datos de calidad que permitan guiar la construcción de políticas y programas pertinentes, así como también a crear e interactuar en los sistemas y sub-sistemas institucionales que aseguren una adecuada coordinación a nivel central y local incluyendo a otros actores sociales como son la sociedad civil, la academia y la empresa privada. La OIM por su parte reitera su compromiso de seguir brindando apoyo en estos procesos y pone al servicio de los países herramientas como el Índice de Gobernanza Migratoria que permite evaluar procesos en favor de una mejor gobernanza migratoria.

La reunión de la OCAM de este año fue un éxito y quedan muchos retos y oportunidades por delante, lo que nos motiva a seguir trabajando para que las migraciones sean el resultado de una decisión voluntaria, se hagan de manera regular y que sea un factor activo promotor del desarrollo en la región. 

 

 

   Sobre el autor:

Marcelo Pisani es el Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El Sr. Pisani cuenta con 18 años de experiencia en administración de proyectos, asesoría para la generación de políticas públicas, y en otras áreas vinculadas con la superación de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Anteriormente fue Jefe de Misión       de la OIM en Colombia y en Zimbabue, y trabajó en el Banco Mundial y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 


Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.