Contribuyendo al diseño e implementación de políticas migratorias basadas en evidencia: El uso de registros administrativos sobre migración en Centroamérica, México y el Caribe

Contribuyendo al diseño e implementación de políticas migratorias basadas en evidencia
 
Las políticas migratorias sustentadas en evidencia son un componente fundamental de una buena gobernanza migratoria. Información y datos, por un lado, y políticas sustentadas en ellos, son elementos esenciales para el cumplimiento de las metas 10.7 y el 17.18 de la Agenda 2030. Al respecto, estudios recientes advierten múltiples desafíos para asegurar la disponibilidad de datos e información actualizada y útil sobre migraciones. Además, estos estudios coinciden en señalar que aún persisten limitaciones en la coordinación entre países (y en ocasiones entre instituciones a lo interno de un mismo país) para facilitar el intercambio de datos e información en esta materia.
 
¿Han habido avances en la generación y uso de información sobre migración a nivel internacional?

El interés internacional por la generación, recolección y uso de datos estadísticos sobre migración no es reciente. Desde finales del siglo XIX se registran importantes reuniones para abordar la necesidad de contar con estadísticas de migración internacional. En 1891, durante el congreso del Instituto Internacional de Estadística (IIE) en Viena, se realizaron reuniones para discutir la redacción de una definición uniforme de migrante internacional. En la reunión del IIE en Budapest en 1901, se subrayó la necesidad de una distinción entre los fines estadísticos de la emigración permanente y temporal. Con el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas surge un nuevo periodo de avances en materia de generación y armonización de estadísticas sobre migración, teniendo especial relevancia el trabajo de la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES).

Este interés por contar con estadísticas confiables y comparables sobre migración a nivel internacional se ha traducido en una serie de guías, estándares y modelos recientes en materia de generación, recolección y análisis de datos, siendo uno de los más recientes y completos el “Manual para mejorar la producción y el uso de datos de migración para el desarrollo” del Grupo Global sobre Migración (2017). Este documento fue generado en el marco de la iniciativa Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) del Banco Mundial, y tiene como objetivo ayudar a los Estados Miembros en la recopilación, tabulación, análisis, difusión y uso de los datos de migración, y por lo tanto contribuir a monitorear la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 
Un nuevo aporte de la OIM

En este escenario, el proyecto Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe propuso la realización del estudio titulado “Características del proceso de recolección y uso de los registros administrativos sobre migración en Centroamérica, México y el Caribe”. Este estudio tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de generación, sistematización y acceso a información y datos relativos a las migraciones en doce países de Mesoamérica y el Caribe, a saber: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucia y Surinam.

¿Qué son los registros administrativos sobre migración?

Los registros administrativos en materia migratoria son un sistema de recopilación de datos, dedicado al registro de los hechos/eventos (por ejemplo, el traslado) que experimenta cada uno de los individuos de una comunidad. En ellos se inscriben características (demográficas, migratorias, socioeconómicas…) de la totalidad o de una parte de la población.

En materia de medición de migración internacional, este tipo de fuente de datos suele incluir registros de:

- Entradas y salidas internacionales de personas
- Población
- Extranjeros/as
- Autorizaciones de trabajadores/as migrantes
- Solicitantes de asilo
- Permisos de residencia, de trabajo, de estudio, de salida;
- Otorgamiento de radicaciones
- Registros consulares de nacionales en el exterior
- Otros: visados, pasaportes, etc.
 
 
Principales conclusiones del estudio:
  • Los países incluidos en esta investigación están avanzando (con distinto grado de capacidad) en el desarrollo de capacidades institucionales para la recolección, procesamiento, difusión y uso de registros administrativos sobre migración. Sin embargo, es claro que muchos de estos países aún requieren fortalecer una serie de capacidades para aprovechar la información que generan en todo su potencial.
  • Si bien los países recolectan registros administrativos sobre migración, en la mayoría de los casos dichos registros no se procesan y traducen en información relevante para el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia migratoria.
  • En algunos países la capacidad de articulación entre actores públicos y privados interesados en la gestión de información sobre migraciones ha mejorado. Sin embargo, aún es necesario incentivar la participación de actores no tradicionales mediante una difusión más amplia de información relevante para la toma de decisiones.
  • Existe poca articulación con los institutos de estadística y censo en la mayoría de los países, y en consecuencia, el limitado uso de los datos y la información generada para el desarrollo de políticas migratorias basada en evidencia
  • La mayoría de los países desconocen la relación entre los registros administrativos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El estudio plantea, a manera de ejercicio, un ejemplo de cómo utilizar  estos registros para contribuir al monitoreo del avance hacia los ODS.

La importancia de esta iniciativa radica en que reconoce el contexto y capacidades de cada país para la recolección, procesamiento, difusión y uso de datos sobre migración, valora las buenas prácticas que desarrollan para facilitar el flujo de información en sus distintas fases y promueve la cooperación horizontal y el trabajo conjunto entre diversas instituciones.

 

Autor: Fabio Jiménez, Especialista Regional para el Programa Mesoamérica-Caribe de la OIM. Fabio coordina los temas de migración laboral, respuesta a crisis en situaciones de emergencia y MiGOF. Cuenta con un doctorado en gobierno y políticas públicas de la University of New South Wales (Australia), una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo y una maestría en ciencias políticas (ambas de la Universidad de Costa Rica). 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.