Construcción colaborativa para la reintegración de migrantes retornados

 

Imagine poder hacer propuestas sobre alguna necesidad de infraestructura en su barrio, o bien contribuir con el diseño de un parque de juegos para niños. ¿Sentiría que vive en un lugar más inclusivo, que su voz es escuchada en su comunidad?  Ahora, imagine que una persona migrante retornada a su país de origen, sin importar el tiempo que haya estado fuera, pueda también ser parte de procesos participativos como los mencionados. ¿Les ayudaría muchísimo a volver a sentirse parte de su comunidad, verdad?

La reintegración es un aspecto clave de la migración de retorno. Uno de los factores que determina que esta sea sostenible es la estabilidad social de las comunidades que reciben a las personas migrantes retornadas (OIM, 2016). En ese sentido, la OIM en El Salvador lleva a cabo iniciativas  de construcción de obras para la recreación y el uso comunitario en los municipios de Mejicanos, Zacatecoluca, Usulután y San Miguel, en los que hay altos índices de retornos registrados, pero lamentablemente también de violencia.

Estas construcciones representan espacios seguros para la recreación y la convivencia en las comunidades de origen de las personas migrantes retornadas, lo cual apoya la estabilidad y la seguridad de estas al permitirles adueñarse de los espacios públicos. A su vez, ayudan a las comunidades  a prevenir dinámicas de la violencia y conflicto social al restaurar la confianza entre la comunidad, autoridades y grupos vulnerables.

Construcción colaborativa. La participación ciudadana ha sido una clave en este tipo de iniciativas, a través de construcción de infraestructura de forma comunitaria. No solo porque las personas tienen derecho a opinar sobre las decisiones que afectan sus entornos, sino porque a través de la participación de la comunidad entendemos mejor sus necesidades y perspectivas, lo cual resulta en mejores diseños y ejecuciones de obras. Es así como hacemos más sostenibles y participativos los proyectos.

¿Cómo logramos llevar acabo estos procesos de construcción colaborativa con éxito? Mediante las siguientes tres claves:

  1. Participación ciudadana: acompañamos a las comunidades para que participen en la construcción de las obras. Este ejercicio participativo se ejecuta en coordinación y por medio de asociaciones o grupos comunales, gobiernos locales e instituciones nacionales.
  2. Escuchar a la comunidad: los beneficiarios de las obras aportan información valiosa sobre las necesidades concretas, riesgos y avances de la obra, así como nuevas propuestas para ser tomadas en consideración.
  3. Monitoreo cívico: los líderes de la comunidad tiene acceso continuo a la obra y colaboran en el monitoreo y ejecución de la construcción. Ellos se comunican directamente con la OIM sobre cualquier eventualidad pertinente.

Por su lado, la participación ciudadana es vital en todas las etapas del proyecto de infraestructura. Estas son todas las fases de las obras en que se presenta un componente participativo:

  1. Primer acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto.
  2. Identificación y análisis de las necesidades con la comunidad.
  3. Selección y definición del proyecto de construcción con insumos de la comunidad.
  4. Participación de la comunidad en la fase de diseño (se incorporan necesidades específicas en los diseños).
  5. Construcción de la obra (incluye la contratación y participación de miembros de la comunidad cualificados en el área de construcción, así como la creación de comités de administración).
  6. Uso de la obra (comités de administración organizan y ejecutan la participación de la comunidad en el mantenimiento y la gestión de la obra).

Otros actores son también parte del proceso. La visión de los gobiernos locales y nacionales es vital para promover lugares inclusivos, seguros y ambientalmente sostenibles a favor de la comunidad.

Es así como, junto a comunidades y gobiernos, diseñamos y construimos casas comunales, espacios participativos y de recreación, parques y canchas deportivas. Como resultado de esta experiencia, 450 familias de San Miguel y 7,450 de Usulután han sido beneficiadas con obras construidas de forma colaborativa, con el fin de que lugares con altos índices de personas migrantes retornadas pudiesen disfrutar de mejores condiciones para su reintegración.

Al hablar de proyectos de construcción de infraestructura es necesario tomar en cuenta el tejido social existente y, junto a las comunidades, una visión de igualdad, transparencia y convivencia; sobre todo en aquellas que acogen a muchas personas migrantes retornadas y las cuales necesitan de una reintegración sostenible y humana.

 

 

Sobre los autores: 

Camilo Mantilla es Oficial de Programas para El Salvador, Guatemala y Honduras de la OIM. Ha trabajado como asesor legal y gerente de proyectos de la OIM en Centroamérica y Colombia. Es abogado con una Maestría en Derecho Internacional del Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston. Twitter: @camilomantillav

Ernesto Heske es Coordinador de Infraestructura para El Salvador, Guatemala y Honduras de la OIM. Ha trabajado como coordinador de proyectos de infraestructura de la OIM en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es Ingeniero Civil con Maestría en Planificación Urbana de la Universidad de Sttutgart, Alemania.

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.