Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas

Desplazamiento interno, transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las comunidades afectadas
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

En el modelo económico de Latinoamérica ocupa un lugar destacado la exportación de materia prima, hidrocarburos y minerales. Sin embargo, debido a las características de extracción de algunos de estos recursos, los conflictos ambientales  aparecen en varios lugares del continente (ver detalles aquí). De acuerdo con el PNUD,  la migración y el desplazamiento aparecen como uno de los resultados de los conflictos debidos a la actividad de industrias extractivas. En palabras de dicha organización:

“Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales continúa siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar los resultados del desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación y llevar la inversión y la infraestructura a una escala que cambia el juego a largo plazo. Sin embargo, si se maneja mal, la minería también puede conducir a la degradación ambiental, a poblaciones desplazadas y a un aumento de la desigualdad.” * (ver más aquí)

En el año 1998, la Naciones Unidas establecieron los principios rectores de los desplazamientos internos para abordar las necesidades de protección de personas desplazadas en el interior de un país. Estos principios incluyen, entre otros, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios “en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Si bien la CIDH ha recabado información sobre la relación entre intereses extractivos y el desplazamiento de personas, al año 2016, en América Latina, solo México, Colombia y Perú habían adoptado leyes sobre desplazamiento interno, y únicamente Guatemala había adoptado políticas sobre el desplazamiento interno (ver mapa).

En octubre de 2018 sin embargo, aparece una nueva herramienta relevante para la discusión, al liberarse el primer borrador del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los DDHH, desarrollado por un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), y descrito en la resolución 26/9.

Esta herramienta es importante, entre otras cosas, porque se refiere puntualmente a los desplazados internos y migrantes -sin excluir su implicación en otras partes del texto- como grupos a los que hay que prestar especial atención en las consultas (artículo 9, punto g.) y en el impacto de los proyectos (artículo 15, punto 5 de la implementación). Esto es significativo en tanto una de las grandes consecuencias de las transnacionales extractivistas es el desplazamiento de personas por la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC), establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por sus características políticas, sociales y ambientales, México y Centroamérica han representado históricamente un valor geoestratégico para la extracción de múltiples recursos naturales. La minería para la obtención de diferentes materiales, la producción hidroeléctrica y los cultivos agrícolas extensivos (de piña y palma, por ejemplo, esta última representando un importante agrocombustible) son algunas de las principales industrias relacionadas con conflictos medio ambientales provocando fenómenos de desplazamiento potencial en la región.

En este marco, conviene preguntarse qué pueden hacer las personas desplazadas de estos territorios para defender sus derechos. A partir del borrador de OHCHR se pueden sustraer cuatro elementos relevantes para la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento debido a la afectación de las empresas transnacionales en su medio ambiente:

· Abordar el proceso legal sin costo económico, pues existe cierto consenso en la necesidad de abordar la falta de recursos de las comunidades afectadas para solicitar la protección de sus derechos. Campañas de la sociedad civil recomiendan que una vez haya suficientes indicios de que una persona es víctima de una violación a los derechos humanos, se exenten los costos del proceso a dicha persona y no se le obligue a indemnizar a la contraparte corporativa en caso de absolución. El apoyo económico por parte de los Estados hacia las víctimas al llevar a cabo procesos legales de esta índole está contemplado en el borrador de la OHCHR (punto 6 del artículo 8).

· Crear procesos grupales es necesario, pues por las características del impacto de las industrias extractivas en las comunidades, los procesos legales de amparo y protección de los derechos se benefician de un enfoque colectivo al tratar el tema del desplazamiento. De este modo, es posible evitar que se abran varios casos que pueden llegar a ser discordantes, reducir los costos para el Estado y agrupar los recursos de las víctimas. El borrador acepta e incluye los derechos de las víctimas tanto de manera individual como en grupo (artículo 6, punto 1; artículo 8, puntos 1 y 2; artículo 12).

· Procurar la diligencia en los procesos, pues esto permite que durante el proceso, las víctimas desplazadas tendrán acceso a la documentación necesaria con la cooperación de todas las partes. Al cierre de un proceso, si una persona desplazada víctima de transnacionales gana la causa, es importante que la reparación (tanto económica como moral o de otro tipo) se dé en un plazo razonable. El impacto tanto del despojo de tierras como del proceso legal afecta varios aspectos de la vida cotidiana de la víctima (alimentación, relaciones familiares y comunales, actividad económica, salud física y mental) por lo que restaurar sus condiciones originales debe ser prioridad para que la justicia sea efectiva. En el caso del borrador de la OHCHR, el mismo hace referencia a la cooperación como una función de los mecanismos de implementación nacional del instrumento vinculante; por ejemplo, al responder consultas de víctimas, compañías y público en general, o al enviar recomendaciones para mejorar la implementación del instrumento vinculante (artículo 3, punto 2, detalle a. y b.)

· Buscar la solución integral al problema expuesto, pues aun cuando los procesos se realicen colaborativamente (punto anterior), estos suelen ser largos, lo que puede provocar que la víctima considere acuerdos que no sean soluciones integrales a su problema, en aras de resolverlo en menor tiempo. Este tipo de desenlace puede además ser visto por la empresa como una forma más sencilla para acceder a tierras al tiempo que mejora su reputación pública, lo que se constituye en un grave antecedente al evaluar el impacto de las empresas extractivas, que parece minimizado. De acuerdo con el borrador de la OHCHR, las víctimas tienen derecho a “a) Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para víctimas; b) Remediación ambiental y restauración ecológica cuando corresponda, incluida la cobertura de gastos por reubicación de víctimas, y reemplazo de instalaciones comunitarias.” *

 

*Traducciones propias.