Cómo promover la integración social de las personas migrantes

La integración en un nuevo lugar es un proceso multidimensional y complicado. En la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es probable que las personas migrantes enfrenten numerosas barreras para acceder a la educación y la atención médica. Puedan experimentar discriminación y tener problemas para reintegrarse cuando regresan a sus países de origen, según un nuevo estudio del SICA en colaboración con OIM y ACNUR.

Los viajes de migración pueden afectar la salud mental y física de una persona de muchas maneras, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud es esencial. Independientemente de estatus migratorio regular e irregular, las personas tienen cobertura total del sistema de salud en República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. En Costa Rica sin embargo, la cobertura para quienes posean estatus migratorio irregular se aplica solo en situaciones de emergencia. Para garantizar que la atención médica esté fácilmente disponible, el estudio de línea de base sugiere que se revisen las políticas para permitir que todas las personas migrantes accedan a los servicios, independientemente de su situación migratoria.

Con respecto a la atención psicosocial, la mayoría de los países cubiertos por el estudio indicaron que las personas migrantes solo tienen acceso parcial a estos servicios. Es necesario mejorar esta situación, ya que la atención psicosocial es crucial para el bienestar individual, así como para reducir los costos generales de salud pública y promover la cohesión social.

El acceso a la educación es un aspecto esencial de la integración, particularmente para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes. Si bien todos los países de la región ofrecen algún tipo de educación quienes llegan de otro país sin importar su estatus regular e irregular, otras barreras resultan en tasas de matrícula más bajas para la niñez de familias de inmigrantes. En 2018, un estudio de la UNESCO descubrió que solo el 52 por ciento de los niños nacidos en Haití que vivían en la República Dominicana asistían a la escuela primaria, en comparación con el 79 por ciento entre los nacidos en la República Dominicana de padres inmigrantes y el 82 por ciento entre los nacidos en otros países.

La falta de documentación necesaria es una razón clave para estas disparidades en la asistencia educativa. Se requiere comprobante de nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional de educación y presentar los exámenes oficiales. Para aquellos que logran superar estas barreras e inscribirse, algunas escuelas requieren tarjetas de identidad nacionales para que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque institucional coherente para garantizar que todos los migrantes tengan acceso a la educación.

El estudio del SICA, la OIM y el ACNUR propone una serie de iniciativas específicas para crear sistemas educativos inclusivos. En primer lugar, la creación de unidades técnicas especializadas en los Ministerios de Educación para desarrollar mecanismos que respondan a las necesidades específicas (culturales, lingüísticas, etc.) de los estudiantes migrantes. En segundo lugar, la implementación de programas de enseñanza que contrarrestan los prejuicios contra los inmigrantes, así como programas de transición, correctivos y de recuperación que evitan el abandono escolar. Los encargados de la toma de decisiones ministeriales, los encargados de formular políticas, el personal administrativo y los docentes también deben recibir capacitación sobre cómo ser inclusivos con los estudiantes inmigrantes y cómo establecer modelos de protección para los niños y adolescentes migrantes.

¿Por qué trabajar también en la reintegración de quienes retornan?

De acuerdo con el mismo estudio de SICA, OIM y ACNUR, como resultado de las crisis económicas en América del Norte y Europa, muchas personas migrantes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) están optando por regresar a sus países de origen:

Solo entre 2017 y 2018, 164,000 migrantes regresaron a estos países, y a desde enero hasta junio de 2018 se produjo un aumento del 65 por ciento en los retornados a Guatemala y un aumento del 56 por ciento en los retornados a Honduras en comparación con el mismo período del año anterior.

En ese sentido la OIM ha trabajado con los gobiernos para crear políticas públicas en estos países que alienten a los migrantes que regresan a acceder a las oportunidades económicas, sociales y culturales en sus comunidades. Sin embargo, se necesitan más programas que promuevan la reintegración sostenible de las personas migrantes que regresan.

Según un estudio de la CEPAL (2018), las actitudes discriminatorias hacia las personas migrantes han aumentado en la región. Quienes poseen un estatus irregular tienen más probabilidades de experimentar diversas formas de explotación y menos probabilidades de denunciar casos de discriminación.

La discriminación y la xenofobia pueden abordarse promoviendo el valor de la diversidad y el respeto a los migrantes a través de campañas en los medios de comunicación, particularmente aquellos que se centran en las contribuciones hechas por las personas migrantes en sus comunidades.

Además del estado migratorio, es importante considerar cómo la integración social de una persona puede verse afectada por su identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, entre otros factores. Para más detalles, se puede acceder al estudio de referencia completo aquí.


Asistiendo dos emergencias sanitarias: VIH y COVID-19 en los albergues para migrantes

Asistiendo dos emergencias sanitarias: VIH y COVID-19 en los albergues para migrantes
Categoria: Migración y Salud
Autor: Autor Invitado

 

Las condiciones de vida de las personas migrantes, la intención de migrar hacia un país de destino previamente establecido y los tiempos y logísticas de las dinámicas migratorias han sido duramente perjudicados por la COVID-19. La emergencia sanitaria ha implicado no solo el cierre de fronteras, y las consecuentes restricciones a la movilidad, sino también un aumento de las vulnerabilidades de salud de la población migrante, que en numerosas ocasiones ha quedado varada en albergues en zonas fronterizas. Tal es el caso de las personas migrantes de nacionalidades haitianas, y en menor medida cubanas, africanas y asiáticas, cuyos proyectos migratorios han sido momentáneamente interrumpidos por la pandemia y que albergan ahora en Panamá, cerca de la frontera con Colombia, siendo su itinerario imposibilitado por el cierre de fronteras.  

Sin embargo, un reportaje de Naciones Unidas acerca de las condiciones de los albergues de migrantes en Norteamérica, indica que estos centros carecen en muchas ocasiones de herramientas para ofrecer atención adecuada a las personas migrantes y lograr implementar efectivamente las medidas sanitarias frente la pandemia. Estos déficits sanitarios se traducen en la precariedad del acceso a los servicios de salud, y esto no solo expone las y los migrantes a un mayor riesgo de no poder contrarrestar la COVID-19, sino que deteriora el estado de salud de las personas que ya conviven con otra enfermedad: el VIH.

El VIH, acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario, produciendo su progresivo debilitamiento. Este término es frecuentemente asociado a otro acrónimo, el SIDA o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, que hace referencia en particular a los síntomas y consecuencias físicas generada por el virus. Aunque el VIH solo se propaga por contacto sexual no protegido, exposición a sangre infectada o en algunos casos entre madre enferma e hijo durante el embarazo, es importante mantener altos estándares de protección e información en los centros de acogida de migrantes para proteger a las personas que ya sufren de esta enfermedad y prevenir la transmisión.            

Como destaca una hoja informativa de la OIM, a pesar de que los procesos migratorios en sí no significan que la población migrante sea más vulnerable al VIH, otros factores como la falta de acceso a servicios de salud y a la información, la falta de acceso a medidas preventivas o el alto riesgo de hacer frente a amenazas como ser obligado o obligada a  tener relaciones sexuales a cambio de dinero o refugio, son un desafío para la integridad física de la población migrante. Asimismo, las condiciones de vida inseguras, la discriminación en el acceso a los servicios sociales, y la falta de presupuesto social  agravan la exposición de las personas migrantes a la enfermadad de VIH.

En ese sentido, la pandemia puede haber empeorado aún más estas circunstancias, aumentando la precariedad de las personas en situaciones de movilidad que viven con VIH y deteriorando su estado de salud. A este respecto, según un análisis de la Organización Mundial de la Salud, a causa de la pandemia, y en particular debido al cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo y al debilitamiento de los servicios de salud, 73 países están en riesgo de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV), mientras que 24 países informaron tener unas reservas bajas de ARV.  

¿Cómo asistir a las personas que viven con VIH en centros de acogida durante la pandemia?

El informe publicado por ONUSIDA “Guía para el manejo de personas que viven con VIH en situación de movilidad en espacios de acogida durante la emergencia del COVID-19” presenta recomendaciones para el personal de albergues, centros de acogida y a quienes ocupan cargos decisionales en los niveles estratégico y técnico, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las personas que viven con VIH en contextos migratorios. Entre las recomendaciones destacan: 

  • Prevenir la transmisión del VIH: Suministrando pruebas rápidas para la identificación de personas que viven con VIH; garantizando el acceso a agua y saneamiento; difundiendo información sobre las medidas de protección contra la COVID-19 y el VIH y suministrando preservativos, asegurando la disponibilidad y accesibilidad de información sobre el uso correcto de estos últimos. 
        
  • Prevenir la transmisión materno- infantil del VIH: Priorizando la disponibilidad de pruebas rápidas de VIH y de COVID-19 para mujeres embarazadas; brindando atención a los recién nacidos en los espacios de acogida y albergues; difundiendo nociones sobre alimentación complementaria a las madres lactantes que viven con VIH y evitando que los recién nacidos vengan a contacto con la leche materna, suministrando fórmulas infantiles.
     
  • Defender y respetar los derechos humanos: Garantizando que todos y todas puedan acceder a los servicios de emergencia y de salud, independientemente de sexo, edad, etnia, género y estatus migratorio; documentando y denunciando las situaciones de violación a los derechos humanos en los centros de atención y de emergencia y espacios de acogida. 

La COVID-19 puede estar agravando aún más las condiciones sanitarias de las personas migrantes que viven con VIH. Aunque los dos virus se transmiten de maneras diferentes, mantener estándares altos de atención a la salud y protección, junto a información difundida y accesible son prerrequisitos cruciales para prevenir la propagación de ambos. Tener en cuenta las vulnerabilidades múltiples y entrelazadas de las personas migrantes que viven con VIH significa fomentar el desarrollo de nuevas capacidades y atención enfocada en sus necesidades.