Cómo promover la integración social de las personas migrantes

La integración en un nuevo lugar es un proceso multidimensional y complicado. En la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es probable que las personas migrantes enfrenten numerosas barreras para acceder a la educación y la atención médica. Puedan experimentar discriminación y tener problemas para reintegrarse cuando regresan a sus países de origen, según un nuevo estudio del SICA en colaboración con OIM y ACNUR.

Los viajes de migración pueden afectar la salud mental y física de una persona de muchas maneras, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud es esencial. Independientemente de estatus migratorio regular e irregular, las personas tienen cobertura total del sistema de salud en República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. En Costa Rica sin embargo, la cobertura para quienes posean estatus migratorio irregular se aplica solo en situaciones de emergencia. Para garantizar que la atención médica esté fácilmente disponible, el estudio de línea de base sugiere que se revisen las políticas para permitir que todas las personas migrantes accedan a los servicios, independientemente de su situación migratoria.

Con respecto a la atención psicosocial, la mayoría de los países cubiertos por el estudio indicaron que las personas migrantes solo tienen acceso parcial a estos servicios. Es necesario mejorar esta situación, ya que la atención psicosocial es crucial para el bienestar individual, así como para reducir los costos generales de salud pública y promover la cohesión social.

El acceso a la educación es un aspecto esencial de la integración, particularmente para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes. Si bien todos los países de la región ofrecen algún tipo de educación quienes llegan de otro país sin importar su estatus regular e irregular, otras barreras resultan en tasas de matrícula más bajas para la niñez de familias de inmigrantes. En 2018, un estudio de la UNESCO descubrió que solo el 52 por ciento de los niños nacidos en Haití que vivían en la República Dominicana asistían a la escuela primaria, en comparación con el 79 por ciento entre los nacidos en la República Dominicana de padres inmigrantes y el 82 por ciento entre los nacidos en otros países.

La falta de documentación necesaria es una razón clave para estas disparidades en la asistencia educativa. Se requiere comprobante de nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional de educación y presentar los exámenes oficiales. Para aquellos que logran superar estas barreras e inscribirse, algunas escuelas requieren tarjetas de identidad nacionales para que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque institucional coherente para garantizar que todos los migrantes tengan acceso a la educación.

El estudio del SICA, la OIM y el ACNUR propone una serie de iniciativas específicas para crear sistemas educativos inclusivos. En primer lugar, la creación de unidades técnicas especializadas en los Ministerios de Educación para desarrollar mecanismos que respondan a las necesidades específicas (culturales, lingüísticas, etc.) de los estudiantes migrantes. En segundo lugar, la implementación de programas de enseñanza que contrarrestan los prejuicios contra los inmigrantes, así como programas de transición, correctivos y de recuperación que evitan el abandono escolar. Los encargados de la toma de decisiones ministeriales, los encargados de formular políticas, el personal administrativo y los docentes también deben recibir capacitación sobre cómo ser inclusivos con los estudiantes inmigrantes y cómo establecer modelos de protección para los niños y adolescentes migrantes.

¿Por qué trabajar también en la reintegración de quienes retornan?

De acuerdo con el mismo estudio de SICA, OIM y ACNUR, como resultado de las crisis económicas en América del Norte y Europa, muchas personas migrantes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) están optando por regresar a sus países de origen:

Solo entre 2017 y 2018, 164,000 migrantes regresaron a estos países, y a desde enero hasta junio de 2018 se produjo un aumento del 65 por ciento en los retornados a Guatemala y un aumento del 56 por ciento en los retornados a Honduras en comparación con el mismo período del año anterior.

En ese sentido la OIM ha trabajado con los gobiernos para crear políticas públicas en estos países que alienten a los migrantes que regresan a acceder a las oportunidades económicas, sociales y culturales en sus comunidades. Sin embargo, se necesitan más programas que promuevan la reintegración sostenible de las personas migrantes que regresan.

Según un estudio de la CEPAL (2018), las actitudes discriminatorias hacia las personas migrantes han aumentado en la región. Quienes poseen un estatus irregular tienen más probabilidades de experimentar diversas formas de explotación y menos probabilidades de denunciar casos de discriminación.

La discriminación y la xenofobia pueden abordarse promoviendo el valor de la diversidad y el respeto a los migrantes a través de campañas en los medios de comunicación, particularmente aquellos que se centran en las contribuciones hechas por las personas migrantes en sus comunidades.

Además del estado migratorio, es importante considerar cómo la integración social de una persona puede verse afectada por su identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, entre otros factores. Para más detalles, se puede acceder al estudio de referencia completo aquí.


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.