Cómo promover la integración social de las personas migrantes

La integración en un nuevo lugar es un proceso multidimensional y complicado. En la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es probable que las personas migrantes enfrenten numerosas barreras para acceder a la educación y la atención médica. Puedan experimentar discriminación y tener problemas para reintegrarse cuando regresan a sus países de origen, según un nuevo estudio del SICA en colaboración con OIM y ACNUR.

Los viajes de migración pueden afectar la salud mental y física de una persona de muchas maneras, por lo tanto, el acceso a los servicios de salud es esencial. Independientemente de estatus migratorio regular e irregular, las personas tienen cobertura total del sistema de salud en República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. En Costa Rica sin embargo, la cobertura para quienes posean estatus migratorio irregular se aplica solo en situaciones de emergencia. Para garantizar que la atención médica esté fácilmente disponible, el estudio de línea de base sugiere que se revisen las políticas para permitir que todas las personas migrantes accedan a los servicios, independientemente de su situación migratoria.

Con respecto a la atención psicosocial, la mayoría de los países cubiertos por el estudio indicaron que las personas migrantes solo tienen acceso parcial a estos servicios. Es necesario mejorar esta situación, ya que la atención psicosocial es crucial para el bienestar individual, así como para reducir los costos generales de salud pública y promover la cohesión social.

El acceso a la educación es un aspecto esencial de la integración, particularmente para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes. Si bien todos los países de la región ofrecen algún tipo de educación quienes llegan de otro país sin importar su estatus regular e irregular, otras barreras resultan en tasas de matrícula más bajas para la niñez de familias de inmigrantes. En 2018, un estudio de la UNESCO descubrió que solo el 52 por ciento de los niños nacidos en Haití que vivían en la República Dominicana asistían a la escuela primaria, en comparación con el 79 por ciento entre los nacidos en la República Dominicana de padres inmigrantes y el 82 por ciento entre los nacidos en otros países.

La falta de documentación necesaria es una razón clave para estas disparidades en la asistencia educativa. Se requiere comprobante de nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional de educación y presentar los exámenes oficiales. Para aquellos que logran superar estas barreras e inscribirse, algunas escuelas requieren tarjetas de identidad nacionales para que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque institucional coherente para garantizar que todos los migrantes tengan acceso a la educación.

El estudio del SICA, la OIM y el ACNUR propone una serie de iniciativas específicas para crear sistemas educativos inclusivos. En primer lugar, la creación de unidades técnicas especializadas en los Ministerios de Educación para desarrollar mecanismos que respondan a las necesidades específicas (culturales, lingüísticas, etc.) de los estudiantes migrantes. En segundo lugar, la implementación de programas de enseñanza que contrarrestan los prejuicios contra los inmigrantes, así como programas de transición, correctivos y de recuperación que evitan el abandono escolar. Los encargados de la toma de decisiones ministeriales, los encargados de formular políticas, el personal administrativo y los docentes también deben recibir capacitación sobre cómo ser inclusivos con los estudiantes inmigrantes y cómo establecer modelos de protección para los niños y adolescentes migrantes.

¿Por qué trabajar también en la reintegración de quienes retornan?

De acuerdo con el mismo estudio de SICA, OIM y ACNUR, como resultado de las crisis económicas en América del Norte y Europa, muchas personas migrantes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) están optando por regresar a sus países de origen:

Solo entre 2017 y 2018, 164,000 migrantes regresaron a estos países, y a desde enero hasta junio de 2018 se produjo un aumento del 65 por ciento en los retornados a Guatemala y un aumento del 56 por ciento en los retornados a Honduras en comparación con el mismo período del año anterior.

En ese sentido la OIM ha trabajado con los gobiernos para crear políticas públicas en estos países que alienten a los migrantes que regresan a acceder a las oportunidades económicas, sociales y culturales en sus comunidades. Sin embargo, se necesitan más programas que promuevan la reintegración sostenible de las personas migrantes que regresan.

Según un estudio de la CEPAL (2018), las actitudes discriminatorias hacia las personas migrantes han aumentado en la región. Quienes poseen un estatus irregular tienen más probabilidades de experimentar diversas formas de explotación y menos probabilidades de denunciar casos de discriminación.

La discriminación y la xenofobia pueden abordarse promoviendo el valor de la diversidad y el respeto a los migrantes a través de campañas en los medios de comunicación, particularmente aquellos que se centran en las contribuciones hechas por las personas migrantes en sus comunidades.

Además del estado migratorio, es importante considerar cómo la integración social de una persona puede verse afectada por su identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, entre otros factores. Para más detalles, se puede acceder al estudio de referencia completo aquí.


¿Cómo integrar una perspectiva de género en las políticas de migración?

Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Jacinta Astles

En cada etapa del proceso migratorio de una persona, ya sea en el origen, tránsito, destino o retorno, es probable que esta reciba un trato diferente dependiendo de su identidad de género. Comprender la migración desde una perspectiva de género ofrece a los Estados herramientas para poder garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes de todas las identidades de género.

La integración de una perspectiva de género en las políticas asociadas a temas de migración es esencial, y estas se vinculan con la Agenda 2030 para el logro de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen, por ejemplo:

Objetivo 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Objetivo 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

A continuación, se mencionan algunos de los aportes importante en la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en materia de cómo se incorpora la perspectiva de género en herramientas vinculadas a políticas migratorias:

a. Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla): Este foro regional de consulta tiene el enfoque de género como un eje transversal, sin embargo, ha posicionado la realidad de las mujeres migrante en su agenda para el análisis y debate desde 2017. Los Países Miembros de esta conferencia cuentan una herramienta técnica que proporcionan recomendaciones claras y viables para los países de origen, tránsito, destino y regreso. Este documento es conocido como:  Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en Contexto de Migración, esta herramienta reconoce la necesidad de examinar cómo el género influye en las trayectorias migratorias para abordar las desigualdades. También explica cómo las políticas pueden adoptar una gama de perspectivas, como los derechos humanos, los enfoques intergeneracionales y de interseccionalidad, entre otros.

b. Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL): El impulso que está cobrando la feminización de la migración en la región, se refleja por ejemplo, en la aprobación reciente por parte del de la «Ley Marco Regional en materia de migraciones, con enfoque de Derechos Humanos», que contempla una referencia especial a mujeres, adolescentes y niñas migrantes. El documento se conoce como: Ley Marco Regional sobre Asuntos Migratorios con Enfoque en Derechos Humanos, publicado en agosto de 2019, proporciona pautas para promover una migración segura, ordenada y regular para las poblaciones que son particularmente vulnerables en América Central, el Caribe y México. Según esta ley Marco Regional, los gobiernos pueden abordar las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes a través de:

  • Protecciones legales y derechos

Esto incluye los mismos derechos que los nacionales, incluido el derecho a los servicios sociales y la educación.

  • Servicios públicos

Los servicios especializados son esenciales para garantizar el bienestar de las poblaciones migrantes, como la atención médica, la asistencia jurídica y los servicios psicológicos. La capacitación para las agencias de primera línea también ayuda a prevenir la revictimización y garantizar un apoyo adecuado para las víctimas de la violencia.

  • Gestión integral de la migración

Esto implica el desarrollo e implementación de estándares, planes, programas, estrategias e instrumentos de gestión que se adapten a las necesidades de diferentes grupos, incluidas las mujeres indígenas, las personas migrantes con discapacidades, las víctimas de la violencia de género, entre otros. Un enfoque coordinado entre las agencias gubernamentales y las autoridades puede garantizar la prevención, investigación y erradicación efectivas de formas específicas de discriminación y violencia dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes.

  • Investigación y recopilación de datos

Asegurar la recopilación de datos desglosados ​​por sexo, edad, etnia y otras características, así como estadísticas sobre género y migración que incluyen riesgos e impactos diferenciados permite respuestas políticas más efectivas. La investigación también debería examinar los impactos positivos de la migración en el desarrollo, incluida la contribución de las mujeres a las economías de sus países de origen y destino.

  • Campañas de comunicación

La información clara y confiable sobre los derechos humanos y los servicios para las mujeres migrantes es crucial para proporcionarles espacio para ejercer sus derechos.

“Mujer Migrante”, una iniciativa implementada en México, arroja luz sobre cómo las plataformas digitales pueden usarse para difundir información confiable a las mujeres migrantes. Este programa implicó la creación de una plataforma multimedia con información clave sobre temas tales como: procedimientos, servicios, programas de apoyo, salud, riesgos al migrar, consejos para adaptarse a un nuevo país, testimonios de trabajadores y manuales de atención a personas migrantes, entre muchos otros recursos. También incluyó una aplicación móvil a través de la cual las mujeres migrantes pueden enviar preguntas y ser dirigidas a la institución adecuada. Esto destaca cómo la utilidad de las tecnologías digitales, en combinación con un enfoque de integración de género, puede aprovecharse para aumentar la disponibilidad de información para las poblaciones migrantes.

La suposición de que todas las personas migrantes tienen la misma experiencia independientemente de su género ha hecho invisibles a las mujeres, las niñas y otras personas con diversas identidades de género desde una perspectiva política. Es importante reconocer que las mujeres migrantes pueden enfrentar una doble discriminación, como resultado de su género y su estatus migratorio. Esto puede verse exacerbado por otras formas de discriminación, como por motivos de raza, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras. Las políticas de migración deben reconocer la agencia de las mujeres y tratar de alterar las estructuras de poder existentes, reduciendo así las desigualdades y haciendo una mayor variedad de oportunidades disponibles para las mujeres. Al comprender sus realidades y adaptar las respuestas en consecuencia, los Estados pueden promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas migrantes en la región.