¿Cómo han cambiado los retornos voluntarios asistidos en Centroamérica durante la pandemia?

¿Cómo han cambiado los retornos voluntarios asistidos en Centroamérica durante la pandemia?

Desde 1979 la OIM ha apoyado a alrededor de 1,3 millones de migrantes alrededor del mundo a través el Programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA). El programa se enfoca en personas migrantes que desean regresar a su país de origen pero que no cuentan con los medios para hacerlo. Entre la población migrante que puede acceder a este programa se encuentran solicitantes de asilo cuya aplicación fue rechazada, víctimas de trata de personas, migrantes varados y otros grupos vulnerables, como los menores no acompañados, entre otros.

Para que un RVA sea posible es necesario que se cumplan 7 principios: el carácter voluntario; la respuesta centrada en las personas migrantes; el asegurar un retorno seguro; velar por una reintegración sostenible; la confidencialidad de los datos; los diálogos y alianzas con actores pertinentes; y que el programa sea basado en datos empíricos. En Centroamérica, el Programa RVA actualmente se implementa desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice hacia el resto de las Américas y en algunos casos, a países extrarregionales.

Al inicio de la pandemia el RVA fue momentáneamente suspendido debido a las restricciones de movilidad, pero en colaboración con estados y aliados pudo ponerse en marcha nuevamente como un mecanismo de respuesta humanitaria para asistir a migrantes varados por la pandemia. Si bien los principios del RVA no varían durante el brote de la COVID-19, sí se han tenido que implementar nuevas medidas en los procesos para hacer posibles los retornos.

 

Cambios en los procesos

1. Uno de los cambios más evidentes con el proceso del RVA durante la pandemia es que el personal ya no puede estar en campo. Si bien antes colocaban estaciones informativas en puntos cerca de ciertas fronteras donde las personas migrantes decidían sin continuar o no con el duro camino hacia el norte del continente, ahora las solicitudes para retornar son referidas por las diferentes contrapartes y socios, por la sociedad civil, albergues y gobiernos (a través de los consulados). En muchos otros casos son las personas migrantes quienes directamente escriben a las redes sociales de la OIM solicitando el apoyo para regresar a sus países de origen.

2. A raíz de esta misma referenciación, en vez del primer contacto cara a cara que solía haber antes de la pandemia, ahora la OIM solicita un formulario de pre-registro que funciona como una expresión de interés en retornar de parte de la persona migrante. En este documento se anota la situación del país en el que se encuentra, su situación actual allí, incluyendo si hay alguna vulnerabilidad, y el por qué desea aplicar al RVA. Este formulario no es una garantía de que el retorno se vaya a realizar, pues durante el brote de COVID-19 algunos países mantienen el territorio totalmente cerrado durante la pandemia, incluso para sus nacionales.

3. El siguiente paso es el asesoramiento o consejería hacia las personas migrantes que están interesadas en retornar para que puedan tomar la decisión de manera informada y atender sus dudas. El asesoramiento, antes presencial, se realiza actualmente de manera virtual a raíz de la pandemia.

4. De manera paralela con el asesoramiento se realiza el análisis de la información provista en los formularios de pre-registro: se revisa el país a dónde se está solicitando el retorno y las restricciones de movimiento que hay en dicho estado, de manera que se puedan evaluar opciones con la embajada respectiva, o en caso de no haber con la oficina de OIM local. Una vez las autoridades migratorias y de salud den luz verde para el movimiento entre países, se define si este se hará vía terrestre o aérea, tomando en consideración nuevamente los cierres de frontera debido al virus, y se procede a contactar a las personas migrantes para informarles y coordinar próximos pasos.

5. A continuación se realiza una entrevista con la persona migrante que sirve como filtro para determinar, entre otras cosas que no haya un riesgo inminente a su seguridad si retorna a su país de origen, así como su situación en el país en el que se encuentra actualmente. Si se determina que existe un peligro o amenaza al retornar se le refiere a las autoridades de protección y/o al ACNUR. Si la persona decide que prefiere regularizar su situación en el país en el que se encuentra (en caso de que le faltaran documentos), se le refiere a la autoridad de migración competente. Estas entrevistas, antes presenciales, son realizadas virtualmente durante la pandemia.

Si por el contrario, la persona sí resulta elegible para el retorno, se le brindan dos formularios para su información y firma: el que reafirma la voluntariedad del regreso (documento que ya existía antes de la pandemia); y el formulario sobre los protocolos de salud que se llevarán a cabo durante el proceso de retorno, documento directamente relacionado con el brote de COVID-19 y que incluye por ejemplo información sobre los protocolos de salud, incluyendo la cuarentena, a la que estarán sujetas las personas a su regreso (las medidas varían de país en país).

6. Una vez que la persona migrante firme ambos documentos, se inicia el plan de retorno. El mismo cuenta con cuatro áreas: documentación; modalidad de viaje (antes realizados mayormente vía terrestre, pero ahora muchas veces vía área en aras de resguardar mejor la salud de todas las personas implicadas); revisión médica (la cual ya existía antes de la pandemia, pero que ahora incluye revisión y detección de posibles síntomas asociados a la COVID-19); y asistencia básica de alimentación, alojamiento, salud e higiene mientras se procesa el RVA.

7. Se concreta el RVA. Anteriormente las personas migrantes eran escoltadas por personal de la OIM, pero debido a las restricciones a la movilidad durante la pandemia se ha tenido que cambiar dicho protocolo. Las personas migrantes reciben equipo de protección personal tales como guantes, mascarillas, gel, así como alimentos y en los casos que se requiera, medicamentos. La recepción es coordinada por la oficina local de la OIM, y en caso de que el personal no pueda recibir personalmente a las personas beneficiarias, se coordina con las autoridades en los países de origen. Anteriormente se les brindaba una asistencia post-arribo inmediata y única, sin embargo durante la pandemia se ha extendido esta asistencia por 14 días, incluyendo alimentos, productos de higiene y salud para garantizar una cuarentena digna.

8. Finalmente la OIM realiza un monitoreo de casos, mismo que también debe contar con el consentimiento y voluntariedad de las personas migrantes, el cual se realiza máximo un mes después del arribo. Antes se consideraban visitas domiciliares, pero ahora se gestiona vía telefónica, por Whatsapp, o por redes sociales. El proceso de reintegración se trabaja refiriendo a las personas migrantes a los programas pertinentes de parte del gobierno y aliados. De igual manera, el programa RVA apoya a programas institucionales existentes para fortalecer la oferta y acceso a los servicios de reintegración.

 

Cambio en los perfiles

  • Antes de la pandemia: Se percibía menos interés por parte de las personas migrantes en acercarse al programa de RVA, pues la expectativa siempre era llegar al país de destino elegido al ser Centroamérica parte de su ruta migratoria, y en general se acercaban a la OIM cuando ya no era factible continuar con el tránsito debido a problemas de dinero o endurecimiento de las medidas en frontera. También solicitaban apoyo al RVA las personas que solicitaban refugio en Estados Unidos pero eran transferidas a Guatemala a través del Acuerdo de Cooperación de Asilo entre ambos países; muchas veces estas personas migrantes preferían regresar a su país de origen, que a otro país de la región. En general era más complejo identificar a las personas migrantes interesadas, sin embargo más sencillo realizar el proceso de retorno.

 

  • Durante la pandemia: Muchas de las personas migrantes que solicitan el RVA son aquellas que quedaron varadas, así como aquellas que ya radicaban en un país de destino (regular o irregularmente) pero que perdieron su trabajo y buscan regresar para estar con su familia durante el brote de COVID-19. En general es más sencillo identificar a las personas que desean retornar, pero es más complejo realizar el proceso de retorno a raíz de las restricciones por la pandemia.

Si le interesa recibir apoyo por parte del programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM desde Centroamérica puede realizar en las redes sociales:

Facebook Guatemala

Facebook OIM Honduras

Facebook OIM El Salvador

Facebook OIM Belice

 


Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.