¿Cómo fortalecer la protección de los trabajadores migrantes en las Américas?

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Las nuevas dinámicas de migración en las Américas están íntimamente asociadas a la búsqueda de oportunidades de empleo y de generación de ingreso.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cerca del 27% de todos los trabajadores migrantes del mundo se encuentran en las Américas (37 millones en América del Norte y 4.3 millones en América Latina y el Caribe), una cifra que está en aumento.  Solo entre 2010 y 2015, el número de trabajadores migrantes en la región se incrementó en un 34%.

Estos movimientos son motivados por la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y un deseo de mejorar la calidad de vida de las personas migrantes, que interactúa con otros factores estructurales como la pobreza e inseguridad, que son también impulsores de la migración.  

El aumento en los flujos de trabajadores migrantes plantea importantes desafíos en un mercado laboral marcado por el desempleo y la informalidad. De acuerdo con datos de la OIT, el desempleo afecta a 26 millones de personas en América Latina y el Caribe y al menos 133 millones más son afectados por la informalidad, particularmente mujeres, personas jóvenes y trabajadores con poca calificación o bajo nivel educativo.

Ante este panorama, la 19ª Reunión Regional Americana de la OIT, llevada cabo del 2 al 5 de octubre en Panamá con la participación de OIM, y su informe “Preparando el futuro del trabajo que queremos en las Américas a través del diálogo social”, ofrece 10 recomendaciones para mejorar la protección de los derechos laborales de la población migrante y hacerlos partícipes de la discusión y reflexión para alcanzar la meta global de trabajo decente para todos.

  1. Abordar la migración laboral desde una perspectiva de derechos humanos y en línea con los principios de justicia social y empleo decente.
  2. Atender las brechas y la fragmentación en la gobernanza migratoria en los acuerdos de integración regional.
  3. Fortalecer el enfoque de derechos laborales en instituciones rectoras de temas migratorios.
  4. Promover la participación de actores clave de temas laborales en los procesos de consulta regional sobre migración.
  5. Integrar diálogos sociales sobre migración en los distintos procesos de integración regional.
  6. Incluir la participación de los Ministerios de Trabajo en las comisiones intergubernamentales sobre migración.
  7. Promover medidas para alinear las políticas migratorias y políticas de empleo.
  8. Mejorar las capacidades de instituciones vinculadas al mercado laboral para abordar asuntos de migración laboral
  9. Aumentar la participación de personas migrantes trabajadoras en los sindicatos y asociaciones para asegurar su participación en procesos de diálogo social.
  10. Mejorar los conocimientos e información sobre migración laboral a través de la creación de sistemas de información y el registro de estadísticas.

Sobre las recomendaciones, Michela Macchiavello, Especialista Regional Temática en Migración Laboral de OIM, subrayó la creciente importancia de la articulación con los procesos regionales de consultas migratorias y el establecimiento de alianzas estratégicas. En las Américas, resultan especialmente relevantes la Conferencia Regional sobre Migración, para los países de Norteamérica y Centroamérica, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, para los países de Suramérica, y más recientemente las Consultas sobre Migraciones en el Caribe, ya que se centran cada vez más en temas de migración laborales.

“OIM cree que un enfoque integral gubernamental y la realización de asociaciones que incluyan a las agencias relacionadas con el tema migratorio, sociedad civil, sector privado, personas trabajadoras, representantes de las personas migrantes y organizaciones internacionales son una prioridad para avanzar de manera efectiva y humana en lo relativo a políticas migratorias regionales y nacionales, incluyendo políticas y programas de migración laboral que promuevan una migración segura, ordenada y regular, mientras brindan protección a las personas migrantes y trabajadoras más vulnerables”.

Sin duda, la migración y la movilidad laboral son y continuarán siendo de importancia incremental para el mundo del trabajo y por tanto requerirán la atención y la acción colaborativa de los gobiernos y de todos los otros actores clave.  

 

 

 

   Sobre la autora:

Sofía Guerrero es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y  Máster en Derechos Humanos de la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver. Fue periodista en el periódico La Nación, Coordinadora de Incidencia Política y Cooperación Internacional de Fundación Paniamor, Coordinadora de Comunicación de Educación Ejecutiva de INCAE Business School y consultora del Sistema de Integración Centroamericana y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Recientemente, se desempeñó  en la Cancillería de Costa Rica como Attaché de Política Exterior.

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.