¿Cómo contribuyen las remesas a la economía de un país? El caso de Guatemala

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Para cualquier país contar con información en materia migratoria y de remesas es una herramienta valiosa que puede fortalecer la política exterior y  las políticas públicas, orientar a las instituciones gubernamentales, facilitar la iniciativa privada y de la sociedad civil para la formulación de iniciativas de apoyo a los emigrantes y miembros de sus familias, y proyectos de desarrollo en las comunidades de su origen; y favorecer a los investigadores en general con material para profundizar.

En el 2016 la OIM realizó en Guatemala, por primera vez desde el 2010, la Encuesta sobre Migración y Remesas en Guatemala como parte del proyecto Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte (NTMI), financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Según el estudio, la migración y las remesas se han constituido en determinantes económicos en los hogares guatemaltecos.

De acuerdo a la información recolectada aproximadamente 1,574,973 hogares (que agrupan a  6,212,099 personas) se benefician de las remesas y se encuentran fuera de la línea de pobreza, gracias al sacrificio y riesgo de las personas que buscaron oportunidades en otros países. El promedio mensual estimado de remesas recibidas por hogar es de $379 dólares americanos y constituyen aproximadamente el 60 % del total de los ingresos mensuales de los mismos. 

Se estimó que en el exterior hay aproximadamente 2,301,175 personas guatemaltecas, el 73 % corresponde a hombres y el 27 % a mujeres, los cuales se determinó que el 80.8% envían remesas.  El 97.1 % de esta población radica en Estados Unidos de América, debido a la cercanía con ese país y a las diferencias salariales.

La migración guatemalteca es multicausal, pero la encuesta reveló que la mayoría de personas migrantes guatemaltecas (91.1%) viajaron por cuestiones económicas, tal como se describe a continuación:

El volumen de remesas que llega a Guatemala fue estimado para el 2016 en $7,273 millones (USD), incluyendo remesas en efectivo y en especie, es decir constituyen el 11 % del PIB.  El 73.6 % de las personas reciben la transferencia a través de los bancos, el 11 % por medio de cuenta bancaria3, el 9.8 % con empresas remesadoras4, el 0.3 % por internet y el 5.4  % por viajeros frecuentes.

Las conclusiones del estudio indican que:

• La emigración internacional de las personas guatemaltecas es constante y ascendente.

• Las causas son mayoritariamente económicas.

• La emigración internacional de las personas guatemaltecas provoca cambios demográficos en las comunidades de origen.

• En Guatemala, las remesas ayudan a las familias a sufragar sus gastos, a cubrir la canasta básica de alimentos y contribuyen a superar la línea de la pobreza.

Otra de las principales conclusiones del estudio reconoce que las remesas son recursos privados que dinamizan la economía del país y forman parte del PIB, por lo que es importante apoyar alianzas público privadas para que estos recursos ayuden a la erradicación de la pobreza.

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[1] Violencia en las calles (robos de celulares, asalto a buses, etc.)

[2] En Guatemala tenían un empleo o trabajaban por cuenta propia, pero su ingreso no era suficiente para cubrir sus necesidades.

[3] Una transferencia bancaria se refiere a la transacción directa de una cuenta bancaria del remitente en el exterior a una cuenta bancaria en el país de destino y esto tiene cero costos.

[4] Son empresas que transfieren remesas como por ejemplo Money Gram, Wester Union, etc.

 

Sobre la autora:

Sonia Maria Pellecer es coordinadora de estudios sobre remesas de OIM Guatemala. Tiene experiencia de más diez años en sistemas de información e  investigación sobre migración, desarrollo y remesas en Guatemala. Fue asesora del Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala en materia de asuntos consulares y migratorios, coordinadora del Programa de Niñez Migrante de la Secretaría de Bienestar Social, investigadora en migraciones de la Universidad Rafael Landívar Guatemala,y directora de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.