Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica

Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica
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Las personas migrantes se enfrentan con diversos retos cuando se establecen en su país destino, entre ellas, su inserción laboral. Estudios como el de CEPAL indican que quienes se encuentran irregularmente en otro país son quienes suelen tener las peores condiciones laborales y en trabajos de baja calificación, e incluso si se encuentran en condición regular, en algunos países perciben salarios por debajo del promedio de las personas nacionales.

Para entender mejor las condiciones laborales de las personas migrantes de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en conjunto con la OIM y ACNUR, desarrolló un Estudio de línea base sobre migración y desplazamiento en la región del SICA, donde se abordan, entre otros temas, la discriminación laboral. En el estudio se indica como un hallazgo relevante que la explotación laboral muchas veces no es conceptualizada como una violación a los derechos humanos, sino apenas como una falta administrativa, lo que evita la penalización correspondiente y facilita que se perpetúe el problema.

De acuerdo con el estudio, otra de las consecuencias de la precarización del trabajo para la mayoría de las personas migrantes en la región es la falta de acceso a la seguridad social. Esto se debe por un lado a la dificultad de cubrir su costo económico, pues primero necesitan regularizar su estatus migratorio, lo cual implica gastos. Y por otro, porque mientras “más informal” sea un trabajo, menos probabilidades hay de afiliación al seguro social.

La legislación y condiciones de trabajo de las personas varía de país en país, por lo que para atender los desafíos de la migración laboral, el estudio de SICA, OIM y ACNUR propone varias líneas de acción para que los Estados puedan abordar de manera conjunta y comprehensiva la integración de este tipo de flujo migratorio en términos de personas en condición irregular, discriminación laboral, seguridad social  e integración regional. Algunas de las acciones recomendadas en el estudio son:

Para desestimular la migración laboral irregular

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la OIT (núm. 97) y del Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (núm. 143), así como adoptar las Recomendaciones sobre las Estadísticas de Migración de la OIT (núm. 19).

• Analizar los mercados laborales nacionales para identificar áreas con déficit o superávit de personal capacitado.

• Fortalecer la recopilación e intercambio de información sobre las necesidades de los mercados laborales, con variables regionales homologadas.

 

Para abordar la discriminación laboral

• Implementar políticas contra la discriminación y la xenofobia.

• Fortalecer los instrumentos para asegurar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

• Promover mecanismos de integración social, laboral, cultural de las personas migrantes en los países de destino.

 

Para facilitar el acceso a la seguridad social y a la protección de las personas migrantes

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio Multilateral de Seguridad Social.

• Promover legislaciones internas que protejan el derecho a la seguridad social de las personas migrantes.

• Diseñar esquemas de seguridad social que respondan a las necesidades particulares de las personas migrantes y sus familiares.

 

Para facilitar la integración regional de la migración laboral

• Facilitar el intercambio de información migratoria laboral entre países de la región.

• Impulsar mecanismos (o incluir espacios en los acuerdos de movilidad ya existentes) que permitan la movilidad laboral intrarregional.

 

Además de estos puntos de acción, el estudio incluye aportes para abordar la discriminación laboral específicamente con migrantes indígenas y población LGBTI+, quienes pueden sufrir una precarización mayor de sus condiciones laborales. Esta información se puede acceder en este link.


Movilidad humana y XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe: ¿Por qué prevenir la migración forzada y atender las necesidades de los migrantes ambientales?

Movilidad humana y XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe: ¿Por qué prevenir la migración forzada y atender las necesidades de los migrantes ambientales?
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Pablo Escribano

El XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe se reunió de manera virtual los 1 y 2 de febrero de 2021 con un enfoque en las dimensiones ambientales de la recuperación posterior a la pandemia. Bajo la presidencia de Barbados, las discusiones lideradas por los representantes de los 33 países de la región se centraron en la promoción de un desarrollo sostenible que permita aunar la recuperación post-COVID-19 con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático.

Desde una perspectiva migratoria, conviene señalar que los países de la región han avanzado en la integración de la movilidad humana en su agenda climática. El reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los avances registrados en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular pone énfasis en el progreso realizado por países como Belice, Guatemala o Perú en el abordaje de la migración climática.

Sin embargo, es necesario recordar que esta integración sigue estando limitada a un número restringido de países de la región. De hecho, con algunas excepciones, pocos son los países que han avanzado compromisos concretos para abordar los factores de la migración climática y atender las necesidades de los migrantes. Este proceso requiere la elaboración de asociaciones y un enfoque integral entre entidades de gobierno encargadas de varias áreas sectoriales.

Los Ministerios de Medio Ambiente juegan un papel fundamental en este esfuerzo. Estrategias como los planes de adaptación al cambio climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, o las políticas nacionales de cambio climático ofrecen oportunidades para el abordaje de la migración climática.

El contexto actual de pandemia ha puesto en evidencia una vez más la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas al cambio climático en la región. En un contexto de restricciones de la movilidad y de crisis económica, las comunidades vulnerables generalmente disponen de medios de vida restringidos para hacer frente a los desastres y la degradación ambiental. La experiencia de Eta e Iota en Centroamérica muestra hasta qué punto múltiples factores de riesgo – incluyendo las amenazas naturales, las vulnerabilidades socioeconómicas y la pandemia – pueden crear escenarios catastróficos en la región.

Integrar la perspectiva migratoria es fundamental en la promoción de planes de recuperación post-COVID-19 sostenibles. La movilidad humana es un factor esencial de la realidad social de América Latina y el Caribe y la evidencia muestra que los factores ambientales y climáticos van a tener una influencia creciente en estos movimientos. Facilitar la resiliencia de las comunidades para que no estén obligadas a migrar, y atender las necesidades de los migrantes ambientales resultan elementos cruciales para consolidar una recuperación de la pandemia solidaria, integral y sostenible.