Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica

Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica
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Las personas migrantes se enfrentan con diversos retos cuando se establecen en su país destino, entre ellas, su inserción laboral. Estudios como el de CEPAL indican que quienes se encuentran irregularmente en otro país son quienes suelen tener las peores condiciones laborales y en trabajos de baja calificación, e incluso si se encuentran en condición regular, en algunos países perciben salarios por debajo del promedio de las personas nacionales.

Para entender mejor las condiciones laborales de las personas migrantes de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en conjunto con la OIM y ACNUR, desarrolló un Estudio de línea base sobre migración y desplazamiento en la región del SICA, donde se abordan, entre otros temas, la discriminación laboral. En el estudio se indica como un hallazgo relevante que la explotación laboral muchas veces no es conceptualizada como una violación a los derechos humanos, sino apenas como una falta administrativa, lo que evita la penalización correspondiente y facilita que se perpetúe el problema.

De acuerdo con el estudio, otra de las consecuencias de la precarización del trabajo para la mayoría de las personas migrantes en la región es la falta de acceso a la seguridad social. Esto se debe por un lado a la dificultad de cubrir su costo económico, pues primero necesitan regularizar su estatus migratorio, lo cual implica gastos. Y por otro, porque mientras “más informal” sea un trabajo, menos probabilidades hay de afiliación al seguro social.

La legislación y condiciones de trabajo de las personas varía de país en país, por lo que para atender los desafíos de la migración laboral, el estudio de SICA, OIM y ACNUR propone varias líneas de acción para que los Estados puedan abordar de manera conjunta y comprehensiva la integración de este tipo de flujo migratorio en términos de personas en condición irregular, discriminación laboral, seguridad social  e integración regional. Algunas de las acciones recomendadas en el estudio son:

Para desestimular la migración laboral irregular

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la OIT (núm. 97) y del Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (núm. 143), así como adoptar las Recomendaciones sobre las Estadísticas de Migración de la OIT (núm. 19).

• Analizar los mercados laborales nacionales para identificar áreas con déficit o superávit de personal capacitado.

• Fortalecer la recopilación e intercambio de información sobre las necesidades de los mercados laborales, con variables regionales homologadas.

 

Para abordar la discriminación laboral

• Implementar políticas contra la discriminación y la xenofobia.

• Fortalecer los instrumentos para asegurar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

• Promover mecanismos de integración social, laboral, cultural de las personas migrantes en los países de destino.

 

Para facilitar el acceso a la seguridad social y a la protección de las personas migrantes

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio Multilateral de Seguridad Social.

• Promover legislaciones internas que protejan el derecho a la seguridad social de las personas migrantes.

• Diseñar esquemas de seguridad social que respondan a las necesidades particulares de las personas migrantes y sus familiares.

 

Para facilitar la integración regional de la migración laboral

• Facilitar el intercambio de información migratoria laboral entre países de la región.

• Impulsar mecanismos (o incluir espacios en los acuerdos de movilidad ya existentes) que permitan la movilidad laboral intrarregional.

 

Además de estos puntos de acción, el estudio incluye aportes para abordar la discriminación laboral específicamente con migrantes indígenas y población LGBTI+, quienes pueden sufrir una precarización mayor de sus condiciones laborales. Esta información se puede acceder en este link.


La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica

La extorsión que expulsa a las personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

En muchos casos de desplazamiento forzado se habla de la extorsión como uno de los principales detonantes, sin embargo esta acción se suma a un ciclo de violencia donde es difícil marcar la razón última de salida de una país: violencia sexual, asesinatos, etc.

Aunque su definición varía dependiendo de la legislación, la extorsión se entiende como las amenazas, intimidación y otros actos violentos para conseguir acciones o bienes de otra persona contra su voluntad, indicó la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC en un boletín dedicado a explorar este tema y que servirá de insumo para este blog.

En el contexto de la migración, el secuestro y la extorsión pueden ir de la mano, pues los traficantes extorsionan a las personas migrantes exigiéndoles dinero bajo la amenaza de secuestrar a sus familiares. De igual manera ocurre en la vía contraria: los parientes de personas migrantes que ya se encuentran en otro país son extorsionadas por traficantes, reclamándoles dinero para no hacer daño al familiar que migró. Esto deriva muchas veces en motivo de persecución.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, las graves condiciones de inseguridad ciudadana alimentadas por el narcotráfico y la corrupción han posicionado a la región como una de las más violentas del planeta según Amnistía Internacional. En este contexto, la extorsión exigiendo pagos a mercados y comercios pequeños se vuelve habitual en territorios controlados por pandillas, aunque dependiendo del país puede haber un alto porcentaje de extorsión a residencias, como en Guatemala, donde este rubro acapara el 55% de las denuncias por extorsión.

También existe un impacto diferenciado entre el tipo de extorsiones que perciben hombres, mujeres, niños y población LGBTIQ+. En ese sentido las extorsiones para el pago de dinero por parte de mujeres son muchas veces aunadas con la amenaza de violencia sexual, y los cuerpos de las mismas, así como de adolescentes y niñas, son utilizados como territorios de venganza y control, indica el mismo boletín de REDLAC. En el caso de los niños, el reclutamiento de estos para convertirles en cobradores de renta y otras funciones va en aumento.

Las personas migrantes se ven a menudo extorsionadas también por personas que no forman parte de grupos criminales, pero que aprovechan su situación de vulnerabilidad para obtener beneficios: extorsión para cruzar por terrenos privados en vez de por rutas con bandas delictivas, o transportistas que piden dinero para no entregarles a las autoridades sin son migrantes irregulares. Esta misma situación se ha reportado con empleadores que, al momento de llegar la fecha de pago, amenazan a los trabajadores migrantes con denunciarlos.

No existen actualmente números sobre la cantidad de personas desplazadas u obligadas a migrar debido a las extorsiones en el norte de Centroamérica, pues se enmarca en un clima generalizado de violencia; sin embargo, algunas organizaciones ubican este delito como una de las principales razones de expulsión de zonas o incluso del país.

 

Extorsión durante la pandemia

En el boletín de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe REDLAC sobre la extorsión como un detonante del desplazamiento interno y la migración forzada en le norte de Centroamérica y México se indicaron también algunos puntos relevantes sobre cómo operan las extorsiones en el contexto de la COVID-19:

  • En El Salvador, la COVID-19 ha afectado los ingresos de las pandillas, sin embargo no han perdido el control de los territorios donde se encuentran. Algunas pandillas han establecido controles para que personas de cada familia realicen las compras de comida; esto por temor a que algún miembro de la pandilla se enferme y no pueda acceder a atención médica.
  • En Honduras, la paralización de los sectores de transporte y comercio informal (víctimas comunes de las extorsiones) debido a la pandemia ha implicado una disminución en las extorsiones. Sin embargo se han reportado amenazas de cobros retroactivos una vez se retome el comercio; cobros casa por casa; “peajes” por parte de las pandillas en carreteras y estafas. Los repartidores de comida son víctimas frecuentes de extorsión al ingresar a las comunidades.
  • En Guatemala las extorsiones tampoco se han detenido, aunque al inicio de la pandemia algunas maras concedieron “indultos”. Sin embargo, organismos nacionales creen que habrá un aumento en otros delitos y que las extorsiones volverán con más fuerza cuando se levanten las medidas restrictivas.
  • Las restricciones de movilidad aumentan el riesgo de que las personas se queden atrapadas en contextos de violencia, dificultando la posibilidad de buscar apoyo en otros territorios y países. A pesar de esto, muchas personas buscan y seguirán buscando opciones de migración irregular, a pesar de los peligros de la pandemia, para alejarse de los contextos de alta violencia y bajos ingresos en los que viven.