Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica

Claves para enfrentar la explotación laboral de la población migrante en Centroamérica
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Las personas migrantes se enfrentan con diversos retos cuando se establecen en su país destino, entre ellas, su inserción laboral. Estudios como el de CEPAL indican que quienes se encuentran irregularmente en otro país son quienes suelen tener las peores condiciones laborales y en trabajos de baja calificación, e incluso si se encuentran en condición regular, en algunos países perciben salarios por debajo del promedio de las personas nacionales.

Para entender mejor las condiciones laborales de las personas migrantes de Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en conjunto con la OIM y ACNUR, desarrolló un Estudio de línea base sobre migración y desplazamiento en la región del SICA, donde se abordan, entre otros temas, la discriminación laboral. En el estudio se indica como un hallazgo relevante que la explotación laboral muchas veces no es conceptualizada como una violación a los derechos humanos, sino apenas como una falta administrativa, lo que evita la penalización correspondiente y facilita que se perpetúe el problema.

De acuerdo con el estudio, otra de las consecuencias de la precarización del trabajo para la mayoría de las personas migrantes en la región es la falta de acceso a la seguridad social. Esto se debe por un lado a la dificultad de cubrir su costo económico, pues primero necesitan regularizar su estatus migratorio, lo cual implica gastos. Y por otro, porque mientras “más informal” sea un trabajo, menos probabilidades hay de afiliación al seguro social.

La legislación y condiciones de trabajo de las personas varía de país en país, por lo que para atender los desafíos de la migración laboral, el estudio de SICA, OIM y ACNUR propone varias líneas de acción para que los Estados puedan abordar de manera conjunta y comprehensiva la integración de este tipo de flujo migratorio en términos de personas en condición irregular, discriminación laboral, seguridad social  e integración regional. Algunas de las acciones recomendadas en el estudio son:

Para desestimular la migración laboral irregular

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la OIT (núm. 97) y del Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (núm. 143), así como adoptar las Recomendaciones sobre las Estadísticas de Migración de la OIT (núm. 19).

• Analizar los mercados laborales nacionales para identificar áreas con déficit o superávit de personal capacitado.

• Fortalecer la recopilación e intercambio de información sobre las necesidades de los mercados laborales, con variables regionales homologadas.

 

Para abordar la discriminación laboral

• Implementar políticas contra la discriminación y la xenofobia.

• Fortalecer los instrumentos para asegurar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.

• Promover mecanismos de integración social, laboral, cultural de las personas migrantes en los países de destino.

 

Para facilitar el acceso a la seguridad social y a la protección de las personas migrantes

• Apoyar a los países en la ratificación del Convenio Multilateral de Seguridad Social.

• Promover legislaciones internas que protejan el derecho a la seguridad social de las personas migrantes.

• Diseñar esquemas de seguridad social que respondan a las necesidades particulares de las personas migrantes y sus familiares.

 

Para facilitar la integración regional de la migración laboral

• Facilitar el intercambio de información migratoria laboral entre países de la región.

• Impulsar mecanismos (o incluir espacios en los acuerdos de movilidad ya existentes) que permitan la movilidad laboral intrarregional.

 

Además de estos puntos de acción, el estudio incluye aportes para abordar la discriminación laboral específicamente con migrantes indígenas y población LGBTI+, quienes pueden sufrir una precarización mayor de sus condiciones laborales. Esta información se puede acceder en este link.


Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.