Asistiendo dos emergencias sanitarias: VIH y COVID-19 en los albergues para migrantes

Asistiendo dos emergencias sanitarias: VIH y COVID-19 en los albergues para migrantes
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Las condiciones de vida de las personas migrantes, la intención de migrar hacia un país de destino previamente establecido y los tiempos y logísticas de las dinámicas migratorias han sido duramente perjudicados por la COVID-19. La emergencia sanitaria ha implicado no solo el cierre de fronteras, y las consecuentes restricciones a la movilidad, sino también un aumento de las vulnerabilidades de salud de la población migrante, que en numerosas ocasiones ha quedado varada en albergues en zonas fronterizas. Tal es el caso de las personas migrantes de nacionalidades haitianas, y en menor medida cubanas, africanas y asiáticas, cuyos proyectos migratorios han sido momentáneamente interrumpidos por la pandemia y que albergan ahora en Panamá, cerca de la frontera con Colombia, siendo su itinerario imposibilitado por el cierre de fronteras.  

Sin embargo, un reportaje de Naciones Unidas acerca de las condiciones de los albergues de migrantes en Norteamérica, indica que estos centros carecen en muchas ocasiones de herramientas para ofrecer atención adecuada a las personas migrantes y lograr implementar efectivamente las medidas sanitarias frente la pandemia. Estos déficits sanitarios se traducen en la precariedad del acceso a los servicios de salud, y esto no solo expone las y los migrantes a un mayor riesgo de no poder contrarrestar la COVID-19, sino que deteriora el estado de salud de las personas que ya conviven con otra enfermedad: el VIH.

El VIH, acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario, produciendo su progresivo debilitamiento. Este término es frecuentemente asociado a otro acrónimo, el SIDA o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, que hace referencia en particular a los síntomas y consecuencias físicas generada por el virus. Aunque el VIH solo se propaga por contacto sexual no protegido, exposición a sangre infectada o en algunos casos entre madre enferma e hijo durante el embarazo, es importante mantener altos estándares de protección e información en los centros de acogida de migrantes para proteger a las personas que ya sufren de esta enfermedad y prevenir la transmisión.            

Como destaca una hoja informativa de la OIM, a pesar de que los procesos migratorios en sí no significan que la población migrante sea más vulnerable al VIH, otros factores como la falta de acceso a servicios de salud y a la información, la falta de acceso a medidas preventivas o el alto riesgo de hacer frente a amenazas como ser obligado o obligada a  tener relaciones sexuales a cambio de dinero o refugio, son un desafío para la integridad física de la población migrante. Asimismo, las condiciones de vida inseguras, la discriminación en el acceso a los servicios sociales, y la falta de presupuesto social  agravan la exposición de las personas migrantes a la enfermadad de VIH.

En ese sentido, la pandemia puede haber empeorado aún más estas circunstancias, aumentando la precariedad de las personas en situaciones de movilidad que viven con VIH y deteriorando su estado de salud. A este respecto, según un análisis de la Organización Mundial de la Salud, a causa de la pandemia, y en particular debido al cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo y al debilitamiento de los servicios de salud, 73 países están en riesgo de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV), mientras que 24 países informaron tener unas reservas bajas de ARV.  

¿Cómo asistir a las personas que viven con VIH en centros de acogida durante la pandemia?

El informe publicado por ONUSIDA “Guía para el manejo de personas que viven con VIH en situación de movilidad en espacios de acogida durante la emergencia del COVID-19” presenta recomendaciones para el personal de albergues, centros de acogida y a quienes ocupan cargos decisionales en los niveles estratégico y técnico, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las personas que viven con VIH en contextos migratorios. Entre las recomendaciones destacan: 

  • Prevenir la transmisión del VIH: Suministrando pruebas rápidas para la identificación de personas que viven con VIH; garantizando el acceso a agua y saneamiento; difundiendo información sobre las medidas de protección contra la COVID-19 y el VIH y suministrando preservativos, asegurando la disponibilidad y accesibilidad de información sobre el uso correcto de estos últimos. 
        
  • Prevenir la transmisión materno- infantil del VIH: Priorizando la disponibilidad de pruebas rápidas de VIH y de COVID-19 para mujeres embarazadas; brindando atención a los recién nacidos en los espacios de acogida y albergues; difundiendo nociones sobre alimentación complementaria a las madres lactantes que viven con VIH y evitando que los recién nacidos vengan a contacto con la leche materna, suministrando fórmulas infantiles.
     
  • Defender y respetar los derechos humanos: Garantizando que todos y todas puedan acceder a los servicios de emergencia y de salud, independientemente de sexo, edad, etnia, género y estatus migratorio; documentando y denunciando las situaciones de violación a los derechos humanos en los centros de atención y de emergencia y espacios de acogida. 

La COVID-19 puede estar agravando aún más las condiciones sanitarias de las personas migrantes que viven con VIH. Aunque los dos virus se transmiten de maneras diferentes, mantener estándares altos de atención a la salud y protección, junto a información difundida y accesible son prerrequisitos cruciales para prevenir la propagación de ambos. Tener en cuenta las vulnerabilidades múltiples y entrelazadas de las personas migrantes que viven con VIH significa fomentar el desarrollo de nuevas capacidades y atención enfocada en sus necesidades. 

 


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.