9 claves para una Gobernanza Migratoria efectiva en el Caribe

Gobernanza en el Caribe

El Caribe ha sido testigo de múltiples olas de migración a lo largo de la historia. A nivel regional, el estancamiento económico, las oportunidades de trabajo limitadas y los desastres naturales como inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes y terremotos, han sido importantes detonantes en el Caribe, capaces de causar grandes flujos de migración imprevistos.

A pesar de que gobiernos y organizaciones internacionales, tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés), han contribuido a la promoción de la migración regular y segura, las necesidades de creación de capacidades, intercambio de conocimientos y recopilación de datos  migratorio -para nombrar algunos- siguen siendo un desafío. La región comparte varios problemas comunes de migración, por lo tanto, el éxito para superar estos problemas dependerá de la consistencia de los gobiernos caribeños para trabajar en colaboración para enfrentar los retos de la región.

Con el fin de maximizar estos esfuerzos, con el claro propósito de empoderar a los gobiernos, así como sus políticas y capacidades de gobernanza migratoria existentes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo el proyecto PACTA y financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desarrollaron el Informe Regional sobre la Gobernanza de la Migración de en los Estados Independientes del Commonwealth del Caribe. Un informe que presenta los antecedentes de diez países de la región, a través de evidencia y datos concretos, combinados con los insumos brindados por los diferentes actores de la región, para exponer una perspectiva más amplia sobre las oportunidades de mejora en la gobernanza y cooperación regional. Además, ofrece una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de la migración y maximizar sus beneficios económicos y de desarrollo.

El estudio reveló que, para implementar prácticas efectivas de gobernanza de la migración en estos países, los gobiernos deben:

  1. Recopilar datos sobre las tendencias de la migración intrarregional crecientes, así como información sobre poblaciones migrantes, tanto regulares como irregulares.
  2. Implementar un enfoque de migración integral, alineado con los estándares internacionales y las estrategias nacionales de desarrollo.
  3. Fortalecer la vigilancia costera para gestionar adecuadamente la migración irregular, mejorando la aplicación de estrategias en las áreas de gestión de fronteras, seguridad nacional y la protección de los migrantes en situaciones vulnerables.
  4. Recopilar datos sobre el impacto de los regímenes de movilidad, así como programas para obtener la ciudadanía a través de esquemas de inversión.
  5. Mejorar la acción colectiva sobre la gestión de desastres y el desarrollo de mecanismos más integrales para mitigar y gestionar las consecuencias de los desastres naturales.
  6. Fortalecer las leyes y protocolos relacionados con la lucha contra la trata y mejorar la capacidad para generar respuestas más eficaces, tomando en consideración que ninguno de los diez países ha ratificado todos los nueve tratados internacionales de derechos humanos fundamentales. Los países se verían beneficiados al ajustar su legislación para reflejar de manera consistente los principios básicos de los instrumentos internacionales, y al fortalecer los esfuerzos de cooperación regional, incluida la estandarización de protocolos y prácticas para abordar diversos temas relacionados con la migración.
  7. Adoptar mecanismos para garantizar el acceso de los migrantes a la atención médica, así como la mejora de los protocolos de detección en los puntos de cruce de frontera.
  8. Recopilar datos sobre la migración circular (migración repetitiva y temporal entre dos lugares) y la movilidad laboral, y el efecto de la migración en la oferta y demanda de trabajo.
  9. Revisar la legislación para garantizar el acceso universal a la educación de los niños migrantes en edad escolar obligatoria.

En el proceso de abordar estas brechas, es importante que los gobiernos, no solo realicen esfuerzos para mejorar los sistemas de gobernanza de la migración, si no que la comunidad internacional reconozca las complejidades de la subregión y comprenda la necesidad de adaptar los lineamientos y estructuras a las realidades de cada uno de estos Estados. La OIM espera colaborar con la región del Caribe para abordar las limitantes de sus capacidades y aprovechar el potencial que se destaca en este informe.

El Informe sobre la Gobernanza de la Migración en los Estados Independientes del Commonwealth del Caribe está disponible en el Portal de Migración del Caribe de la CMC en el siguiente enlace: http://cpmg.iom.int/migration-data-and-analysis

Para más información, por favor contactar: Brendan Tarnay, Coordinador del proyecto CMC: btarnay@iom.int  / Estela Aragón, Investigadora principal: earagon@iom.int

Sofía Cortes es la Encargada de Contenido Digital para la iniciativa del Caribbean Migration Consultations. Cuenta con más de 5 años de experiencia en las áreas de comunicación y mercadeo. Ha trabajado para agencias de publicidad como Havas Tribu y para organizaciones de Naciones Unidas como University for Peace, como Oficial de Comunicaciones. Es relacionista pública graduada de la Universidad Latina de Costa Rica y candidata a máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.  


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.