6 buenas prácticas de gestión migratoria en las ciudades

 

Para los Gobiernos centrales, la gestión de la migración responde a menudo a necesidades de registro, como gestores de los ingresos y egresos de personas en su territorio. Para las ciudades, es diferente;  pues en efecto no eligen quien entra a  su territorio, son más bien los migrantes son quienes las eligen como su lugar de destino. La falta de conciencia en las ciudades acerca  de la presencia e importancia de la población migrante en su territorio puede devenir en una pérdida de capital humano. Los aportes sociales, demográficos, económicos y culturales de los migrantes, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar los procesos de desarrollo urbano.

Se presentan a continuación 6 buenas prácticas llevadas a cabo en países de América latina y apoyadas por la OIM en su diseño y/o implementación. Todas estas permiten consolidar y reafirmar el papel de las ciudades en la gestión migratoria.

Buena práctica 1: Fomentar las oportunidades laborales de los jóvenes migrantes

El Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (2009-2012) fue una iniciativa del Gobierno costarricense, destinado a favorecer el acceso a oportunidades de trabajo de las personas jóvenes en el país, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas migrantes y entrenamiento para menores de edad). El programa desarrolló dos ejes, uno a nivel local y el otro en el ámbito nacional: 1) una ventanilla única de atención y orientación hacia servicios públicos relevantes; y 2) la promoción de políticas públicas y el fortalecimiento institucional. El programa contribuyó a mejorar la integración de jóvenes nicaragüenses en el mercado laboral costarricense, aumentó su visibilidad y empoderamiento, y fortaleció las instituciones municipales.

¿Por qué es una iniciativa relevante? En sus actividades, los municipios deben desarrollar políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, y que estas deben sustentar las decisiones y acciones políticas tanto a nivel central como local. Del cumplimiento de los derechos depende el acceso de la población a servicios públicos.

 

Buena práctica 2: Mejorar la acogida de migrantes y refugiados en la ciudad

El Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados de la Municipalidad de Quilicura, Chile, define líneas de intervención prioritarias y una política local específica para la acogida y reconocimiento de la población migrante y refugiada, respecto de los servicios del municipio en las áreas de trabajo, salud, educación y convivencia y hábitat. Se trata de la primera política local a favor de la atención a personas migrantes y refugiadas en Chile.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Es esencial para las administraciones locales lograr la integración social y económica de  sus habitantes.  El bienestar socioeconómico de los migrantes yace en el  acceso a servicios públicos de salud y educación, al agua y saneamiento, a una vivienda digna y al mercado laboral formal.

 

Buena práctica 3: Prestar asistencia a migrantes que buscan protección internacional

El Plan de Asistencia de Emergencia para Colombianos buscando Protección Internacional en Ecuador persigue mejorar el acceso a servicios públicos de los  migrantes colombianos, así como la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la sociedad civil a esta población. El programa  también busca proveer soluciones de emergencia efectivas que permitan integrar a las Personas en Búsqueda de Protección Internacional (PBPI) a la sociedad en sus respectivas  comunidades receptoras.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Las crisis en el mundo conllevan de manera creciente aspectos relacionados con la movilidad humana. Las ciudades pueden convertirse en receptoras de flujos migratorios derivados de choques medioambientales, políticos o económicos que pueden ejercer presiones inmedibles sobre su capacidad a prestar servicios y sus infraestructuras. A fin de optimizar su capacidad de resiliencia, es preciso que los municipios integren  y anticipen la migración en sus planes de urbanización.

 

Buena práctica 4: Prevención de la migración irregular de niños para evitar situaciones de vulnerabilidad en Guatemala

Dentro  del Programa Regional de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica, se inscribe un proyecto que atiende a niños retornados para fomentar su reintegración y sensibiliza a los jóvenes sobre los riesgos vinculados con la migración irregular, con base en varias herramientas como por ejemplo becas de educación y asistencia psicosocial post-retorno. Todas se destinan a mejorar las perspectivas socioeconómicas en los pueblos del departamento de San Marcos, Guatemala. Desincentivar la migración irregular permite en efecto fomentar el desarrollo local.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los municipios no tienen a su cargo la gestión de fronteras, sin embargo, desempeñan un papel importante para prevenir la migración irregular, informar a sus ciudadanos sobre los riesgos migratorios – en particular la vulnerabilidad ante la trata de personas -, y en la mitigación de potenciales problemas de salud pública, entre otros.

 

Buena práctica 5: Recolectar información mediante procesos consultivos

La Primera Consulta migrante de la comuna de Quilicura (Chile), llevada a cabo en 2015, tenía como objetivos: (1) contribuir al diseño de políticas más adecuadas al perfil y a las necesidades de los migrante, y (2) recolectar información sobre la población migrante y refugiada residente en la comuna de Quilicura, sus características y percepciones respecto a sus condiciones de vida en Chile. Con el involucramiento exitoso de las comunidades de migrantes de la comuna, se pudo diseñar su perfil con su ubicación geográfica y necesidades.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los Gobiernos – centrales o locales – deben contar con datos migratorios fiables y desglosados por sexo, edad, estatus migratorio; como se ha establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contar con estos datos permite identificar a las comunidades de inmigrantes, a personas en posible condición de vulnerabilidad y sus necesidades, así como a líderes comunitarios potenciales. Los datos, además de generar conciencia, incentivan la toma de decisiones y fomentan la priorización del tema migratorio en las políticas públicas.

 

Buena práctica 6: Promover la integración de la migración en la planificación urbana involucrando diferentes actores

MigraPlan es una metodología de intervención a nivel local apoyada por OIM y destinada a promover la integración de los derechos humanos y el involucramiento de actores sociales y comunidades en la planificación urbana de barrios. Además, busca reunir el mundo académico con los campos de acción, así como la participación activa de las comunidades de migrantes como actores centrales del desarrollo urbano, fomentando su empoderamiento. 

¿Por qué es una iniciativa relevante? La integración de las personas migrantes es una responsabilidad de las Alcaldías que debe ser apoyada por la toda la sociedad en las comunidades receptoras. A fin de lograr soluciones migratorias sostenibles en el tiempo y de fomentar una planificación urbana integral, es preciso que se conformen asociaciones alrededor de una institución coordinadora para involucrar una gran variedad de socios: administraciones públicas, sociedad civil, sector privado, comunidades de migrantes y organizaciones de las diásporas, entre otros.

 

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


La escalada de desinformación durante la pandemia y cómo contenerla

Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Autor Invitado

A menudo en los debates políticos y en los medios de comunicación se hace referencia al carácter multidimensional de la pandemia, con implicaciones sanitarias pero también económicas y sociales. Debido a la naturaleza urgente, crítica y muchas veces desalentadora de la COVID-19, las reacciones de la sociedad frente al avance de la emergencia resultan en emociones como el miedo y el rechazo, estimulados por la difusión de información falsa. Este es el caso de las personas migrantes, quienes con frecuencia son acusadas de traer el virus a un determinado país o de ser las causantes el aumento de casos. Las y los migrantes son víctimas inmediatas de acusaciones que sin embargo, a menudo carecen de fundamento.

Muchas son las historias de desinformación y alarmismo en las Américas, como la que vivió un grupo de migrantes salvadoreños que llegaron a Oluto, un municipio al sur de Veracruz, en México. Acogidos en un albergue especializado por razones humanitarias y para evitar ulteriores contagios, fueron víctimas de afirmaciones falsas propagadas por algunos medios de comunicación, los cuales reportaron un número incorrecto de migrantes y los describieron como portadores del virus, aunque su estado de salud estaban siendo monitoreado.

Historias y denuncias similares se replican en otros países de la región. Allí donde la figura del migrante es en ocasiones utilizada como chivo expiatorio, el avance del virus ha nuevamente acentuado la percepción desfavorable sobre la población migrante. Acusados de traer o de contribuir desproporcionadamente a la transmisión de la COVID-19, las personas migrantes pasan por experiencias dolorosas que se unen a las condiciones precarias en las que muchas veces viven.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes sufren de mayores condiciones de vulnerabilidad, son particularmente afectados. Según un reporte de UNICEF,  junto con el avance de la pandemia ha habido un aumento repentino de deportaciones, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Las deportacioens se han caracterizado además por no permitir que las personas migrantes puedan cumplir con los procedimientos de solicitud de asilo y sin prueba verificada de que porten o no el virus. Por tanto, la narrativa perjudicial y la desinformación acerca de la figura del migrante durante la pandemia de COVID-19 está contribuyendo no solo a una percepción del extranjero permeda de rasgos xenófobos, sino también al agravamiento de la precariedad del estado de los y las migrantes.    

En Costa Rica también se vieron incidentes xenofóbicos hacia la población nicaragüense. Al encontrarse nuevos brotes de COVID-19 el pasado junio en ciertas zonas agrícolas del país, así como en sitios de construcción y otros sectores que emplean trabajadores migrantes, en particular provenientes de Nicaragua, las personas migrantes fueron vistas como responsables del avance de la pandemia en el país centroamericano. En particular, los brotes registrados en algunas piñeras situadas en la ciudad de Los Chiles en el norte del país, que transportaron sin cumplir ningún tipo de protocolo sanitario a personas migrantes en condiciones de irregularidad, suscitaron ulteriores reacciones xenófobas hacia la población migrante nicaragüense, sin responsabilizar a quienes les movilizaron. 

Siempre en Costa Rica, semanas después, el alto porcentaje de población migrante que reside en cuarterías o viviendas informales en el Gran Área Metropolitana, fue señalado como posible foco de contagio. Las autoridades locales reaccionaron cerrando algunas de las propiedades con cercas para impedir que los residentes salgan. Al respecto, algunos miembros de la comunidad académica costarricense señalaron que la atención de los medios no ha sido suficientemente dirigida hacia las razones prácticas y verídicas que causaron un aumento de los contagios en esa áreas, como los límites de espacio en las industrias que no permitieron el mantenimiento de distancias mínimas.

Estos episodios destacan el ambiente de tensión, xenofobia y marginalización de las personas migrantes y afirman la urgencia de incentivar la verificación de datos, la búsqueda de fuentes confiables y la necesidad de un enfoque inclusivo y diversos en los medios.

 

¿Qué podemos hacer?

El impacto de la COVID-19 en la percepción de “los otros” ha demostrado cómo la desinformación acerca del virus es un fenómeno peligroso no solo para el estado de salud de las personas, sino también para la cohesión social.

Para hacer frente a este nuevo reto, las Naciones Unidas lanzaron la campaña Verificado (o Verified en inglés)  que busca denunciar la desinformación en torno a la COVID-19 y al mismo tiempo invita a asumir una actitud crítica ante la información recibida. La campaña responde a las consecuencias drásticas que la desinformación puede generar, como falso alarmismo y discriminación.  Las noticias y las afirmaciones falsas no solamente agravan la crisis sanitaria, sembrando dudas sobre qué hacer o no hacer para protegerse del virus, sino que también estimula las expresiones de odio y de xenofobia que intentan culpabilizar a ciertas poblaciones de la pandemia. La iniciativa de Naciones Unidas procura educar sobre la relevancia de compartir contenido confiable, verificado y actualizado, sea información escrita u oral. 

Verificado llama a reflexionar antes de compartir y reportar noticias basadas en hechos reales en manera responsable. Para lograrlo, la campaña se articula en tres áreas específicas: ciencia, para salvar vidas; solidaridad, para promover la cooperación local y global; y soluciones, para abogar por el apoyo a las poblaciones que han sido afectadas por la COVID-19. Este triple propósito subraya la repercusión social y sanitaria de la campaña y la importancia  de desestimar la información no verificada. 

Invitar a nuestros familiares y amigos a compartir solamente información verificada y confiable es la acción más efectiva que podemos tomar, en este mismo instante, para luchar contra la desinformación y sus muy peligrosas consecuencias sobre la salud pública y la cohesión de nuestras sociedades.