3 factores que favorecen la lucha por la #XenofobiaCero

Centroamérica es uno de los corredores migratorios más dinámicos del mundo. Por esta región transitan migrantes que vienen desde lugares tan lejanos como África y Asia; de países de regiones vecinas como Haití, Cuba y Venezuela; migrantes que salen de los países del norte de Centroamérica y México que buscan ingresar a Estados Unidos; nicaragüenses que llegan a Costa Rica e indígenas Ngäbe Bugle que se movilizan desde Panamá, muchos de los cuales van a trabajar en la cosecha del café para luego regresar a sus comarcas de origen.

En un contexto tan variado como este, para abordar la xenofobia de manera estructural y con una visión sostenida en el tiempo, es necesario incorporar un enfoque contra la discriminación desde la educación y a una temprana edad, que facilite la creación sociedades multiculturales, más equitativas y abiertas.

Sin embargo, también necesitamos respuestas y propuestas inmediatas que contrarresten la desinformación y la xenofobia, y que fortalezcan la circulación de información verdadera. Si pretendemos que la comunicación se convierta en un canal efectivo para esta lucha, esta debe ir acompañada de un andamiaje que facilite la adecuada gobernabilidad de la migración.

La comunicación es una herramienta poderosa para sensibilizar a la población sobre los beneficios de la migración y para desmitificar las mentiras xenofóbicas en torno a las personas migrantes. Las campañas de información deben responder a los contextos específicos, construyendo los mensajes con las personas migrantes y sus comunidades de acogida: asegurando que sean ellas y ellos quienes cuenten sus historias.

Es necesario que también se fortalezca el conocimiento sobre los derechos de las personas migrantes en otros ámbitos, como el legal, social, salud, etc. En ese sentido hemos identificados 3 factores que fortalecen la lucha contra la xenofobia y que deben trabajar de la mano con la comunicación:

  • Marcos legales que favorezcan la migración regular, ordenada y segura. La imposición de medidas restrictivas a la migración irregular sin generar opción de migración regular, en muchos casos tienen como consecuencia la creación de escenarios que ponen a las personas migrantes en situaciones de aun mayor vulnerabilidad, como la trata de personas o el tráfico de migrantes. Un informe de 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) establece que la legislación que penaliza la migración irregular puede aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes al posible racismo y xenofobia, e incluso indirectamente generar violencia contra este grupo.
  • Espacios que propicien el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones del gobierno, la sociedad civil, empresa privada, la cooperación internacional y las personas migrantes, para que se aborden los retos y oportunidades de la migración desde una visión más integral del panorama, disminuyendo así los riesgos de estigmatización. Según la Declaración de Salvador (acordado por el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en Salvador, Brasil, en 2010), un enfoque integrado de la gobernanza de la migración es esencial para garantizar la prevención de la xenofobia y los delitos cometidos contra las personas migrantes.
  • Acceso a servicios y programas que respondan a las necesidades de las personas migrantes, basados en estudios técnicos que permitan establecer la capacidad real de los mercados laborales y sus oportunidades de crecimiento, así como la capacidad de los sistemas de educación y salud para proveerles servicios. La integración social beneficia a ambos grupos, al brindar mayores oportunidades a las personas migrantes y al permitirles participar y contribuir plenamente a sus países de destino. La falta de medidas para facilitar la integración de las personas migrantes puede generar relaciones tensas y animosidad entre las poblaciones migrantes y las comunidades de acogida.

Crear políticas holísticas y colaborativas que respondan de manera proactiva a los flujos migratorios es un aspecto crucial en la lucha contra la xenofobia. Esto permite a los Estados maximizar los beneficios de la migración al tiempo que reduce las vulnerabilidades de las personas migrantes y aborda preventivamente la hostilidad en las comunidades de acogida.


No es "nosotros contra ellos": por qué es esencial incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación contra COVID-19

Categoria: Migration and Health
Autor: Guest Contributor

La COVID-19 ha demostrado que los virus no solo no conocen fronteras, sino que tampoco discriminan en función del estatus migratorio. No tener en cuenta a los migrantes en nuestros esfuerzos de vacunación obstaculizaría la eficacia de estas campañas y dificultaría el fin de la pandemia.

18 de marzo de 2021 - por Jacqueline Weekers y Michele LeVoy

En menos de tres meses, se han administrado más de 360 millones de dosis de vacuna COVID-19 en más de 100 países. El ritmo de la inoculación se acelera día a día y el mundo tiene la esperanza de que la luz al final del túnel COVID-19 esté a la vista.

Pero a medida que los expertos en salud pública, los asesores de políticas y los tomadores de decisiones gubernamentales continúan redactando e implementando sus respectivos planes nacionales de vacunación, existe una gran preocupación de que algunos miembros de comunidades vulnerables puedan ser excluidos de las campañas de vacunación, incluso si se se les incluye en el papel.

EL TEJIDO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Algunas de las personas más difíciles de alcanzar y con mayor riesgo de ser excluidas son las personas migrantes, quienes viven, trabajan y contribuyen de manera significativa a nuestras sociedades, y en particular aquellos que tienen un estatus de residencia irregular. Son nuestros conductores de reparto, trabajadores de la construcción, cuidadores, limpiadores, niñeras, cocineras y vendedores ambulantes, que trenzan el tejido de nuestras comunidades. Alguna vez muchos de ellos tuvieron visas o permisos, pero cayeron entre las grietas de nuestros sistemas de inmigración. Pueden ser adultos, niños o personas mayores, y muchos han vivido durante años en el país donde es posible que no puedan obtener una autorización oficial para residir.

La pandemia y las medidas de encierro relacionadas les han hecho la vida infinitamente más difícil a los migrantes en situaciones irregulares, y los han expuesto a nuevos riesgos, especialmente si no tienen hogar o viven en condiciones precarias y estrechas donde el distanciamiento físico es un desafío y el acceso al agua potable es limitado. Algunos perdieron sus trabajos debido a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia; otros tuvieron que seguir trabajando -ya sea porque laboran en sectores esenciales o porque no podían permitirse perder un solo día de ingresos- sin la protección adecuada.

Ahora hay pruebas sólidas de que las familias pobres y las minorías étnicas y de otro tipo se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y es más probable que sufran peores consecuencias sobre su salud. Sumado a esto, vivir con un estatus migratorio irregular a menudo significa acceso restringido a los servicios de salud e información, y poca confianza en las autoridades debido a las medidas de control de la inmigración.

FOMENTAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS

En la Unión Europea y en otros lugares, varios países ya han dejado en claro su intención de incluir a las personas migrantes en situación irregular en el despliegue de sus vacunas. Las estrategias de vacunación holandesa y española las mencionan explícitamente. En Francia se ha anunciado que las vacunas serán gratuitas para todos y no se requerirá tarjeta de seguro médico. En Italia se anunció que las vacunas estarán disponibles para cualquier persona que viva en el país, independientemente de su estado de residencia. Los lineamientos en el Reino Unido establecen que las vacunas están disponibles de forma gratuita, incluso para cualquier persona que viva en el país "sin permiso", y que "no se necesitan controles de inmigración" para las personas que buscan servicios de salud relacionados con COVID-19.

Otros países de todo el mundo han tratado de crear entornos propicios, por ejemplo, otorgando temporalmente a todos los migrantes el mismo estatus que los nacionales para los beneficios sociales y de salud, regularizando grupos grandes o impidiendo que las autoridades de salud compartan los datos de los pacientes con las autoridades de inmigración durante el período de respuesta a la pandemia para proteger contra el riesgo de deportación.

Con estos avances políticos alentadores, quedan muchas preguntas sobre los detalles de la implementación. Lo que ya está claro es que para los migrantes en situación irregular que forman parte de los grupos priorizados debido a una mayor vulnerabilidad a la infección, como trabajadores de primera línea, personas con comorbilidades o sin hogar, es fundamental un acercamiento proactivo para informarles sobre sus derechos y cómo acceder la vacuna.

LEVANTAR LAS BARRERAS EN LA PRÁCTICA Y CONSTRUIR CONFIANZA

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía “que los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a quienes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y a los más vulnerables, incluyendo... refugiados, desplazados internos, apátridas, indígenas, migrantes” y otros grupos.

Sin embargo, en la vida diaria, los migrantes, especialmente los que se encuentran en situaciones irregulares, tienden a enfrentarse a una larga lista de barreras que obstaculizan su capacidad para acceder a los servicios de salud. Se les puede exigir que paguen gastos de bolsillo, que estén registrados en un mecanismo de seguridad social o que presenten documentos que no poseen. El idioma es otro factor importante que genera aprensión y limita la comprensión entre los migrantes y los proveedores de servicios de salud.

Es más, los planes de vacunación contra COVID-19 deben considerar que las políticas generalizadas de discriminación y criminalización pueden haber erosionado la confianza que tienen las personas migrantes en las autoridades: con demasiada frecuencia, evitan buscar atención médica por temor - y riesgo real - de enfrentar la aplicación de las leyes de inmigración.

En consecuencia, es fundamental que el despliegue de cualquier vacuna COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular se realice en estrecha cooperación y consulta con organizaciones comunitarias confiables que tengan un historial de trabajar con ellos y brindarles servicios, y con la colaboración y participación directa de personas y representantes de estas comunidades. Esto también ayudaría a garantizar que las dudas sobre las vacunas dentro de estos grupos se comprendan y aborden de manera adecuada.

También se deben establecer cortafuegos confiables entre las autoridades de salud y de inmigración, con garantías claras de que cualquier información obtenida de manera informal o formal sobre el estado de residencia de una persona mientras se proporciona la vacuna no se utilizará en su contra para desencadenar procedimientos de inmigración. Es importante destacar que la falta de documentos oficiales no puede ser una barrera para recibir una vacuna.

Todavía hay tiempo para hacerlo bien, aprendiendo de las autoridades nacionales y locales que han dado pasos hacia la equidad y trabajando con los migrantes y las propias comunidades locales.

El éxito de las campañas nacionales de vacunación depende de cuán inclusivas y equitativas sean. Y nuestra capacidad colectiva para salvar tantas vidas como sea posible y reactivar nuestras economías depende de qué tan bien nos aseguremos de que todos los que necesitan la vacuna tengan realmente acceso a ella.