Registro, Regularización e Integración  - “Un migrante irregular es un migrante invisible”

Una persona migrante irregular es una persona sin protección del Estado donde se encuentre, más expuesta a trabajos informales, sin acceso a seguro social, sin posibilidad de tener una representación política y temando ser detenido o expulsado, haciéndole vivir en un estado constante de incertidumbre y vulnerabilidad. Esta persona migrante irregular no representa ningún “cargo” para los Estados como lo dejan pensar algunos. Al contrario, es un aporte económico, social, cultural a su sociedad de acogida y también para su comunidad de origen, sin garantía ni acceso a sus derechos básicos. Sin embargo, en virtud de varias convenciones internacionales que todos los Estados soberanos del mundo firmaron y ratificaron como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de refugiados 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, todos los seres humanos tienen derechos humanos garantizados. Para resolver las situaciones de migrantes irregulares e invisibles, los Estados recurren a políticas de registro de migrantes en vista de regularizarles, lo que facilita  su integración en la sociedad de acogida. 

La regularización e integración de los migrantes ha adquirido relevancia en el panorama mundial con la llegada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la que se hace un llamamiento a “no dejar a nadie atrás”. Además, está inscrito en el Pacto Mundial sobre Migración, en particular a través del Objetivo 5 “Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular”, el Objetivo 7 “Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración”, el Objetivo 15 “Proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos” y el Objetivo 16: “Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social”. Sin embargo, la esfera de la integración de los migrantes ha sido un tema q

ue, tradicionalmente, ha estado polarizado. El primer obstáculo a la integración es la falta de políticas de regularización, término que se entiende como la respuesta política del Estado a la presencia de migrantes irregulares que residen en el país. La OIM ofrece a los Estados Miembros asistencia técnica y orientación sobre políticas para la gestión de los procedimientos de registro para la regularización y la integración y a través de varios proyectos en las Américas, ayuda a mejorar la vida de cientos de miles de personas. 

La regularización de las personas irregulares representa beneficios para una multitud de actores. En efecto, para el país de acogida, representa un mayor control migratorio, una mejor gobernanza de las migraciones, contribuciones económicas regulares y un mejor cumplimiento de estándares y compromisos internacionales. Para las personas migrantes, tener un estatuto regular significa una mayor protección legal, menos riesgos de explotación laboral o de trabajo informal, mayor acceso a sistemas de salud, seguro social y educación y brinda una identidad legal1 en el país lo que facilita su integración. Para el sector privado, tener políticas de regularización permite tener un mayor acceso a fuerza laboral, solventar algunas brechas en ocupaciones con baja participación de personas nacionales, aumenta la cobertura en el seguro social para accidentes etc. Para el país de origen de la persona regularizada, significa la recepción de remesas de personas que laboran de manera formal y pueden poseer mayores ingresos que aquellas insertadas en el sector informal y una mayor protección de sus nacionales. 

"La regularización y documentación de los refugiados y migrantes sigue siendo la mejor vía para la inclusión socioeconómica de la gran mayoría de estas mujeres, niños y hombres, de modo que puedan contribuir plenamente a los países y comunidades que los acogen", declaró Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. Ejemplo elocuente2, el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR cumple sus 20 años con resultados impresionantes. Sin lugar a duda, este instrumento se ha establecido como “una piedra fundamental hacia la consecución de la migración regular en la región” (OIM: 2018, 13). Según el Foro Especializado Migratorio del Mercosur en 2021, aproximadamente el 80% de las personas migrantes en América del Sur provienen de países de la propia región. Desde que entró en vigor en 2009 hasta el año 2020, el Acuerdo ha resuelto la situación migratoria de casi 3.500.000 de personas, otorgándoles residencias temporales y permanentes.  

La OIM recientemente apoyo, entre otros, al gobierno de Ecuador, Perú, Brasil y Colombia en programas de registro de migrantes para regularizarles.  

Efectivamente, en agosto del 2023, MIGRACIONES PERU3 y la OIM firmaron un acuerdo de proyecto para empadronar a 150 mil personas extranjeras y colaborar en la regularización de personas refugiadas y migrantes. Actualmente, más de 1.9 millones de migrantes residen en Perú, de los cuales aproximadamente 1.5 millones son nacionales de Venezuela. De este grupo, unos 664 mil se encuentran en situación migratoria irregular. Con el objetivo de reducir esta brecha y fomentar las oportunidades de desarrollo que brinda un estatus migratorio regular, MIGRACIONES y la OIM han unido fuerzas. El proyecto abarca desde la implementación de herramientas informáticas hasta el proceso de enrolamiento y la entrega del Carné de Extranjería, según corresponda.  

En el año 2021, MIGRACIONES y la OIM llevaron a cabo el proyecto "Emisión y entrega del Carné de Extranjería mediante Residencia Humanitaria para población venezolana solicitante de refugio y Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) a migrantes irregulares". Durante dicho período, entre abril y diciembre, la colaboración conjunta resultó en la emisión de 24,452 Carnés de Extranjería Residencia Humanitaria y 92,858 Carnés de Permiso Temporal de Permanencia. 

Con una población de casi medio millón de ciudadanos venezolanos, Ecuador4: se posiciona como el tercer país con la mayor cantidad de migrantes de Venezuela en todo el mundo, después de Colombia y Perú. No obstante, la mayoría de estos migrantes enfrentan el obstáculo de la falta de documentación adecuada, lo que dificulta su capacidad para construir un futuro próspero en Ecuador. A partir de junio de 2022, se ha avanzado significativamente en el registro migratorio de esta población, con más de 104.000 personas concluyendo dicho proceso. Entre ellos, aproximadamente 55.000 venezolanos han solicitado la visa, y hasta ahora del 2023, cerca de 58.000 migrantes ya recibieron Visas y unos 50 000 cedulas. Otros miles continúan en diferentes etapas del plan de regularización implementado por el país. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ecuador ha tomado medidas para regularizar la situación de migrantes y refugiados de Venezuela. Ya en 2019 y 2020, se llevó a cabo un ejercicio extraordinario de regularización, beneficiando a 51.000 personas. “Tener el estatus de regularidad, eso lo ha cambiado todo. Podré tener un contrato legal y acceso a todos los servicios comunes. Es un cambio radical”, señala Carlos*, un migrante venezolano regularizado gracias a esos programas estatales.5 

“La regularización es clave para facilitar su integración socioeconómica y el camino para la inclusión total”, dijo José Iván Dávalos, Jefe de Misión de la OIM Ecuador. “Trae beneficios no solamente a los migrantes sino también a las comunidades que los acogen a las cuales llegan buscando seguridad”. Para muchos, esta nueva situación ha sido un rayo de esperanza en sus vidas. Este cambio ha sido percibido como lleno de oportunidades para un futuro más seguro y estable. 

En Colombia, gracias a políticas y jornadas de registro y regularización, más de 2 millones de venezolanos fueron registrado y 1.775.346 recibieron el Permiso por Protección Temporal6, lo que les han permitido regularizar su estatus migratorio. Los asistentes pudieron recibir apoyo en los Puntos de Referenciación y Orientación (PRO) móviles de la OIM, se afiliaron a servicios de salud y accedieron a vacunación. “Yo espero y aspiro que con este documento pueda ser una colombiana más, o sea, tener el mismo derecho que tienen los demás… Yo quiero mejorar el tema laboral, de salud, de estudios, no solo para mí sino también para mis hijos, ya que a futuro quiero quedarme acá en Colombia” dice Marian*, una venezolana residiendo en Medellín, quien empacó su vida y la de sus dos hijos en un par de maletas antes de llegar al país en búsqueda de una vida mejor7. 

Existen muchos otros ejemplos similares en las Américas, pero se puede concluir que el registro, la regularización y la integración de los migrantes son pasos cruciales para construir sociedades más inclusivas y justas. Al facilitar la participación activa de todas las personas migrante en la sociedad de acogida, sin discriminación de nacionalidad, se genera una convivencia pacífica y se desafían estereotipos negativos. La integración efectiva proporciona igualdad de oportunidades, mejora la calidad de vida de los migrantes y fortalece el tejido social, promoviendo un ambiente armonioso y próspero para todos. Además, contribuye a reducir la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.  

La integración exitosa de los migrantes en la sociedad de acogida enriquece la diversidad cultural y aporta beneficios mutuos. Al sentirse incluidos y respetados, los migrantes contribuyen con sus habilidades y experiencias, mientras se desafían los prejuicios y se fomenta la convivencia pacífica. Esto crea comunidades cohesionadas, equitativas y enriquecedoras para todos sus miembros, avanzando hacia un mundo más diverso y respetuoso. Podemos crear un mundo en el que los migrantes sean valorados, protegidos y puedan contribuir plenamente a nuestras comunidades. ¡Actuemos juntos ahora y hagamos la diferencia!