México se suma a los gobiernos que impulsan una migración ordenada, segura y digna utilizando los indicadores de gobernanza migratoria (IGM).

Date Publish: 
02/23/2021

Ciudad de México – México se unió hoy a los 84 países y 30 autoridades locales en el mundo que han comenzado a impulsar una migración ordenada, segura y responsable utilizando los Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM), creados en 2015 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para cumplir con la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

El país norteamericano se convirtió en pionero mundial al comenzar a utilizar a nivel estatal, en Chihuahua y Oaxaca, una herramienta que puede contribuir a mejorar la gestión de los flujos migratorios mixtos en un país ubicado en el corredor migratorio más importante del mundo. 

“La percepción de los estados, ciudades y municipios como actores clave en la formulación de políticas migratorias está estrechamente relacionada con un enfoque de la gobernanza centrado en identificar retos, generar compromisos y buscar una mayor participación de las personas migrantes y de las comunidades de acogida”, dijo Dana Graber Ladek, Jefa de Misión de la OIM en México, quien encabezó hoy la presentación de los estudios realizados con la colaboración de más de 60 organizaciones e instituciones públicas de Chihuahua y Oaxaca.

Del informe de Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, resaltó que desde 2020 las personas migrantes son ya sujetos de atención prioritaria en los presupuestos del estado, que se dedica un monto a su protección con atención especial a la niñez y adolescencia migrante, y que las políticas del estado para la atención a las personas migrantes están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Agenda 2030, que se está difundiendo a nivel municipal.

Del análisis de Oaxaca, al sur de México, destacó que la población migrante es considerada en la legislación local como grupo en situación de vulnerabilidad con el que hay que trabajar, al que se imparte capacitación profesional y técnica sin importar su condición migratoria, y que estas personas cuentan con acceso a educación básica y servicios de salud, lo que resulta fundamental dada la actual situación de pandemia global.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil ha sido preponderante para brindar asistencia legal y humanitaria a las personas migrantes que transitan por la ruta migratoria del Istmo. También se apuntan algunos desafíos pendientes de afrontar.

Desde que fueron creados por OIM en colaboración con The Economist Intelligence Unit, los IGM han ayudado a los gobiernos nacionales y locales a identificar fortalezas y áreas de potencial de desarrollo para asegurar una buena gestión migratoria.

En la región de las Américas son ya 21 gobiernos los que han trabajado con esta metodología: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En 2021, diez nuevas municipalidades de la región y otros dos nuevos estados en México formarán parte del proceso IGM.

Para más información favor de contactar a Alberto Cabezas Oficial Nacional de Comunicación de OIM México, email: acabezas@iom.int  tel.: +52 55 4525 8361

Enlaces para consultar los informes de Chihuahua (principales hallazgos y documento completo) y Oaxaca (principales hallazgos y documento completo). 

Enlace para consultar otros informes IGM en la región y en el mundo: aquí.


El tráfico ilícito de migrantes en México y Centroamérica nunca entró “en cuarentena” durante 2020, señala nuevo estudio de la OIM

Date Publish: 
24 / 02 / 2021

San José- Un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Central y México analizó el impacto de la pandemia por COVID-19 en los flujos migratorios relacionados con este delito. Los principales hallazgos apuntan a que el tráfico ilícito ha continuado desarrollándose, aunque los flujos han disminuido desde inicios de 2020.

El tráfico ilícito de migrantes, es decir, el traslado irregular de personas a través de una frontera internacional constituye una de las actividades criminales más lucrativas del mundo. La movilidad global se vio completamente afectada durante la pandemia por COVID-19, como evidente efecto de las medidas adoptadas por los Estados en cuanto a las restricciones y cierres de fronteras. Sin embargo, el “contrabando de personas” a través de México y Centroamérica nunca se puso “en cuarentena”.

El estudio no halló evidencia de que el crimen organizado haya tomado control del tráfico ilícito de migrantes, enfocándose en su lugar en el traslado ilícito de drogas, medicamentos y otros artículos. Por el contrario, se halló que prevalece el tráfico de subsistencia, practicado por habitantes de áreas fronterizas que se han visto empobrecidas debido a la reducción de oportunidades de empleo y a la pérdida de ingresos causada por las restricciones impuestas a la movilidad y al comercio.

El tráfico ilícito de migrantes, explica el estudio, es practicado por hombres y mujeres que dependen en economías informales locales como fuente de ingreso. Se advierte un incremento de la participación de niñas, niños y adolescentes que, al residir a lo largo de franjas fronterizas, utilizan sus conocimientos de rutas escondidas para facilitar la migración irregular.

Los hallazgos incluyen información sobre cambios en demanda, precios y organización de los servicios ofrecidos por traficantes. La carencia de recursos para cubrir las cuotas impuestas por los grupos de traficantes obliga a las familias migrantes a hipotecar sus tierras o vender sus propiedades, siendo presa no sólo de traficantes sino también de prestamistas.

El estudio también explora los retos a los que se han enfrentado las instituciones para dar respuesta al tema en un contexto en el que sus recursos y operaciones se vieron directamente afectados.

“Una de las recomendaciones de este estudio es integrar a las comunidades involucradas en el tráfico ilícito de migrantes en las estrategias de recuperación socioeconómica, para diversificar sus fuentes de ingreso y las alternativas de subsistencia”, dijo Alexandra Bonnie, coordinadora del Programa Regional sobre Migración de la OIM. “Los Estados deberían reconocer que un acceso disminuido, dificultoso o inadecuado a alternativas legales y seguras a la migración irregular impulsa la demanda de servicios de migración irregular, lo cual a su vez pone a las

personas migrantes sistemáticamente en riesgo. Bajo un enfoque integral, la lucha contra este crimen debería verse como un aspecto más de la gobernanza de la migración”.

El estudio se desarrolló entre julio y agosto de 2020, con una metodología cualitativa, descriptiva y exploratoria. Los métodos incluyeron revisión documental, observación de campo y entrevistas con personal clave de gobiernos y organizaciones internacionales.

El estudio se presentó el miércoles 17 de febrero, ante representantes de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT).

Este estudio se desarrolló en el marco del Programa Regional sobre Migración de la OIM, con financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de la OIM. Puede consultarlo aquí.