A inicios de agosto 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informaba que las muertes de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron en un 17 % durante los primeros 7 meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior. Ese porcentaje representa 232 personas que perdieron su vida al buscar mejores condiciones de vida, lo cual nos muestra un ejemplo regional de las consecuencias lamentables de una migración en condiciones inseguras, desordenadas e irregulares. Así como estos, los episodios trágicos que involucran la muerte de migrantes se repiten a diario en todo el mundo.

En septiembre de 2016, Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir temas relacionados con migración y refugio durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quienes finalmente adoptaron la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. En esa declaración se reconoció que: “el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos”. ¿Y qué hacemos para hacerle frente a esos problemas? Precisamente, la Declaración en su Anexo II establece el compromiso para iniciar negociaciones en aras de aprobar un pacto con el fin de lograr un consenso en temas migratorios. Hablo del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual ha generado desde el año pasado una serie de consultas en todo el mundo que servirán como insumos para el producto final de este gran esfuerzo. Este pacto se aprobará en el marco de una conferencia intergubernamental sobre migración internacional en el 2018.

Una de las razones por las que el Pacto Mundial sobre Migración representa una oportunidad histórica es la forma en que se está desarrollando: un proceso inclusivo que cuenta con la participación de todas las partes pertinentes como lo son la sociedad civil, el sector privado, la academia, los parlamentos, las comunidades de la diáspora y organizaciones de migrantes.

El Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, nos daba un ejemplo de la importancia de esta inclusión durante un diálogo parlamentario sobre el Pacto Mundial: “(el Pacto Mundial) tiene menor sentido si a nivel nacional no es traducido en política pública, en marcos legislativos y en la solución concreta de los problemas. Por eso los parlamentarios juegan un papel central”. 

El Embajador Gómez Camacho, quien además fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas como co-facilitador del Pacto Mundial, explica como la integración de parlamentos en el proceso preparatorio del Pacto asegura que finalmente las disposiciones que se aprueben tenga un impacto real en nuestras sociedades. Esa misma lógica aplica para el resto de sectores y por eso estamos llamados a nivel regional a seguir muy de cerca este proceso y a contribuir a la materialización de este gran acuerdo internacional.

A propósito del proceso consultivo de este pacto, el 30 y 31 de agosto de 2017 se llevó a cabo la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional Preparatoria del Pacto Mundial, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, Chile. Este es uno de los eventos en el calendario que tiene como objetivo generar insumos para el Pacto Mundial, por lo que los participantes aportaron recomendaciones concretas y ejemplos de buenas prácticas en la región para su discusión y consideración. Esta consulta culminó con un llamado a alcanzar un acuerdo global ambicioso, centrado en la igualdad y con un enfoque de derechos.

Le invito a seguir de cerca el proceso en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en: http://rosanjose.iom.int/site/es/pacto-mundial