¿Pueden las ciudades beneficiarse de la migración?

 

Debido a que, legalmente, en la mayoría de los países las tareas de control migratorio son responsabilidad primaria de los gobiernos centrales, muchos gobiernos locales prefieren mantenerse al margen de cualquier cuestión que tenga que ver con migración o migrantes. Sin embargo, en un mundo con los mayores niveles de movilidad humana de toda la historia de la humanidad, estas posturas ya no resultan sostenibles, pues son las ciudades donde los migrantes hacen sus aportes y donde construyen sus vidas, sus familias y su futuro.

A pesar de no ser un tema nuevo (esencialmente no existirían ciudades sin migración), la relación entre migración y ciudad se mantiene como un tema bastante poco explorado y abordado por parte de múltiples administraciones locales. Por supuesto, muchas ciudades desde hace varias décadas saben y reconocen los aportes de los migrantes e incluso, por ejemplo, muchas en Estados Unidos y Canadá implementan campañas de marketing para atraer a personas extranjeras calificadas a sus territorios, principalmente vía internet y campañas públicas de reclutamiento.

Migración y ciudad: todos los retos (y los potenciales beneficios) en un solo lugar

Además de sus aportes económicos –mejor productividad, tasas de autoempleo dos veces más elevadas que las de los nativos, impacto positivo de las remesas en el desarrollo local de los lugares de origen, mayor creatividad, entre otros– la presencia de inmigrantes bien integrados permite la renovación de barrios, del tejido social y cultural, y una mayor resiliencia urbana. No obstante, una mala gestión municipal de la inmigración puede generar patrones de fragmentación espacial exagerados y exponer a sus habitantes a una inseguridad  económica, física, y hasta alimentaria o vinculada con la falta de acceso al agua y al saneamiento. Las ciudades deben incluir a los migrantes en sus planes de desarrollo municipal y de urbanización a fin de evitar la constitución de enclaves étnicos excluyentes. Con este fin, es preciso que cuenten con datos estadísticos fiables y desagregados por sexo, edad y estatus migratorio para poder identificar las necesidades de estas personas.

En las ciudades norteamericanas persisten desigualdades y obstáculos que a veces impiden a los inmigrantes o sus descendientes gozar de las mismas oportunidades que los nativos. Los migrantes todavía padecen de altos niveles de segregación ethno-residencial y escolar, millones de personas se ven afectadas por la falta de documentación y, por consiguiente,  carecen de acceso a servicios básicos y al mercado laboral formal. En cuanto a las ciudades de Centroamérica y del Caribe, los nuevos habitantes son mayoritariamente producto de la migración interna, pero también de la migración internacional, sobre todo en Costa Rica, México o República Dominicana. En estos países, tampoco se ofrecen las mismas oportunidades laborales y de ascenso social a todos. Sus recién llegados tienen muchas más probabilidades de padecer de la informalidad de asentamiento, por lo que quedan más expuestos a la pobreza extrema, a la vulnerabilidad ante desastres naturales y a la exclusión en general.

Aunque América Latina es la región más urbanizada del mundo (más del 80%), los países centroamericanos y del Caribe todavía están desarrollando patrones de migración del campo a la ciudad con políticas urbanas insuficientes, lo que implica un crecimiento descontrolado de las ciudades. El desarrollo del comercio sur-sur también implica el crecimiento de ciudades costeras expuestas a inundaciones, deslizamientos, huracanes, etc. En dichos municipios, los migrantes internos e internacionales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En todo el continente americano, se desarrollaron en los últimos años una serie de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en ciudades. Las ciudades norteamericanas en particular son pioneras; más de cien de ellas firmaron ordenanzas de “ciudad santuario”, o sea un lugar donde no se pueden controlar y aprehender a personas con base a su estado migratorio. Florecieron políticas y programas que fomentan las siguientes áreas:

  • Inclusión económica: acceso a recursos financieros y al sistema bancario, apoyo al autoempleo y al ingreso de trabajadores migrantes en el mercado laboral formal, entre otros.
  • Inclusión social: acceso equitativo a servicios de salud, educación, a una vivienda digna, al agua y al saneamiento, al transporte, entre otros.
  • Inclusión cultural: organización de eventos multiculturales, fomento del acceso a espacios públicos.
  • Inclusión política y cívica: involucramiento de las comunidades de migrantes y de las diásporas en el dialogo comunitario, promoción de la participación ciudadana.

En México, Centroamérica y el Caribe la cuestión todavía es incipiente, pero también se aprecian esfuerzos para agilizar el marco legal e institucional que hasta entonces ha sido rígido en las ciudades. Las ciudades grandes e intermedias de estos países se enfrentan a dos retos mayores que están  interconectados: la amplificación de la brecha urbana derivada de una proliferación de tugurios vinculados con una mala gestión de la migración interna e internacional, y la vulnerabilidad ante desastres naturales y el cambio climático. Ambos retos se relacionancon una desconexión de los poderes municipales de las realidades migratorias y de sus aspectos económicos, sociales, medioambientales. 

La migración debe entrar en la agenda municipal

En la región, como en otros partes del mundo, la migración representa entonces a la vez un reto y una oportunidad para los Gobiernos, tanto centrales como locales, en particular para su capacidad de resiliencia e integración. La solución pasa por una mejor gobernanza, o sea que se articulen de manera coherente las políticas a todos los niveles de gobierno; con el involucramiento de la sociedad civil, del sector privado y las organizaciones internacionales o regionales. Es preciso que los municipios integren las temáticas migratorias en sus agendas de planificación, con el apoyo de los Gobiernos centrales. La incorporación de un enfoque de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas permitiría el acceso de todos a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo y al transporte de manera digna. Además, la movilización de personas se dirige cada vez más hacia ciudades intermedias, con poca experiencia de acogida a personas de culturas diferentes, por lo que se vuelve necesario el fortalecimiento de capacidades locales para integrar exitosamente a las personas migrantes. Las ciudades también desempeñan un papel importante en la imagen que difunden de los inmigrantes. Gracias a campañas de sensibilización y a la organización de encuentros entre comunidades de migrantes y comunidades locales, se puede revertir algunas tendencias de estigmatización y discriminación hacia las personas migrantes. Los municipios deben aprovecharse de esta proximidad con las comunidades de migrantes para reforzar su papel de primeros interlocutores.

Desde la OIM, consideramos que es tiempo de reforzar la voluntad de los municipios de integrar mejor a todos sus residentes. Con este fin, buscamos  fomentar y apoyar iniciativas municipales innovadoras, además de reforzar la disopición de las instituciones municipales y vincular a migrantes con las autoridades locales. A través de la difusión de buenas prácticas, esperamos alertar a los alcaldes y a los Gobiernos centrales sobre las posibilidades que tienen de fomentar el desarrollo de sus territorios mediante una mejor gestión de la migración. Además, la OIM participó en la Cumbre Mundial de Líderes Locales en Bogotá (12-15 de octubre de 2016) y a la conferencia Hábitat III en Quito (17-20 de octubre de 2016), con el objetivo de promover la priorización del tema migratorio en las agendas municipales del mundo entero.    

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


Migración y discapacidad en el 2020

Migración y discapacidad en el 2020
Categoria: Protección y Asistencia a Migrantes
Autor: Laura Manzi

Si bien calcular el número de las personas con discapacidad en el mundo es una tarea complicada, pues no existen registros oficiales, y también porque en ese proceso se involucran otros desafíos como tener que distinguir entre discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, según las estimaciones de la OMS el 15% de la población mundial vive con discapacidad. Sin embargo, en los discursos relacionados con la discapacidad mencionar los números no es tan funcional, pues hay que remarcar, primero, que muchas personas pueden también no reconocer o no consideran su condición como una discapacidad, y segundo, que cada persona vive su discapacidad de manera diferente.
 
Esto se debe no solo a los otros elementos que componen su identidad, como el género, edad, identidad sexual, etnia, nacionalidad, que también definen la manera en la cual la discapacidad se manifiesta y que atenuan o agravan sus consecuencias, sino también a los factores que caracterizan su posición social, como su situación económica, nivel educativo y estatus migratorio (regular o irregular), entre otros. Estos últimos pueden afectar y limitar las capacidades y oportunidades de la persona con discapacidad. En ese sentido, la gravedad de la discapacidad es en parte relativa a las condiciones de vida y al ambiente en el cual la persona vive. Las personas migrantes que viven con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos y sufren una vulnerabilidad mayor, pues a menudo carecen de oportunidades y atención adecuada a sus necesidades y encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a servicios de salud y de seguridad social. 

¿Puede el proceso migratorio ser la causa de la discapacidad? 

Debido a la carencia de estudios enfocados en el tema de discapacidad, la literatura acerca de las condiciones de vida de las personas migrantes que viven con una condición de este tipo es escasa. Sin embargo, algunos estudios hacen referencia a cómo el proceso migratorio en sí también puede ser el causante de la discapacidad.

Según un informe de COAMEX, que se basa específicamente en la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, durante el tránsito, las personas migrantes tienen que lidiar con situaciones difíciles y riesgosas que pueden provocar el riesgo de adquirir condiciones de discapacidad, sobre todo física o psicosocial, como son:

  • Subir o descender del tren en movimientos (a menudo para huir, evitar la detención, o trasladarse más rápidamente por algunos tramos), lo que pueden causar mutilaciones.
  • Sufrir accidentes o choques de los vehículos en los cuales se encuentran grupos de migrantes en condiciones inseguras o ser víctima de actos violentos que dejan contusiones físicas.
  • A raíz de una experiencia que puede ser estresante y traumática, en algunas personas migrantes se genera ansiedad, trastornos de pánico y estrés postraumático, lo que a su vez puede provocar el desarrollo de discapacidades psicosociales.  

A través de un comunicado, las Naciones Unidas también enfatizaron la vulnerabilidad de las personas migrantes frente al riesgo de discapacidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes que cuentan con menores niveles educativos o que sufren de exclusión laboral en muchos sectores tienen que ocuparse a menudo de trabajos manuales peligrosos, los cuales exponen las personas a alto riesgo de accidentes y por consiguiente a condiciones de discapacidad física. 

¿Qué significa ser migrante y vivir con discapacidad en época de pandemia? 

Reiterando los datos e informaciones divulgadas por la Organización Mundial de la Salud, la OIM indica que los riesgos que sufren las personas con discapacidad (por supuesto, dependiendo de su discapacidad) son debidos a: 

  • Las dificultades para respetar algunas medidas de higiene preventiva y de protección, como lavarse frecuentemente las manos (en particular, en los casos en que los lavabos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse adecuadamente las manos);  o ponerse mascarillas. 
  • Los obstáculos para acceder a información o mantener el distanciamiento social y el aislamiento, pues las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyo diario por parte del personal sanitario o de familiares y conocidos.  
  • Las personas con discapacidad también pueden sufrir de infecciones por COVID-19 más graves, por causa de afecciones preexistentes, imposibilidad o dificultad para acceder a servicios de atención de la salud, y finalmente interrupciones abruptas en los sistemas de apoyo de los cuales suelen beneficiarse.

Las personas migrantes con discapacidad presentan mayores vulnerabilidades frente a la COVID-19, pues estas situaciones pueden resultar aún más perjudiciales al coexistir con otras condiciones desfavorables, como falta de protección social, bajos niveles económicos, discriminación y exclusión social. 

Desde el exterior, es fácil poder identificar las discapacidades física y hacer un esfuerzo de comprensión de los retos que enfrenta la persona. Menos visibles son, sin embargo, otros tipos de retos con los cuales estas personas conviven, como la exclusión social y laboral, el estigma,la discriminación o los obstáculos que encuentran a la hora de acceder a la educación. Estos obstáculos son doblemente nocivos para las personas migrantes que viven con discapacidad.  

Por esta razón, es necesario estimular una conversación más amplia y activa acerca del tema, sobre todo ante una literatura aún carente sobre discapacidad, invitando a las instituciones, agencias y organizaciones a realizar más estudios que visibilicen el asunto y a liderar iniciativas, para que el marco legislativo que protege las personas con discapacidad pueda ser fortalecido, para que se discuta y se aporten soluciones y sobre todo para que el acceso a la salud sea garantizado a las  personas migrantes en situación de discapacidad.       

La inclusión social, económica y política de las personas en situación de discapacidad, si bien no figure directamente como Objetivo de Desarrollo Sostenible, es transversal a muchas de las metas de la Agenda 2030 y a su determinación a ‘no dejar a nadie atrás'. Desde la salud (ODS 3) hasta la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente (ODS 8) y la reducción de las desigualdad (ODS 10) entre otros: la Agenda 2030 sanciona nuestros compromisos para lograr el empoderamiento y la plena inclusión de personas -incluidas las personas migrantes- en situación de discapacidad.