9 claves para una Gobernanza Migratoria efectiva en el Caribe

Gobernanza en el Caribe

El Caribe ha sido testigo de múltiples olas de migración a lo largo de la historia. A nivel regional, el estancamiento económico, las oportunidades de trabajo limitadas y los desastres naturales como inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes y terremotos, han sido importantes detonantes en el Caribe, capaces de causar grandes flujos de migración imprevistos.

A pesar de que gobiernos y organizaciones internacionales, tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés), han contribuido a la promoción de la migración regular y segura, las necesidades de creación de capacidades, intercambio de conocimientos y recopilación de datos  migratorio -para nombrar algunos- siguen siendo un desafío. La región comparte varios problemas comunes de migración, por lo tanto, el éxito para superar estos problemas dependerá de la consistencia de los gobiernos caribeños para trabajar en colaboración para enfrentar los retos de la región.

Con el fin de maximizar estos esfuerzos, con el claro propósito de empoderar a los gobiernos, así como sus políticas y capacidades de gobernanza migratoria existentes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo el proyecto PACTA y financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desarrollaron el Informe Regional sobre la Gobernanza de la Migración de en los Estados Independientes del Commonwealth del Caribe. Un informe que presenta los antecedentes de diez países de la región, a través de evidencia y datos concretos, combinados con los insumos brindados por los diferentes actores de la región, para exponer una perspectiva más amplia sobre las oportunidades de mejora en la gobernanza y cooperación regional. Además, ofrece una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de la migración y maximizar sus beneficios económicos y de desarrollo.

El estudio reveló que, para implementar prácticas efectivas de gobernanza de la migración en estos países, los gobiernos deben:

  1. Recopilar datos sobre las tendencias de la migración intrarregional crecientes, así como información sobre poblaciones migrantes, tanto regulares como irregulares.
  2. Implementar un enfoque de migración integral, alineado con los estándares internacionales y las estrategias nacionales de desarrollo.
  3. Fortalecer la vigilancia costera para gestionar adecuadamente la migración irregular, mejorando la aplicación de estrategias en las áreas de gestión de fronteras, seguridad nacional y la protección de los migrantes en situaciones vulnerables.
  4. Recopilar datos sobre el impacto de los regímenes de movilidad, así como programas para obtener la ciudadanía a través de esquemas de inversión.
  5. Mejorar la acción colectiva sobre la gestión de desastres y el desarrollo de mecanismos más integrales para mitigar y gestionar las consecuencias de los desastres naturales.
  6. Fortalecer las leyes y protocolos relacionados con la lucha contra la trata y mejorar la capacidad para generar respuestas más eficaces, tomando en consideración que ninguno de los diez países ha ratificado todos los nueve tratados internacionales de derechos humanos fundamentales. Los países se verían beneficiados al ajustar su legislación para reflejar de manera consistente los principios básicos de los instrumentos internacionales, y al fortalecer los esfuerzos de cooperación regional, incluida la estandarización de protocolos y prácticas para abordar diversos temas relacionados con la migración.
  7. Adoptar mecanismos para garantizar el acceso de los migrantes a la atención médica, así como la mejora de los protocolos de detección en los puntos de cruce de frontera.
  8. Recopilar datos sobre la migración circular (migración repetitiva y temporal entre dos lugares) y la movilidad laboral, y el efecto de la migración en la oferta y demanda de trabajo.
  9. Revisar la legislación para garantizar el acceso universal a la educación de los niños migrantes en edad escolar obligatoria.

En el proceso de abordar estas brechas, es importante que los gobiernos, no solo realicen esfuerzos para mejorar los sistemas de gobernanza de la migración, si no que la comunidad internacional reconozca las complejidades de la subregión y comprenda la necesidad de adaptar los lineamientos y estructuras a las realidades de cada uno de estos Estados. La OIM espera colaborar con la región del Caribe para abordar las limitantes de sus capacidades y aprovechar el potencial que se destaca en este informe.

El Informe sobre la Gobernanza de la Migración en los Estados Independientes del Commonwealth del Caribe está disponible en el Portal de Migración del Caribe de la CMC en el siguiente enlace: http://cpmg.iom.int/migration-data-and-analysis

Para más información, por favor contactar: Brendan Tarnay, Coordinador del proyecto CMC: btarnay@iom.int  / Estela Aragón, Investigadora principal: earagon@iom.int

Sofía Cortes es la Encargada de Contenido Digital para la iniciativa del Caribbean Migration Consultations. Cuenta con más de 5 años de experiencia en las áreas de comunicación y mercadeo. Ha trabajado para agencias de publicidad como Havas Tribu y para organizaciones de Naciones Unidas como University for Peace, como Oficial de Comunicaciones. Es relacionista pública graduada de la Universidad Latina de Costa Rica y candidata a máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.  


Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres

Fortaleza en la diversidad: cómo la inclusión contribuye a la reducción del riesgo de desastres
Categoria: Emergencias y Acción Humanitaria
Autor: Autor Invitado

Los desastres debidos a peligros naturales tienen un alto costo para el bienestar y la seguridad de las personas, comunidades y países. Estos desastres tienden a verse exacerbados por el cambio climático y están aumentando en frecuencia e intensidad, lo que impide significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible, especialmente para los países más expuestos.

Es fundamental anticipar, planificar y reducir el riesgo de desastres para proteger de manera más efectiva a las personas, comunidades y países, sus medios de vida, salud, patrimonio cultural, activos socioeconómicos y ecosistemas, y así fortalecer su resiliencia.

Según un estudio reciente de la OIM sobre movilidad humana y la agenda climática en las Américas, los países de la región han avanzado en la integración de la movilidad humana en las políticas y planes nacionales y regionales para la reducción del riesgo de desastres, así como en otras áreas relacionadas, como cambio climático, planificación del desarrollo, política agrícola y vivienda.

Sin embargo, en muchos casos, las poblaciones más vulnerables son excluidas de contribuir a las políticas y planes de gestión del riesgo de desastres, sufriendo así de manera más desproporcionada cuando éstos ocurren.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que establece una serie de principios rectores para los Estados y otras partes interesadas en la reducción del riesgo de desastres, subraya la importancia de la gestión inclusiva en la reducción del riesgo de desastres: "Tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastres más amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del riesgo de desastres deben contemplar amenazas múltiples y ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces.”

Si bien los gobiernos tienen un papel principal y reglamentario que desempeñar, deben involucrarse con diferentes grupos, incluidos mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes, pueblos indígenas y otras comunidades a la hora de diseñar e implementar políticas, planes y estándares.

El marco señala las siguientes oportunidades:

  • Las personas migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades y sociedades y sus conocimientos, aptitudes y capacidades pueden ser de utilidad en el diseño y la aplicación de las medidas de reducción del riesgo de desastres;
  • Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de desastres y para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos específicos, teniendo en consideración, entre otras cosas, los principios del diseño universal;
  • Los niños, niñas y adolescentes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades para contribuir a la reducción del riesgo de desastres
  • La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten medidas de creación de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante los desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar medidos alternativos de vida en situaciones posteriores a los desastres;
  • Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una contribución importante al desarrollo y ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;
  • Las personas de edad tienen años de conocimientos, aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables para reducir el riesgo de desastres, y deben ser incluidas en el diseño de las políticas, planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana;

La inclusión de personas migrantes y otras comunidades también puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, avanzar una agenda integrada, fortalecer las redes locales y expandir la base de gobernanza de la migración y el cambio climático.

Para convertir estas palabras en acciones, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés) desarrolló una guía para implementar el Marco de Sendai, ofreciendo orientación práctica para ayudar a las autoridades gubernamentales a integrar el desplazamiento por desastres y otras formas relacionadas de movilidad humana en las estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel local y regional.

De manera similar, la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC por sus siglas en inglés) desarrolló una serie de Principios, Directrices y Prácticas para fortalecer la acción local, nacional, regional e internacional para proteger mejor a los migrantes en países que experimentan conflictos o desastres naturales. Las Directrices brindan recomendaciones sobre cómo la migración puede contribuir a la resiliencia, la recuperación y el bienestar de las comunidades y sociedades afectadas. Estos incluyen prácticas para la implementación, como el aprendizaje de migrante a migrante, planes de contingencia regionales y transfronterizos y sistemas de alerta de crisis.

Si bien los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones científicas y de investigación, las comunidades y las empresas pueden trabajar más estrechamente para crear oportunidades de colaboración, los derechos de los grupos vulnerables siempre deben contemplarse como parte de estrategias integrales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.