6 buenas prácticas de gestión migratoria en las ciudades

 

Para los Gobiernos centrales, la gestión de la migración responde a menudo a necesidades de registro, como gestores de los ingresos y egresos de personas en su territorio. Para las ciudades, es diferente;  pues en efecto no eligen quien entra a  su territorio, son más bien los migrantes son quienes las eligen como su lugar de destino. La falta de conciencia en las ciudades acerca  de la presencia e importancia de la población migrante en su territorio puede devenir en una pérdida de capital humano. Los aportes sociales, demográficos, económicos y culturales de los migrantes, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar los procesos de desarrollo urbano.

Se presentan a continuación 6 buenas prácticas llevadas a cabo en países de América latina y apoyadas por la OIM en su diseño y/o implementación. Todas estas permiten consolidar y reafirmar el papel de las ciudades en la gestión migratoria.

Buena práctica 1: Fomentar las oportunidades laborales de los jóvenes migrantes

El Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (2009-2012) fue una iniciativa del Gobierno costarricense, destinado a favorecer el acceso a oportunidades de trabajo de las personas jóvenes en el país, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas migrantes y entrenamiento para menores de edad). El programa desarrolló dos ejes, uno a nivel local y el otro en el ámbito nacional: 1) una ventanilla única de atención y orientación hacia servicios públicos relevantes; y 2) la promoción de políticas públicas y el fortalecimiento institucional. El programa contribuyó a mejorar la integración de jóvenes nicaragüenses en el mercado laboral costarricense, aumentó su visibilidad y empoderamiento, y fortaleció las instituciones municipales.

¿Por qué es una iniciativa relevante? En sus actividades, los municipios deben desarrollar políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, y que estas deben sustentar las decisiones y acciones políticas tanto a nivel central como local. Del cumplimiento de los derechos depende el acceso de la población a servicios públicos.

 

Buena práctica 2: Mejorar la acogida de migrantes y refugiados en la ciudad

El Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados de la Municipalidad de Quilicura, Chile, define líneas de intervención prioritarias y una política local específica para la acogida y reconocimiento de la población migrante y refugiada, respecto de los servicios del municipio en las áreas de trabajo, salud, educación y convivencia y hábitat. Se trata de la primera política local a favor de la atención a personas migrantes y refugiadas en Chile.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Es esencial para las administraciones locales lograr la integración social y económica de  sus habitantes.  El bienestar socioeconómico de los migrantes yace en el  acceso a servicios públicos de salud y educación, al agua y saneamiento, a una vivienda digna y al mercado laboral formal.

 

Buena práctica 3: Prestar asistencia a migrantes que buscan protección internacional

El Plan de Asistencia de Emergencia para Colombianos buscando Protección Internacional en Ecuador persigue mejorar el acceso a servicios públicos de los  migrantes colombianos, así como la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la sociedad civil a esta población. El programa  también busca proveer soluciones de emergencia efectivas que permitan integrar a las Personas en Búsqueda de Protección Internacional (PBPI) a la sociedad en sus respectivas  comunidades receptoras.

¿Por qué es una iniciativa relevante?  Las crisis en el mundo conllevan de manera creciente aspectos relacionados con la movilidad humana. Las ciudades pueden convertirse en receptoras de flujos migratorios derivados de choques medioambientales, políticos o económicos que pueden ejercer presiones inmedibles sobre su capacidad a prestar servicios y sus infraestructuras. A fin de optimizar su capacidad de resiliencia, es preciso que los municipios integren  y anticipen la migración en sus planes de urbanización.

 

Buena práctica 4: Prevención de la migración irregular de niños para evitar situaciones de vulnerabilidad en Guatemala

Dentro  del Programa Regional de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica, se inscribe un proyecto que atiende a niños retornados para fomentar su reintegración y sensibiliza a los jóvenes sobre los riesgos vinculados con la migración irregular, con base en varias herramientas como por ejemplo becas de educación y asistencia psicosocial post-retorno. Todas se destinan a mejorar las perspectivas socioeconómicas en los pueblos del departamento de San Marcos, Guatemala. Desincentivar la migración irregular permite en efecto fomentar el desarrollo local.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los municipios no tienen a su cargo la gestión de fronteras, sin embargo, desempeñan un papel importante para prevenir la migración irregular, informar a sus ciudadanos sobre los riesgos migratorios – en particular la vulnerabilidad ante la trata de personas -, y en la mitigación de potenciales problemas de salud pública, entre otros.

 

Buena práctica 5: Recolectar información mediante procesos consultivos

La Primera Consulta migrante de la comuna de Quilicura (Chile), llevada a cabo en 2015, tenía como objetivos: (1) contribuir al diseño de políticas más adecuadas al perfil y a las necesidades de los migrante, y (2) recolectar información sobre la población migrante y refugiada residente en la comuna de Quilicura, sus características y percepciones respecto a sus condiciones de vida en Chile. Con el involucramiento exitoso de las comunidades de migrantes de la comuna, se pudo diseñar su perfil con su ubicación geográfica y necesidades.

¿Por qué es una iniciativa relevante? Los Gobiernos – centrales o locales – deben contar con datos migratorios fiables y desglosados por sexo, edad, estatus migratorio; como se ha establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contar con estos datos permite identificar a las comunidades de inmigrantes, a personas en posible condición de vulnerabilidad y sus necesidades, así como a líderes comunitarios potenciales. Los datos, además de generar conciencia, incentivan la toma de decisiones y fomentan la priorización del tema migratorio en las políticas públicas.

 

Buena práctica 6: Promover la integración de la migración en la planificación urbana involucrando diferentes actores

MigraPlan es una metodología de intervención a nivel local apoyada por OIM y destinada a promover la integración de los derechos humanos y el involucramiento de actores sociales y comunidades en la planificación urbana de barrios. Además, busca reunir el mundo académico con los campos de acción, así como la participación activa de las comunidades de migrantes como actores centrales del desarrollo urbano, fomentando su empoderamiento. 

¿Por qué es una iniciativa relevante? La integración de las personas migrantes es una responsabilidad de las Alcaldías que debe ser apoyada por la toda la sociedad en las comunidades receptoras. A fin de lograr soluciones migratorias sostenibles en el tiempo y de fomentar una planificación urbana integral, es preciso que se conformen asociaciones alrededor de una institución coordinadora para involucrar una gran variedad de socios: administraciones públicas, sociedad civil, sector privado, comunidades de migrantes y organizaciones de las diásporas, entre otros.

 

 

Sobre la autora:

Samantha Subias es pasante en la sección de políticas regionales de la Oficina Regional para Centro, Norte América y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Samantha contribuye específicamente en el área de migraciones y ciudades. Es especialista en política internacional, graduada del Sciences Po Bordeaux (Francia) en relaciones internacionales y ciencias políticas. 

 


¿Cómo integrar una perspectiva de género en las políticas de migración?

Categoria: Gobernanza Migratoria
Autor: Jacinta Astles

En cada etapa del proceso migratorio de una persona, ya sea en el origen, tránsito, destino o retorno, es probable que esta reciba un trato diferente dependiendo de su identidad de género. Comprender la migración desde una perspectiva de género ofrece a los Estados herramientas para poder garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes de todas las identidades de género.

La integración de una perspectiva de género en las políticas asociadas a temas de migración es esencial, y estas se vinculan con la Agenda 2030 para el logro de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen, por ejemplo:

Objetivo 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Objetivo 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

A continuación, se mencionan algunos de los aportes importante en la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en materia de cómo se incorpora la perspectiva de género en herramientas vinculadas a políticas migratorias:

a. Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla): Este foro regional de consulta tiene el enfoque de género como un eje transversal, sin embargo, ha posicionado la realidad de las mujeres migrante en su agenda para el análisis y debate desde 2017. Los Países Miembros de esta conferencia cuentan una herramienta técnica que proporcionan recomendaciones claras y viables para los países de origen, tránsito, destino y regreso. Este documento es conocido como:  Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en Contexto de Migración, esta herramienta reconoce la necesidad de examinar cómo el género influye en las trayectorias migratorias para abordar las desigualdades. También explica cómo las políticas pueden adoptar una gama de perspectivas, como los derechos humanos, los enfoques intergeneracionales y de interseccionalidad, entre otros.

b. Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL): El impulso que está cobrando la feminización de la migración en la región, se refleja por ejemplo, en la aprobación reciente por parte del de la «Ley Marco Regional en materia de migraciones, con enfoque de Derechos Humanos», que contempla una referencia especial a mujeres, adolescentes y niñas migrantes. El documento se conoce como: Ley Marco Regional sobre Asuntos Migratorios con Enfoque en Derechos Humanos, publicado en agosto de 2019, proporciona pautas para promover una migración segura, ordenada y regular para las poblaciones que son particularmente vulnerables en América Central, el Caribe y México. Según esta ley Marco Regional, los gobiernos pueden abordar las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes a través de:

  • Protecciones legales y derechos

Esto incluye los mismos derechos que los nacionales, incluido el derecho a los servicios sociales y la educación.

  • Servicios públicos

Los servicios especializados son esenciales para garantizar el bienestar de las poblaciones migrantes, como la atención médica, la asistencia jurídica y los servicios psicológicos. La capacitación para las agencias de primera línea también ayuda a prevenir la revictimización y garantizar un apoyo adecuado para las víctimas de la violencia.

  • Gestión integral de la migración

Esto implica el desarrollo e implementación de estándares, planes, programas, estrategias e instrumentos de gestión que se adapten a las necesidades de diferentes grupos, incluidas las mujeres indígenas, las personas migrantes con discapacidades, las víctimas de la violencia de género, entre otros. Un enfoque coordinado entre las agencias gubernamentales y las autoridades puede garantizar la prevención, investigación y erradicación efectivas de formas específicas de discriminación y violencia dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes.

  • Investigación y recopilación de datos

Asegurar la recopilación de datos desglosados ​​por sexo, edad, etnia y otras características, así como estadísticas sobre género y migración que incluyen riesgos e impactos diferenciados permite respuestas políticas más efectivas. La investigación también debería examinar los impactos positivos de la migración en el desarrollo, incluida la contribución de las mujeres a las economías de sus países de origen y destino.

  • Campañas de comunicación

La información clara y confiable sobre los derechos humanos y los servicios para las mujeres migrantes es crucial para proporcionarles espacio para ejercer sus derechos.

“Mujer Migrante”, una iniciativa implementada en México, arroja luz sobre cómo las plataformas digitales pueden usarse para difundir información confiable a las mujeres migrantes. Este programa implicó la creación de una plataforma multimedia con información clave sobre temas tales como: procedimientos, servicios, programas de apoyo, salud, riesgos al migrar, consejos para adaptarse a un nuevo país, testimonios de trabajadores y manuales de atención a personas migrantes, entre muchos otros recursos. También incluyó una aplicación móvil a través de la cual las mujeres migrantes pueden enviar preguntas y ser dirigidas a la institución adecuada. Esto destaca cómo la utilidad de las tecnologías digitales, en combinación con un enfoque de integración de género, puede aprovecharse para aumentar la disponibilidad de información para las poblaciones migrantes.

La suposición de que todas las personas migrantes tienen la misma experiencia independientemente de su género ha hecho invisibles a las mujeres, las niñas y otras personas con diversas identidades de género desde una perspectiva política. Es importante reconocer que las mujeres migrantes pueden enfrentar una doble discriminación, como resultado de su género y su estatus migratorio. Esto puede verse exacerbado por otras formas de discriminación, como por motivos de raza, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otras. Las políticas de migración deben reconocer la agencia de las mujeres y tratar de alterar las estructuras de poder existentes, reduciendo así las desigualdades y haciendo una mayor variedad de oportunidades disponibles para las mujeres. Al comprender sus realidades y adaptar las respuestas en consecuencia, los Estados pueden promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas migrantes en la región.